Entre diálogo y violencia

Tres puntos trancan el juego en este llamado al diálogo por la inseguridad promovido desde el Gobierno. Cómo enfrentar a las bandas armadas que operan desde las barriadas y el control de los motorizados. Pero un tercer punto ni siquiera ha entrado en la agenda, el de los colectivos armados del Gobierno, que esta semana han causado tres asesinatos y 37 heridos de bala, al atacar manifestaciones estudiantiles, a la vista de las propias fuerzas oficiales.

Mientras se debate en cómo abordar la crisis de inseguridad, los números de enero indican que la violencia sigue en ascenso y la Misión Paz y Vida parece quedar sólo para la promoción. Al mismo tiempo, la violencia política se suma con mayor fuerza a la situación de inseguridad que, justamente, ha motivado las movilizaciones masivas ocurridas a nivel nacional.

Había que llegar a 24.700 muertes violentas en 2013 para que, por primera vez en 15 años de gobierno revolucionario, las autoridades se hayan sentado con los diversos entes para hacer planes, escuchar a todas las partes, abrir los canales a la coordinación e intentar apartar la política en esa materia.

Es posible que los recientes acontecimientos en los que colectivos y fuerzas policiales han reprimido y disparado armas letales contra manifestantes y la persecución política derivada de ellas con 125 estudiantes detenidos y ningún pistolero hasta ahora, puedan trancar algunos de los posibles acuerdos en materia de inseguridad. Desde ambos bandos, algunos funcionarios intentan mirar a distancia el conflicto político y se esfuerzan por mantener las coordinaciones logradas en este corto tiempo.

De lado y lado se ha visto con desconfianza que gobernadores y alcaldes de la oposición se sienten con el Gobierno, pero ese solo hecho abrió una rendija a un conflicto armado que ha colocado a Venezuela como uno de los países con mayor violencia en el mundo, sostiene Manuel Targin, experto en seguridad y director de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de Baruta, quien lleva 22 años lidiando con el tema de la seguridad ciudadana.

Como participante en tan novedoso diálogo, Targin aprecia que hay una apertura comunicacional como nunca antes había ocurrido. Reconoce que han encontrado respeto entre los colegas especializados en seguridad. Hasta el momento, quienes participan desde el gobierno han optado por mantener abiertas las compuertas a la coordinación, despojándose por el momento de las gorras que los colocan en bandos enemigos.

Por ejemplo, comenta el comisionado de Baruta, el comandante del Comando Estratégico Operacional de la zona que corresponde a Baruta y El Hatillo, que está en la Base Francisco de Miranda, “en mi vida me hubiese enterado o sabido de que eso existía. El general vino al comando en Baruta y nos sentamos a conversar, se puso a la orden, intercambiamos teléfonos, para cualquier coordinación con la Base Aérea. Igualmente ocurre con la comandancia del CORE 5, con los cuales estamos trabajando a diario, la comunicación es fluida y permanente, de apoyo y respeto”.

A su juicio, “les quitaron a ellos, mas que a nosotros, aquella restricción de mezclarse con nosotros. Algo así como: ‘ahora sí pueden mezclarse, que no van a ser sancionados’. Tengo 22 años en estas actividades y muchos amigos y conocidos que trabajan de aquel lado. Hace tres meses, cuando uno los llamaba te decían: ‘bueno, vente pero no vengas uniformado’ o ‘nos vemos en otro sitio, yo te doy la información que requieres pero nos vemos en otro lado porque puedo perder el ascenso o me acusan de que soy un infiltrado’. Pero ahora el ministro parece haber dado la orden de una total apertura”.

Cuando en agosto de 2013 fueron aprobados 200 millones de bolívares para apoyar las actividades de la llamada Misión de Paz y Vida, el designado, secretario ejecutivo de esa misión, José Vicente Rangel Ávalos, aseguró haber hecho contacto con 280 bandas que agrupaban a unos 10 mil muchachos que, según dijo, querían cambiar de vida. En el balance presentado por Rangel seis meses después, indicó que 26 jóvenes fueron llevados a Cuba para ser rehabilitados.

Rangel seguía una política dictada por el Gobierno, de abrir un diálogo con las bandas armadas a fin de crear “zonas de paz”.

Maduro propuso un armisticio a las bandas armadas en agosto de 2013, durante la inauguración de la Universidad Experimental de la Seguridad. “Les vuelvo a tender la mano para que vengan a incorporarse al estudio, al trabajo, al deporte. Les tiendo la mano y les planteo un armisticio, un pacto de paz a partir de la Ley Desarme y a partir del Movimiento por la Paz y la Vida, para que vayamos liberando territorio”.

En noviembre del mismo año, Maduro insistió en el tema: “Tiene que acabarse la violencia, comunidad entregada comunidad en paz y en la comunidad debe contribuir a eso desde adentro, el que tenga un arma que la entregue y se deje de eso, acepten la ayuda que les estamos dando para que estudien y trabajen. Ya basta, no puede haber bandas armadas en la Gran Misión Vivienda, en los nuevos urbanismos, tenemos que ser constructores de la paz”.

