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Este jueves se cumplen dos meses tras la desaparición de 43 estudiantes en México

La complicidad entre el crimen y los funcionarios públicos y la falta de una respuesta eficaz del Gobierno han sacado a la luz la crítica situación de DD.HH. en el país.

Marcela Alcántara Guerra /México DF.

27 de noviembre de 2014 - 08:33 a. m.
Masiva protesta la semana pasada en Ciudad de México pidiendo el regreso de los 43 estudiantes desaparecidos. / EFE
Foto: EFE - José Méndez
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Este jueves se cumplen dos meses de la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Iguala. Se cumplen dos meses desde que el país estallara en una indignación colectiva por la ineficacia del Gobierno para solucionar la crisis. Dos meses en los que el Estado, en todo lo que implica la palabra, ha sido puesto a prueba. Hasta ahora el saldo de esto tiene un sabor agridulce. Por una parte ha sido impresionante la respuesta de la sociedad civil, por otro se ha puesto en evidencia lo lejos que está el país de tener un verdadero Estado de derecho.

Me enteré de lo sucedido en Iguala la mañana del 27 de septiembre. Las noticias continuaban hablando sobre la masacre de Tlatlaya, donde 22 personas murieron a manos del ejército. No sé en qué medio vi la nota publicada, pero inmediatamente pensé que esto ya era demasiado. Organizaciones internacionales como Human Rights Watch habían llamado a Tlatlaya la peor masacre del sexenio y ahora las primeras notas hablaban de tres muertos y más de 50 jóvenes sin localizar. El castillo de naipes que había construido el Gobierno se había destrozado.

En diciembre de 2012, Peña Nieto llegó al poder y con ello cambiaron muchas cosas. Se dejó de hablar de la inseguridad y se empezó a hablar del momento mexicano; la revista Time puso al flamante presidente en una portada titulada “Saving Mexico”. Pero la luna de miel duró poco. A principios de 2014, la inseguridad rebasó a los habitantes de Michoacán y se hizo pública la creación de las autodefensas allí. Los habitantes decidieron armarse y defenderse de la delincuencia que los despojaba de sus negocios, sus trabajos y su tranquilidad. Michoacán entró en una crisis que culminó con la renuncia del gobernador, que se encontraba grave de salud, y la investigación al secretario de Gobierno por sus nexos con el narcotráfico.

En septiembre de este año, cuando las cosas parecían haber tomado un poco más su lugar, la matanza en Tlatlaya de 22 personas a manos del ejército inició una serie de cuestionamientos a la situación de DD.HH. en México. Debido a la falta de respuestas del Gobierno, la situación escaló rápidamente. La desaparición de 43 estudiantes hace exactamente dos meses fue la gota que colmó el vaso. Para muchos mexicanos fue el botón de muestra de un Estado que es incapaz de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, un Estado donde el narco está arraigado en todos los niveles de la política y del gobierno.

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No sé cómo fue que la sociedad civil empezó a organizarse. No acabo de entender cuál es la razón por la cual en un país donde existen tantas violaciones a los derechos humanos fueron estos 43 los que nos unieron. Pero la respuesta fue rápida y fuerte. La presión de la sociedad civil, las protestas, las redes sociales y algunos periodistas generaron cambios que hoy me dan la esperanza de que el país está despertando, que hay situaciones que como mexicanos no estamos dispuestos a tolerar.

La primera vez que vi a la sociedad civil movilizarse fue en junio de 2004. La inseguridad del país y los secuestros habían comenzado a tocar a la clase media de la capital del país. Según algunos medios, casi 250.000 personas salimos a las calles. Vestidos de blanco caminamos en silencio hasta el Zócalo de la capital. Fue una marcha inusual: en México la clase media está acostumbrada a sufrir las consecuencias del tráfico de las marchas y no a organizarlas. Muy poco después de aquella marcha, los secuestros continuaron y aumentaron. En 2007 se sumó a la ecuación la violencia del crimen organizado.

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La segunda vez fue también en un contexto inusual. En mayo de 2012, el entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto visitó la Universidad Iberoamericana. Durante su charla fue increpado por estudiantes sobre los actos represivos de Atenco en 2006. Contestó agresivamente para después ser perseguido por un gran grupo que le gritaba “Asesino” y “Atenco no se olvida”. Los medios de comunicación condenaron el “ataque” y afirmaron que los responsables no eran estudiantes sino personas pagadas.

Los jóvenes nos unimos en esa ocasión para reclamar una justa cobertura de los medios al proceso electoral. Surgió el movimiento #YoSoy132. En esa ocasión fui a varias marchas. De ellas recuerdo el ambiente festivo, la emoción de pensar que teníamos el control y que los ojos del mundo estaban puestos en las elecciones de México. En las elecciones logramos acortar la distancia entre él y los demás candidatos, pero no pudimos vencer contra casi cinco años de campaña, una esposa actriz de telenovelas y el PRI.

Ayotzinapa ha significado muchas cosas para mí. Primero, significa el grado de violencia al que ha llegado el crimen organizado, la crueldad con la que acabaron con la vida de los estudiantes al punto de desaparecer casi cualquier resto de su existencia. Hoy fueron ellos y mañana podría ser cualquiera de nosotros. Segundo, significa la ineficacia del Gobierno. Por un lado, en el sentido de la complicidad entre el crimen y los funcionarios públicos. Saber que quienes están obligados a protegerte pueden en realidad obedecer a otros intereses. ¿En qué instituciones confías y en cuales no? Por otro lado, la ineficacia del Gobierno para responder a la crisis. En tercer lugar ha significado el poder de la indignación colectiva. Marchar al lado de personas de todos los sectores de la población por una misma causa e indignación ha sido muy poderoso.

El lema de gobierno es “Mover a México”. Quizás quienes lo idearon estaban pensando en que las reformas legislativas sería las encargadas de sacar al país del estancamiento en que se encuentra. Pero quizás ahora sería pertinente cambiarlo por “Movilizar a México”. La tragedia de los 43 normalistas tiene el poder y el potencial de aglomerar las demandas de la población y convertirla en un grito de “Ya basta”. No se en qué termine esto. Me gustaría pensar que no acabará en el olvido como muchas protestas lo han hecho en el pasado. La desaparición de 43 personas no debería quedar en la impunidad, menos en un país donde hay 22.000 desaparecidos y más de 100.000 muertos por la violencia del crimen organizado. Hoy, a dos meses, Ayotzinapa hace honor a la frase “Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semilla”.

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alcantaraguerra2012@gmail.com

@marcealguerra

Por Marcela Alcántara Guerra /México DF.

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