Esclavos chinos para plantar marihuana, ¿una mina de oro en España?

Hace dos semanas, las autoridades de un municipio cercano a Valencia liberaron a cinco personas chinas que habían sido encerradas bajo llave para cuidar una plantación de marihuana cubierta, impidiéndoles ver el sol o salir un momento a tomar aire. Dos de ellos aseguraron que antes de llegar a Europa se dedicaban a sembrar arroz en el condado de Pingnan (China) y que fue a raíz de un anuncio en Facebook, que solicitaba a “un jardinero para cuidar plantas”, que decidieron emprender su salida del país.

El problema es que no se trata de un solo caso, sino que se ha convertido en algo sistemático. El pasado 25 de abril liberaron a otras 21 personas, 12 de ellas chinas y las otras nueve vietnamitas, que fueron esclavizadas para cultivar la planta en enormes bodegas en provincias de Valencia, Zamora y Jaén, entre otras. El operativo dejó la captura de 24 personas involucradas en el negocio y la incautación de 1.830 kilos de marihuana listos para exportar.

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Estas mafias se dedican a prometer trabajos decentes, con buen sueldo, para luego quitarles el pasaporte a las personas que caigan en la estafa y obligarlas a realizar el trabajo con una retribución miserable. Uno de los testimonios consultados por el diario “El Mundo” señaló que inicialmente trabajaba en un almacén en Marsella (Francia). La primera oferta fue de 1.300 euros mensuales, que al final terminaron siendo 400. Fue en ese momento cuando vio el anuncio en Facebook y llegó a al municipio de Guadalajara (España), donde lo encerraron y le quitaron su pasaporte con la excusa de que iban a arreglarle los papeles.

El periódico español El Mundo localizó a un empresario chino que lleva más de siete años en Madrid y que se dedicaba a este tipo de negocio. “Junto con otro amigo, alquiló varias fincas en Extremadura y Guadalajara, donde cultivaba marihuana en invernaderos que luego vendía en Francia e Inglaterra. Tenía explotados a varios campesinos pobres de China y de Vietnam para que mantuvieran el cultivo. La Policía descubrió a su compañero y él consiguió quitarse de en medio y salir indemne porque no encontraron pruebas que lo vincularan”, aseguró un exsocio del empresario.

(Ver más: Fiebre del cannabis llega a las bolsas de China)

Y es que el hecho de que escojan España para cultivar y exportar marihuana no es casualidad. De hecho, expertos aseguran que existe un vacío legal que propicia la modalidad de negocio. “Los chinos son ahora los mayores productores y exportadores de marihuana en España”, señaló la Unidad Central de Inteligencia Criminal (Udyco) del país.

“Se han establecido aquí por la facilidad que hay en España a la hora de delinquir. Saben que aquí los delitos por tráfico de marihuana tienen penas muy blandas (de uno a tres años de cárcel si no superan los diez kilos; y si sobrepasan esta cantidad, de tres a cuatro años y medio). Pero en las últimas detenciones tratamos de que también les imputen delitos de tráfico de seres humanos”, aseguró a El Mundo el sargento Alberto Quilón, quien ha participado en estos operativos. Lo más grave es que muchas de las personas liberadas no quieren denunciar la situación por miedo a ser deportadas a sus países de origen.

Hace dos semanas, las autoridades de un municipio cercano a Valencia liberaron a cinco personas chinas que habían sido encerradas bajo llave para cuidar una plantación de marihuana cubierta, impidiéndoles ver el sol o salir un momento a tomar aire. Dos de ellos aseguraron que antes de llegar a Europa se dedicaban a sembrar arroz en el condado de Pingnan (China) y que fue a raíz de un anuncio en Facebook, que solicitaba a “un jardinero para cuidar plantas”, que decidieron emprender su salida del país.

El problema es que no se trata de un solo caso, sino que se ha convertido en algo sistemático. El pasado 25 de abril liberaron a otras 21 personas, 12 de ellas chinas y las otras nueve vietnamitas, que fueron esclavizadas para cultivar la planta en enormes bodegas en provincias de Valencia, Zamora y Jaén, entre otras. El operativo dejó la captura de 24 personas involucradas en el negocio y la incautación de 1.830 kilos de marihuana listos para exportar.

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Estas mafias se dedican a prometer trabajos decentes, con buen sueldo, para luego quitarles el pasaporte a las personas que caigan en la estafa y obligarlas a realizar el trabajo con una retribución miserable. Uno de los testimonios consultados por el diario “El Mundo” señaló que inicialmente trabajaba en un almacén en Marsella (Francia). La primera oferta fue de 1.300 euros mensuales, que al final terminaron siendo 400. Fue en ese momento cuando vio el anuncio en Facebook y llegó a al municipio de Guadalajara (España), donde lo encerraron y le quitaron su pasaporte con la excusa de que iban a arreglarle los papeles.

El periódico español El Mundo localizó a un empresario chino que lleva más de siete años en Madrid y que se dedicaba a este tipo de negocio. “Junto con otro amigo, alquiló varias fincas en Extremadura y Guadalajara, donde cultivaba marihuana en invernaderos que luego vendía en Francia e Inglaterra. Tenía explotados a varios campesinos pobres de China y de Vietnam para que mantuvieran el cultivo. La Policía descubrió a su compañero y él consiguió quitarse de en medio y salir indemne porque no encontraron pruebas que lo vincularan”, aseguró un exsocio del empresario.

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Y es que el hecho de que escojan España para cultivar y exportar marihuana no es casualidad. De hecho, expertos aseguran que existe un vacío legal que propicia la modalidad de negocio. “Los chinos son ahora los mayores productores y exportadores de marihuana en España”, señaló la Unidad Central de Inteligencia Criminal (Udyco) del país.

“Se han establecido aquí por la facilidad que hay en España a la hora de delinquir. Saben que aquí los delitos por tráfico de marihuana tienen penas muy blandas (de uno a tres años de cárcel si no superan los diez kilos; y si sobrepasan esta cantidad, de tres a cuatro años y medio). Pero en las últimas detenciones tratamos de que también les imputen delitos de tráfico de seres humanos”, aseguró a El Mundo el sargento Alberto Quilón, quien ha participado en estos operativos. Lo más grave es que muchas de las personas liberadas no quieren denunciar la situación por miedo a ser deportadas a sus países de origen.