El 9 de enero, luego del conmovedor asesinato de Mónica Spear y su esposo, Maduro insistió en hacer un llamado a quienes pertenecen a las bandas armadas, a dejar la vida criminal y a unirse a la pacificación del país.

La muerte en Ocumare del Tuy de tres miembros de la banda los Orejones, en un presunto enfrentamiento con miembros del Cicpc a finales de enero, desató una arremetida de esta banda en contra de la policía del municipio, el Cicpc y la PNB, que duró varios días.

Sobre este episodio, que mantuvo a la población sitiada cuatro días, Maduro expresó: “Salió una banda a retar al Estado. Les recomiendo que no lo hagan. Les estoy haciendo un llamado a entregar las armas y a la paz; cuidadito, llamo al pueblo, no aceptemos que una banda armada esté retando al Estado y a la sociedad, no lo acepto”.

Como fue informado, Fernandito uno de los líderes abatidos, pertenecía a la Misión Vida y Paz, en el Municipio Lander, donde los Orejones y otras bandas estaban incorporadas al plan de pacificación del Gobierno:

“Desde Caracas giraron instrucciones precisas: en las zonas de paz no hay procedimientos hasta nuevo aviso. Nosotros lo único que estamos haciendo es recoger los cadáveres y abrir administrativamente las averiguaciones, sin investigar”, expresó un funcionario del Cicpc, quien pidió no ser identificado por temor de ser sancionado”, escribía la reportera Thábata Molina, de El Universal.

“El día de la toma esos hombres pasaron en motos, con sus fusiles en mano, y gritaban ‘cierren esa mierda’. De inmediato todo el mundo cerró los locales, pero no entendíamos qué pasaba. Se metieron a los colegios y obligaron a los profesores a mandar a los niños a sus casas y les decían: ‘si no lo hacen, aténganse a las consecuencias’”, contó Manuel Villegas, comerciante del centro del municipio Tomás Lander, a El Universal.

Para Manuel Targin, esa política de negociación ha fracasado. A su juicio, contra ellas es necesario hacer un esquema de búsqueda de las mismas mediante una política de alto nivel gubernamental en el que se utilicen fuerzas especiales ya que ni las policías municipales ni las estatales tienen capacidad para enfrentar bandas de este tipo. En las reuniones se sugirió que el Cicpc y sus grupos especiales, los comandos de la GNB y del Sebin mas la PNB, que tiene un grupo de intervención especializado para ese tipo de actuaciones, integren comandos de búsqueda para enfrentarlas. Esas bandas en su mayoría están identificadas. Lo que hay que hacer es entrar en la fase de búsqueda.

Tres puntos trancan el juego en este llamado al diálogo por la inseguridad promovido desde el Gobierno. Cómo enfrentar a las bandas armadas que operan desde las barriadas y el control de los motorizados. Pero un tercer punto ni siquiera ha entrado en la agenda, el de los colectivos armados del Gobierno, que esta semana han causado tres asesinatos y 37 heridos de bala, al atacar manifestaciones estudiantiles, a la vista de las propias fuerzas oficiales.

Mientras se debate en cómo abordar la crisis de inseguridad, los números de enero indican que la violencia sigue en ascenso y la Misión Paz y Vida parece quedar sólo para la promoción. Al mismo tiempo, la violencia política se suma con mayor fuerza a la situación de inseguridad que, justamente, ha motivado las movilizaciones masivas ocurridas a nivel nacional.

Había que llegar a 24.700 muertes violentas en 2013 para que, por primera vez en 15 años de gobierno revolucionario, las autoridades se hayan sentado con los diversos entes para hacer planes, escuchar a todas las partes, abrir los canales a la coordinación e intentar apartar la política en esa materia.

Es posible que los recientes acontecimientos en los que colectivos y fuerzas policiales han reprimido y disparado armas letales contra manifestantes y la persecución política derivada de ellas con 125 estudiantes detenidos y ningún pistolero hasta ahora, puedan trancar algunos de los posibles acuerdos en materia de inseguridad. Desde ambos bandos, algunos funcionarios intentan mirar a distancia el conflicto político y se esfuerzan por mantener las coordinaciones logradas en este corto tiempo.

De lado y lado se ha visto con desconfianza que gobernadores y alcaldes de la oposición se sienten con el Gobierno, pero ese solo hecho abrió una rendija a un conflicto armado que ha colocado a Venezuela como uno de los países con mayor violencia en el mundo, sostiene Manuel Targin, experto en seguridad y director de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de Baruta, quien lleva 22 años lidiando con el tema de la seguridad ciudadana.

Como participante en tan novedoso diálogo, Targin aprecia que hay una apertura comunicacional como nunca antes había ocurrido. Reconoce que han encontrado respeto entre los colegas especializados en seguridad. Hasta el momento, quienes participan desde el gobierno han optado por mantener abiertas las compuertas a la coordinación, despojándose por el momento de las gorras que los colocan en bandos enemigos.

