Entre la agonía y la muerte

La pena de muerte es rechazada por la mayoría de las democracias en el mundo. Estados Unidos, sin embargo, es el único país en el hemisferio occidental que aplica ejecuciones de esta pena. Otras naciones americanas que la contemplan en su sistema penal han aplicado una moratoria en su aplicación. La ejecución fallida de Clayton Lockett, el 29 de abril en Oklahoma, y ahora la posible ejecución de Russell Bucklew, en Missouri, despertaron el debate sobre la contradicción entre la pena capital y el respeto a los derechos humanos en el país norteamericano.

El martes, todo estaba listo para que ejecutaran a Russell Bucklew, a pesar de que sus abogados afirmaban que la inyección letal le causaría un dolor insoportable, debido a que sufre de tumores vasculares en el cuello. Cheryl Pilate, defensora del condenado, dijo que los fármacos de la inyección letal podrían no circular bien por las venas del preso y provocarle una agonía inmensa, lo que iría contra el mandato constitucional que prohíbe los castigos crueles.

Los abogados solicitaron que la ejecución se suspendiera o que fuera grabada, para recolectar evidencias que soportaran el caso que presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ese mismo martes, la Comisión otorgó medidas cautelares para Bucklew, pidiendo al Estado suspender la ejecución mientras se tomaba una decisión sobre el fondo del asunto. Sin embargo, un juez determinó que la ejecución tenía que realizarse. Bucklew debía morir a las 12 m. del miércoles, aunque le doliera mucho.

A última hora intervino la Corte Suprema de EE.UU. y pidió suspender la ejecución durante 60 días. Según Antonio Ginatta, director de defensa para el programa de EE.UU. de Human Rights Watch (HRW), “parece que Bucklew presentó pruebas de su condición médica que señalaron a la Corte de apelación que existía un riesgo serio de que la ejecución sobrepase los limites aceptables de sufrimiento”. El aplazamiento no es un alivio para Bucklew ni para sus abogados, ni para las organizaciones que piden el fin de la pena capital, no sólo en este sino en todos los casos.

¿La aplicación de la pena de muerte debe considerarse una tortura? Para Ginatta, la respuesta está en la ejecución de Clayton Lockett. “Esa ejecución requería tres inyecciones, la primera era para sedarlo y matar el dolor, la segunda y tercera para parar la respiración y el corazón. Falló la primera, pero siguieron con las otras. Lockett luchó contra el dolor, habló cuando debía estar inconsciente y dijo que algo andaba mal. Se murió después de 40 minutos de esta lucha, por un ataque cardíaco masivo. Si eso no es tortura, no sé lo que es”.

Los errores en las ejecuciones son comunes, dice Ginatta. “No existe una forma perfecta de matar a alguien sin el riesgo de una ejecución como la de Lockett o Dennis McGuire (otro preso  que también habría agonizado durante su ejecución en enero, que fue más larga de lo normal). Nos oponemos a la pena de muerte en todos los casos: la dignidad de la persona no es compatible con este castigo, único por su crueldad e irreversibilidad”.

Después de la trágica ejecución de Lockett, el presidente de EE.UU., Barack Obama, definió el caso como “preocupante” y ordenó al secretario de Justicia, Eric Holder, revisar los métodos de ejecución que se están aplicando. Además, el jefe de Estado admitió que la aplicación de la pena de muerte en su país es problemática y que existen pruebas sobre prejuicios raciales y casos en que condenados a pena de muerte resultaron ser inocentes.

En EE.UU., 18 estados y el Distrito de Columbia han abolido la pena de muerte y otros han impuesto una moratoria a su aplicación. Sin embargo, en los 32 donde aún se aplica hay muchos misterios por resolver.

Uno de ellos es relativo a los fármacos. Los estados que mantienen la pena de muerte en EE.UU. han empleado tres inyecciones letales diferentes durante las últimas décadas, pero las empresas farmacéuticas han dejado de vender esas drogas en los últimos años. Los fabricantes europeos se han negado a proveer el anestésico más común, el pentobarbital, para ejecuciones humanas.

Según la CIDH, en varios estados, entre ellos Oklahoma, el tipo de fármacos utilizados, así como su fuente, no están en el dominio público. Además, dado que la escasez ha dificultado la obtención de las drogas utilizadas en las inyecciones letales, algunos estados recurren a fuentes desconocidas, en particular a farmacias de compuestos. En algunos estados también es secreto el protocolo de ejecución por inyección letal.

“Lo que me preocupa con los estados que siguen usando la pena de muerte es que esconden los fármacos usados y su origen. Es difícil probar en una corte que una ejecución no va a seguir el proceso indicado por la ley por razón de la calidad de los fármacos. La Corte Suprema de Georgia aprobó recientemente la ley que prohíbe divulgar información sobre los fármacos usados en ejecuciones. Esta es una decisión peligrosa que no es compatible con el derecho a saber que alguien no va a ser sometido a un tratamiento cruel o a la tortura”, dice Ginatta.

dsalgar@elespectador.com

@DanielSalgar1

La pena de muerte es rechazada por la mayoría de las democracias en el mundo. Estados Unidos, sin embargo, es el único país en el hemisferio occidental que aplica ejecuciones de esta pena. Otras naciones americanas que la contemplan en su sistema penal han aplicado una moratoria en su aplicación. La ejecución fallida de Clayton Lockett, el 29 de abril en Oklahoma, y ahora la posible ejecución de Russell Bucklew, en Missouri, despertaron el debate sobre la contradicción entre la pena capital y el respeto a los derechos humanos en el país norteamericano.

