España retira la orden de detención europea contra Puigdemont
La justicia española retiró este martes la petición de extradición desde Bélgica del presidente catalán destituido, el independentista Carles Puigdemont, candidato a las elecciones regionales del 21 de diciembre, prefiriendo esperar su regreso a España para detenerlo.
Agencia Afp
Este nuevo giro en la crisis de Cataluña coincide con el lanzamiento de la campaña electoral para estos comicios, a los que el independentismo concurre con algunos líderes encarcelados y otros en el extranjero.
Desde el 27 de octubre, cuando el parlamento catalán declaró la secesión unilateralmente y el gobierno español de Mariano Rajoy respondió tomando el control de la región y convocando estos comicios, Cataluña vive con un ojo puesto en las elecciones y otro en los juzgados.
En una maniobra inesperada, el juez Pablo Llarena del Tribunal Supremo decidió retirar la orden de detención europea emitida el 3 de noviembre contra Puigdemont y cuatro de sus ministros, todos ellos en Bélgica.
El magistrado argumenta la decisión en la intención manifestada por los cinco políticos independentistas de volver al país para ser diputados si son electos.
Pero también quiso evitar que la justicia belga restringiera los delitos imputables a Puigdemont y sus acompañantes, lo que generaría "una distorsión" respecto al resto de dirigentes independentistas investigados en España, cuatro de ellos encarcelados.
A todos se les investiga por rebelión, sedición y malversación por impulsar el proceso de secesión que culminó en la fallida proclamación de una república independiente.
El cargo por rebelión, punible con hasta 30 años de cárcel y definido como el hecho de "levantarse violentamente y públicamente", fue especialmente discutido en España y podía suponer un obstáculo para la extradición.
Los abogados de los políticos catalanes señalaron que el delito belga equivalente a la rebelión se refiere a un "atentado" o a "hacer tomar armas a los ciudadanos".
Si el juez hubiera entendido que los actos perseguidos no constituían un delito de rebelión en Bélgica, los convenios de extradición impedirían que Puigdemont fuera enviado a España para ser procesado por estos delitos.
Los políticos catalanes comparecieron el lunes ante el juez belga que el 14 de diciembre debía decidir sobre su futuro. Ahora, el magistrado tendrá que cerrar el caso, indicó la fiscalía de Bruselas.
El abogado español de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, celebró la decisión y aseguró que el tribunal español buscaba "evitar recibir una bofetada de la justicia belga".
Y sobre un posible regreso a España del líder independentista, afirmó que la decisión es toda suya: "sabe que si pone un pie en territorio español será automáticamente detenido".
Diezmados en campaña
La decisión coincide con el lanzamiento de la campaña para unas elecciones cruciales que el independentismo catalán afronta diezmado. Su plan de secesión unilateral fracasó y sus principales líderes están en la cárcel o el extranjero.
Las sillas vacías en recuerdo de los ausentes y los lazos amarillos pidiendo su liberación son una constante en los actos independentistas.
"Nos quieren poner todas las dificultades posibles para que no podamos hacer la campaña en igualdad de condiciones", dijo Puigdemont por videoconferencia en el primer mitin de campaña de su lista Juntos por Cataluña.
Su número dos del gobierno y ahora principal rival, Oriol Junqueras, del partido Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), está en prisión.
Doce de los trece miembros del ejecutivo cesado son candidatos, pero sólo cinco pueden hacer campaña sobre el terreno después de que el juez Llarena acordara el lunes su liberación.
Y varios de ellos se implicaron de inmediato. "Ninguno de nosotros tiene ningún motivo para estar en prisión", afirmó el exportavoz gubernamental Jordi Turull en un acto del partido de Puigdemont.
La supuesta represión del gobierno español monopoliza los discursos de los independentistas que, por otro lado, no explican su plan de secesión una vez fracasada la vía unilateral y ven como la oposición les come terreno.
Las elecciones servirán para que "se entierre el proceso (secesionista) y se abra una nueva etapa para los catalanes", aseguró la líder de la oposición Inés Arrimadas, en el lanzamiento de la campaña de su partido Ciudadanos (centro).