Por ejemplo, comenta el comisionado de Baruta, el comandante del Comando Estratégico Operacional de la zona que corresponde a Baruta y El Hatillo, que está en la Base Francisco de Miranda, “en mi vida me hubiese enterado o sabido de que eso existía. El general vino al comando en Baruta y nos sentamos a conversar, se puso a la orden, intercambiamos teléfonos, para cualquier coordinación con la Base Aérea. Igualmente ocurre con la comandancia del CORE 5, con los cuales estamos trabajando a diario, la comunicación es fluida y permanente, de apoyo y respeto”.

A su juicio, “les quitaron a ellos, mas que a nosotros, aquella restricción de mezclarse con nosotros. Algo así como: ‘ahora sí pueden mezclarse, que no van a ser sancionados’. Tengo 22 años en estas actividades y muchos amigos y conocidos que trabajan de aquel lado. Hace tres meses, cuando uno los llamaba te decían: ‘bueno, vente pero no vengas uniformado’ o ‘nos vemos en otro sitio, yo te doy la información que requieres pero nos vemos en otro lado porque puedo perder el ascenso o me acusan de que soy un infiltrado’. Pero ahora el ministro parece haber dado la orden de una total apertura”.

Cuando en agosto de 2013 fueron aprobados 200 millones de bolívares para apoyar las actividades de la llamada Misión de Paz y Vida, el designado, secretario ejecutivo de esa misión, José Vicente Rangel Ávalos, aseguró haber hecho contacto con 280 bandas que agrupaban a unos 10 mil muchachos que, según dijo, querían cambiar de vida. En el balance presentado por Rangel seis meses después, indicó que 26 jóvenes fueron llevados a Cuba para ser rehabilitados.

Rangel seguía una política dictada por el Gobierno, de abrir un diálogo con las bandas armadas a fin de crear “zonas de paz”.

Maduro propuso un armisticio a las bandas armadas en agosto de 2013, durante la inauguración de la Universidad Experimental de la Seguridad. “Les vuelvo a tender la mano para que vengan a incorporarse al estudio, al trabajo, al deporte. Les tiendo la mano y les planteo un armisticio, un pacto de paz a partir de la Ley Desarme y a partir del Movimiento por la Paz y la Vida, para que vayamos liberando territorio”.

En noviembre del mismo año, Maduro insistió en el tema: “Tiene que acabarse la violencia, comunidad entregada comunidad en paz y en la comunidad debe contribuir a eso desde adentro, el que tenga un arma que la entregue y se deje de eso, acepten la ayuda que les estamos dando para que estudien y trabajen. Ya basta, no puede haber bandas armadas en la Gran Misión Vivienda, en los nuevos urbanismos, tenemos que ser constructores de la paz”.

El 9 de enero, luego del conmovedor asesinato de Mónica Spear y su esposo, Maduro insistió en hacer un llamado a quienes pertenecen a las bandas armadas, a dejar la vida criminal y a unirse a la pacificación del país.

La muerte en Ocumare del Tuy de tres miembros de la banda los Orejones, en un presunto enfrentamiento con miembros del Cicpc a finales de enero, desató una arremetida de esta banda en contra de la policía del municipio, el Cicpc y la PNB, que duró varios días.

Sobre este episodio, que mantuvo a la población sitiada cuatro días, Maduro expresó: “Salió una banda a retar al Estado. Les recomiendo que no lo hagan. Les estoy haciendo un llamado a entregar las armas y a la paz; cuidadito, llamo al pueblo, no aceptemos que una banda armada esté retando al Estado y a la sociedad, no lo acepto”.

Como fue informado, Fernandito uno de los líderes abatidos, pertenecía a la Misión Vida y Paz, en el Municipio Lander, donde los Orejones y otras bandas estaban incorporadas al plan de pacificación del Gobierno:

“Desde Caracas giraron instrucciones precisas: en las zonas de paz no hay procedimientos hasta nuevo aviso. Nosotros lo único que estamos haciendo es recoger los cadáveres y abrir administrativamente las averiguaciones, sin investigar”, expresó un funcionario del Cicpc, quien pidió no ser identificado por temor de ser sancionado”, escribía la reportera Thábata Molina, de El Universal.

“El día de la toma esos hombres pasaron en motos, con sus fusiles en mano, y gritaban ‘cierren esa mierda’. De inmediato todo el mundo cerró los locales, pero no entendíamos qué pasaba. Se metieron a los colegios y obligaron a los profesores a mandar a los niños a sus casas y les decían: ‘si no lo hacen, aténganse a las consecuencias’”, contó Manuel Villegas, comerciante del centro del municipio Tomás Lander, a El Universal.

Para Manuel Targin, esa política de negociación ha fracasado. A su juicio, contra ellas es necesario hacer un esquema de búsqueda de las mismas mediante una política de alto nivel gubernamental en el que se utilicen fuerzas especiales ya que ni las policías municipales ni las estatales tienen capacidad para enfrentar bandas de este tipo. En las reuniones se sugirió que el Cicpc y sus grupos especiales, los comandos de la GNB y del Sebin mas la PNB, que tiene un grupo de intervención especializado para ese tipo de actuaciones, integren comandos de búsqueda para enfrentarlas. Esas bandas en su mayoría están identificadas. Lo que hay que hacer es entrar en la fase de búsqueda.