El martes, todo estaba listo para que ejecutaran a Russell Bucklew, a pesar de que sus abogados afirmaban que la inyección letal le causaría un dolor insoportable, debido a que sufre de tumores vasculares en el cuello. Cheryl Pilate, defensora del condenado, dijo que los fármacos de la inyección letal podrían no circular bien por las venas del preso y provocarle una agonía inmensa, lo que iría contra el mandato constitucional que prohíbe los castigos crueles.

Los abogados solicitaron que la ejecución se suspendiera o que fuera grabada, para recolectar evidencias que soportaran el caso que presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ese mismo martes, la Comisión otorgó medidas cautelares para Bucklew, pidiendo al Estado suspender la ejecución mientras se tomaba una decisión sobre el fondo del asunto. Sin embargo, un juez determinó que la ejecución tenía que realizarse. Bucklew debía morir a las 12 m. del miércoles, aunque le doliera mucho.

A última hora intervino la Corte Suprema de EE.UU. y pidió suspender la ejecución durante 60 días. Según Antonio Ginatta, director de defensa para el programa de EE.UU. de Human Rights Watch (HRW), “parece que Bucklew presentó pruebas de su condición médica que señalaron a la Corte de apelación que existía un riesgo serio de que la ejecución sobrepase los limites aceptables de sufrimiento”. El aplazamiento no es un alivio para Bucklew ni para sus abogados, ni para las organizaciones que piden el fin de la pena capital, no sólo en este sino en todos los casos.

¿La aplicación de la pena de muerte debe considerarse una tortura? Para Ginatta, la respuesta está en la ejecución de Clayton Lockett. “Esa ejecución requería tres inyecciones, la primera era para sedarlo y matar el dolor, la segunda y tercera para parar la respiración y el corazón. Falló la primera, pero siguieron con las otras. Lockett luchó contra el dolor, habló cuando debía estar inconsciente y dijo que algo andaba mal. Se murió después de 40 minutos de esta lucha, por un ataque cardíaco masivo. Si eso no es tortura, no sé lo que es”.

Los errores en las ejecuciones son comunes, dice Ginatta. “No existe una forma perfecta de matar a alguien sin el riesgo de una ejecución como la de Lockett o Dennis McGuire (otro preso  que también habría agonizado durante su ejecución en enero, que fue más larga de lo normal). Nos oponemos a la pena de muerte en todos los casos: la dignidad de la persona no es compatible con este castigo, único por su crueldad e irreversibilidad”.

Después de la trágica ejecución de Lockett, el presidente de EE.UU., Barack Obama, definió el caso como “preocupante” y ordenó al secretario de Justicia, Eric Holder, revisar los métodos de ejecución que se están aplicando. Además, el jefe de Estado admitió que la aplicación de la pena de muerte en su país es problemática y que existen pruebas sobre prejuicios raciales y casos en que condenados a pena de muerte resultaron ser inocentes.

En EE.UU., 18 estados y el Distrito de Columbia han abolido la pena de muerte y otros han impuesto una moratoria a su aplicación. Sin embargo, en los 32 donde aún se aplica hay muchos misterios por resolver.

Uno de ellos es relativo a los fármacos. Los estados que mantienen la pena de muerte en EE.UU. han empleado tres inyecciones letales diferentes durante las últimas décadas, pero las empresas farmacéuticas han dejado de vender esas drogas en los últimos años. Los fabricantes europeos se han negado a proveer el anestésico más común, el pentobarbital, para ejecuciones humanas.

Según la CIDH, en varios estados, entre ellos Oklahoma, el tipo de fármacos utilizados, así como su fuente, no están en el dominio público. Además, dado que la escasez ha dificultado la obtención de las drogas utilizadas en las inyecciones letales, algunos estados recurren a fuentes desconocidas, en particular a farmacias de compuestos. En algunos estados también es secreto el protocolo de ejecución por inyección letal.

“Lo que me preocupa con los estados que siguen usando la pena de muerte es que esconden los fármacos usados y su origen. Es difícil probar en una corte que una ejecución no va a seguir el proceso indicado por la ley por razón de la calidad de los fármacos. La Corte Suprema de Georgia aprobó recientemente la ley que prohíbe divulgar información sobre los fármacos usados en ejecuciones. Esta es una decisión peligrosa que no es compatible con el derecho a saber que alguien no va a ser sometido a un tratamiento cruel o a la tortura”, dice Ginatta.

dsalgar@elespectador.com

@DanielSalgar1