¿En qué consiste el nuevo acuerdo que avanza entre Cuba y la Unión Europea?
Cuba y la Unión Europea revisan este lunes en La Habana la marcha de su Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC), un nuevo marco diplomático y comercial bilateral que marca "el mejor momento" de su relación, pero que se ve perturbado por presiones de Estados Unidos, que insiste en recrudecer las sanciones a la isla.
- AFP
El Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC), que Cuba y la Unión Europea (UE) revisan este lunes, es un nuevo marco diplomático y comercial bilateral, de relaciones plenas, que se contrapone, por su esencia, al embargo que Washington endurece sobre la isla.
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¿En qué consiste el acuerdo?
Cuba era el único país latinoamericano que carecía de un acuerdo de este tipo con la UE. Después de casi dos años de negociaciones, que debieron sortear temas espinosos como el de los derechos humanos, el acuerdo fue suscrito en La Habana en diciembre de 2016 y ratificado en Bruselas en noviembre del año siguiente.
Hasta la fecha fue ratificado por 24 de los 28 miembros, lo que no impide su aplicación en los ámbitos que son competencia del bloque en su conjunto, como los aspectos comerciales o la cooperación.
"La mayoría de sus cláusulas (...) están ya provisionalmente en vigor", y "está operativo en cuanto a sus disposiciones para la cooperación y el diálogo bilaterales entre Cuba y la UE", explicó a la AFP el académico Eduardo Perera, de la Universidad de La Habana.
Asimismo, sienta las bases de sus relaciones comerciales, conforme a lo estipulado en los Acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
¿Cómo quedaron los derechos humanos?
Los derechos humanos eran la cuestión central en la revocada Posición Común de 1996, que vinculó por años la cooperación bilateral a "mejoras" en este ámbito y en las libertades fundamentales. En 2003, los 28 llegaron a suspender temporalmente la cooperación con la isla tras el encarcelamiento de 75 disidentes, liberados posteriormente.
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La situación de los derechos humanos y las libertades políticas, temas prioritarios para la UE, fue uno de los escollos durante las conversaciones, que se solventó mediante la creación de un diálogo separado al respecto, iniciado en junio de 2015 en Bruselas.
Pese a las persistentes diferencias en este asunto, Cuba y la UE "mantienen un diálogo fructífero, constructivo y amplio", dijo la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, durante su anterior visita a la isla, en enero de 2018.
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¿Otro instrumento de defensa frente al embargo?
Perera afirma que el ADPC también "constituye una herramienta adicional de defensa de los intereses de la UE" ante el recrudecimiento por Estados Unidos del embargo que aplica contra la isla desde 1962.
El bloque aprobó una ley antídoto contra la Helms-Burton (la ley estadounidense que regula el embargo) y selló un pacto con Washington en 1997 sobre su aplicación, que Trump desconoció.
(Puede ver: Ni cruceros ni viajes educativos, Trump prohibió visitar Cuba)
Washington activó en mayo el título III de la ley Helms-Burton que permite demandar en tribunales estadounidenses a empresas extranjeras que gestionen bienes nacionalizados en Cuba por la revolución en la década de 1960 y amenaza con multas millonarias a las empresas europeas que operan en la isla.
La UE es el principal inversionista y socio comercial de la isla, y esto "genera intereses que deben ser defendidos", subrayó el académico.
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El Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC), que Cuba y la Unión Europea (UE) revisan este lunes, es un nuevo marco diplomático y comercial bilateral, de relaciones plenas, que se contrapone, por su esencia, al embargo que Washington endurece sobre la isla.
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¿En qué consiste el acuerdo?
Cuba era el único país latinoamericano que carecía de un acuerdo de este tipo con la UE. Después de casi dos años de negociaciones, que debieron sortear temas espinosos como el de los derechos humanos, el acuerdo fue suscrito en La Habana en diciembre de 2016 y ratificado en Bruselas en noviembre del año siguiente.
Hasta la fecha fue ratificado por 24 de los 28 miembros, lo que no impide su aplicación en los ámbitos que son competencia del bloque en su conjunto, como los aspectos comerciales o la cooperación.
"La mayoría de sus cláusulas (...) están ya provisionalmente en vigor", y "está operativo en cuanto a sus disposiciones para la cooperación y el diálogo bilaterales entre Cuba y la UE", explicó a la AFP el académico Eduardo Perera, de la Universidad de La Habana.
Asimismo, sienta las bases de sus relaciones comerciales, conforme a lo estipulado en los Acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
¿Cómo quedaron los derechos humanos?
Los derechos humanos eran la cuestión central en la revocada Posición Común de 1996, que vinculó por años la cooperación bilateral a "mejoras" en este ámbito y en las libertades fundamentales. En 2003, los 28 llegaron a suspender temporalmente la cooperación con la isla tras el encarcelamiento de 75 disidentes, liberados posteriormente.
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La situación de los derechos humanos y las libertades políticas, temas prioritarios para la UE, fue uno de los escollos durante las conversaciones, que se solventó mediante la creación de un diálogo separado al respecto, iniciado en junio de 2015 en Bruselas.
Pese a las persistentes diferencias en este asunto, Cuba y la UE "mantienen un diálogo fructífero, constructivo y amplio", dijo la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, durante su anterior visita a la isla, en enero de 2018.
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¿Otro instrumento de defensa frente al embargo?
Perera afirma que el ADPC también "constituye una herramienta adicional de defensa de los intereses de la UE" ante el recrudecimiento por Estados Unidos del embargo que aplica contra la isla desde 1962.
El bloque aprobó una ley antídoto contra la Helms-Burton (la ley estadounidense que regula el embargo) y selló un pacto con Washington en 1997 sobre su aplicación, que Trump desconoció.
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Washington activó en mayo el título III de la ley Helms-Burton que permite demandar en tribunales estadounidenses a empresas extranjeras que gestionen bienes nacionalizados en Cuba por la revolución en la década de 1960 y amenaza con multas millonarias a las empresas europeas que operan en la isla.
La UE es el principal inversionista y socio comercial de la isla, y esto "genera intereses que deben ser defendidos", subrayó el académico.
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