Entienda la crisis que alimenta la tensión entre Birmania y Bangladesh
La líder brimana, Aung San Suu Kyi, enfrenta una crisis que ha dejado 414 víctmas mortales y miles de desplazados.
Redacción Internacional/AFP/EFE
La crisis empezó cuando el Ejército de Salvación Rohinyá de Arakan (ARASA por sus siglas en inglés), un grupo armado ilegal, atacó varias comisarías el pasado 25 de agosto. El grupo armado terminó desplazando a miles de personas pertenecientes a la etnia musulmana que dice defender y tienen a Bangladesh al borde de una crisis humanitaria.
Bangladesh, que ya refugiaba en sus campamentos a unos 400.000 rohinyás, vio como el rítmo de llegadas se empezó a acelerar, al punto en que durante las últimas 24 horas, 37.000 personas cruzaron la frontera para completar el total de 126.300 que han llegado al país desde que estalló la crisis.
(Le puede interesar: Rohinyás, la vida como clandestinos tras sobrevivir a la trata de personas)
"La gente está en campos de refugiados, en las carreteras, en los patios de las escuelas e incluso fuera. Están sacando maleza para crear nuevos refugios. El agua y la comida empezarán a escasear", dice el informe de que Naciones Unidas preparó sobre los hechos.
En Birmania, los rohinyás son considerados inmigrantes ilegales han sido perseguidos durante años. Por su parte, Bangladesh ha concedido estatus de refugiado a unos 32.000.
Según testimonios recogidos por la agencia AFP, las autoridades respondieron birmanas habrían respondido a los ataques de agosto con asesinatos masivos y destrucción de pueblos.
A raíz de la crisis, el Gobierno de Bangladesh presentó hoy una protesta ante el representante de Birmania en este país. Bangladesh le exige a su vecino que reduzca la violencia en el estado de Rakhine, al noroeste del país y de donde viene la inmensa mayoría de los refugiados. También hizo un llamado para que se tomen medidas con el fin de que los rohinyás puedan regresar.
Según un comunicado del Ministerio de Exteriores bangladeshí, el Gobierno de Sheikh Hasina expresó "gran preocupación" por la entrada "sin precedentes" de decenas de miles de miembros de la minoría musulmana que además están expuestas a activar las minas que demarcan la frontera entre ambos países.
En su protesta, Bangladesh lamentó que "no se hayan asegurado medidas apropiadas de protección de la población civil durante la operación militar que ha forzado a un gran número de personas desesperadas a buscar refugio en Bangladesh".
(Lea también: Supervivientes del tráfico humano relatan su aterradora odisea hacia Malasia)
Agregó que su presencia en el país es una "carga adicional insoportable" para Bangladesh que ya alberga, dijo, a alrededor de medio millón de rohinyás
La líder de Birmania, la premio nobel de paz, Aung San Suu Kyi denunció la "desinformación" que según ella ha imperado durante la crisis.
Según la transcripción oficial de la conversación que mantuvo con el presidente turco, Suu Kyi afirmó que “protegerá” los derechos de “todas las personas”.
“Sabemos muy bien, mejor que la mayoría, lo que significa la privación de los derechos humanos y la protección democrática. Nos aseguraremos de que todas las personas del país sean protegidas, así como sus derechos a la defensa humanitaria, social y política”, dijo la mandataria que durante años estuvo en prisión por luchar por la democratización de su país. Hoy, con una cifra estimada de 414 víctimas mortales no le paran de llover críticas.
La crisis empezó cuando el Ejército de Salvación Rohinyá de Arakan (ARASA por sus siglas en inglés), un grupo armado ilegal, atacó varias comisarías el pasado 25 de agosto. El grupo armado terminó desplazando a miles de personas pertenecientes a la etnia musulmana que dice defender y tienen a Bangladesh al borde de una crisis humanitaria.
Bangladesh, que ya refugiaba en sus campamentos a unos 400.000 rohinyás, vio como el rítmo de llegadas se empezó a acelerar, al punto en que durante las últimas 24 horas, 37.000 personas cruzaron la frontera para completar el total de 126.300 que han llegado al país desde que estalló la crisis.
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"La gente está en campos de refugiados, en las carreteras, en los patios de las escuelas e incluso fuera. Están sacando maleza para crear nuevos refugios. El agua y la comida empezarán a escasear", dice el informe de que Naciones Unidas preparó sobre los hechos.
En Birmania, los rohinyás son considerados inmigrantes ilegales han sido perseguidos durante años. Por su parte, Bangladesh ha concedido estatus de refugiado a unos 32.000.
Según testimonios recogidos por la agencia AFP, las autoridades respondieron birmanas habrían respondido a los ataques de agosto con asesinatos masivos y destrucción de pueblos.
A raíz de la crisis, el Gobierno de Bangladesh presentó hoy una protesta ante el representante de Birmania en este país. Bangladesh le exige a su vecino que reduzca la violencia en el estado de Rakhine, al noroeste del país y de donde viene la inmensa mayoría de los refugiados. También hizo un llamado para que se tomen medidas con el fin de que los rohinyás puedan regresar.
Según un comunicado del Ministerio de Exteriores bangladeshí, el Gobierno de Sheikh Hasina expresó "gran preocupación" por la entrada "sin precedentes" de decenas de miles de miembros de la minoría musulmana que además están expuestas a activar las minas que demarcan la frontera entre ambos países.
En su protesta, Bangladesh lamentó que "no se hayan asegurado medidas apropiadas de protección de la población civil durante la operación militar que ha forzado a un gran número de personas desesperadas a buscar refugio en Bangladesh".
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Agregó que su presencia en el país es una "carga adicional insoportable" para Bangladesh que ya alberga, dijo, a alrededor de medio millón de rohinyás
La líder de Birmania, la premio nobel de paz, Aung San Suu Kyi denunció la "desinformación" que según ella ha imperado durante la crisis.
Según la transcripción oficial de la conversación que mantuvo con el presidente turco, Suu Kyi afirmó que “protegerá” los derechos de “todas las personas”.
“Sabemos muy bien, mejor que la mayoría, lo que significa la privación de los derechos humanos y la protección democrática. Nos aseguraremos de que todas las personas del país sean protegidas, así como sus derechos a la defensa humanitaria, social y política”, dijo la mandataria que durante años estuvo en prisión por luchar por la democratización de su país. Hoy, con una cifra estimada de 414 víctimas mortales no le paran de llover críticas.