Según un sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), los separatistas perderían la mayoría absoluta en la cámara catalana y empatarían en votos con los contrarios a la secesión.
Este nuevo giro en la crisis de Cataluña coincide con el lanzamiento de la campaña electoral para estos comicios, a los que el independentismo concurre con algunos líderes encarcelados y otros en el extranjero.
Desde el 27 de octubre, cuando el parlamento catalán declaró la secesión unilateralmente y el gobierno español de Mariano Rajoy respondió tomando el control de la región y convocando estos comicios, Cataluña vive con un ojo puesto en las elecciones y otro en los juzgados.
En una maniobra inesperada, el juez Pablo Llarena del Tribunal Supremo decidió retirar la orden de detención europea emitida el 3 de noviembre contra Puigdemont y cuatro de sus ministros, todos ellos en Bélgica.
El magistrado argumenta la decisión en la intención manifestada por los cinco políticos independentistas de volver al país para ser diputados si son electos.
Pero también quiso evitar que la justicia belga restringiera los delitos imputables a Puigdemont y sus acompañantes, lo que generaría "una distorsión" respecto al resto de dirigentes independentistas investigados en España, cuatro de ellos encarcelados.
A todos se les investiga por rebelión, sedición y malversación por impulsar el proceso de secesión que culminó en la fallida proclamación de una república independiente.
El cargo por rebelión, punible con hasta 30 años de cárcel y definido como el hecho de "levantarse violentamente y públicamente", fue especialmente discutido en España y podía suponer un obstáculo para la extradición.
Los abogados de los políticos catalanes señalaron que el delito belga equivalente a la rebelión se refiere a un "atentado" o a "hacer tomar armas a los ciudadanos".
Si el juez hubiera entendido que los actos perseguidos no constituían un delito de rebelión en Bélgica, los convenios de extradición impedirían que Puigdemont fuera enviado a España para ser procesado por estos delitos.
Los políticos catalanes comparecieron el lunes ante el juez belga que el 14 de diciembre debía decidir sobre su futuro. Ahora, el magistrado tendrá que cerrar el caso, indicó la fiscalía de Bruselas.
El abogado español de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, celebró la decisión y aseguró que el tribunal español buscaba "evitar recibir una bofetada de la justicia belga".
Y sobre un posible regreso a España del líder independentista, afirmó que la decisión es toda suya: "sabe que si pone un pie en territorio español será automáticamente detenido".
Diezmados en campaña
La decisión coincide con el lanzamiento de la campaña para unas elecciones cruciales que el independentismo catalán afronta diezmado. Su plan de secesión unilateral fracasó y sus principales líderes están en la cárcel o el extranjero.
Las sillas vacías en recuerdo de los ausentes y los lazos amarillos pidiendo su liberación son una constante en los actos independentistas.
"Nos quieren poner todas las dificultades posibles para que no podamos hacer la campaña en igualdad de condiciones", dijo Puigdemont por videoconferencia en el primer mitin de campaña de su lista Juntos por Cataluña.
Su número dos del gobierno y ahora principal rival, Oriol Junqueras, del partido Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), está en prisión.
Doce de los trece miembros del ejecutivo cesado son candidatos, pero sólo cinco pueden hacer campaña sobre el terreno después de que el juez Llarena acordara el lunes su liberación.
Y varios de ellos se implicaron de inmediato. "Ninguno de nosotros tiene ningún motivo para estar en prisión", afirmó el exportavoz gubernamental Jordi Turull en un acto del partido de Puigdemont.
La supuesta represión del gobierno español monopoliza los discursos de los independentistas que, por otro lado, no explican su plan de secesión una vez fracasada la vía unilateral y ven como la oposición les come terreno.
Las elecciones servirán para que "se entierre el proceso (secesionista) y se abra una nueva etapa para los catalanes", aseguró la líder de la oposición Inés Arrimadas, en el lanzamiento de la campaña de su partido Ciudadanos (centro).
Según un sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), los separatistas perderían la mayoría absoluta en la cámara catalana y empatarían en votos con los contrarios a la secesión.