El 23 de marzo de 2011, en la celebración del Día del Mar, el presidente boliviano Evo Morales anunció de manera intempestiva la creación de la Dirección de Reivindicación Marítima, como primer paso para presentar luego una demanda contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), pidiendo al tribunal que obligue a Chile a negociar una salida “soberana” al océano Pacífico para Bolivia. La demanda fue presentada el 24 de abril de 2013 y la Corte la admitió el 29 de abril.
El objetivo de salir de la mediterraneidad ha sido una constante de la política exterior boliviana durante más de un siglo y es el tema más sensible para los bolivianos. Habían intentado conseguirlo principalmente a través del acercamiento diplomático con Chile y de la búsqueda de apoyo en foros internacionales e interamericanos. Durante un tiempo fue un caso prioritario en la OEA, que aprobó resoluciones al respecto en 1979 y 1983. Desde 2009, ya cuando Evo llevaba tres años en el poder, en la Constitución boliviana se estableció el “derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le dé acceso al océano Pacífico”.
Al presentar la demanda, Evo Morales se convirtió en el primer presidente de su país en acudir al máximo tribunal internacional para solucionar el enclaustramiento boliviano. Así marcó un punto de inflexión en la relación con su vecino y rompió, aunque no fuera esa su intención original, una dinámica bilateral que venía negociando lentamente las posibilidades de obtener una solución definitiva. Evo justificó su acción diciendo que los gobiernos chilenos han tenido a lo largo del tiempo “un comportamiento dilatorio y obstruccionista” y una “actitud soberbia” que impide una salida.
La demanda despertó algunas esperanzas entre los bolivianos y probablemente le sirva al presidente para ganar réditos electorales de cara a los comicios del próximo domingo, pero también provocó un fuerte rechazo en el gobierno chileno, por supuesto, y en el interior de Bolivia. Evo ha sido criticado, en general, por su errática política en el tema marítimo. Su gobierno pasó cinco años intentando impulsar la llamada “Agenda de 13 puntos” con la primera gestión de Michelle Bachelet. Para entonces, la amistad entre Bachelet y Morales ofrecía perspectivas de alcanzar un acuerdo óptimo para los intereses bolivianos. Sin embargo, con la llegada de Sebastián Piñera al Palacio de La Moneda, Evo se enfrascó con su homólogo en una serie de amenazas que lo llevaron a interponer la demanda, buscando la “reparación de una injusticia histórica”.
Bolivia tenía una extensa costa marítima hasta hace 135 años, cuando empezó la Guerra del Pacífico en la que Chile invadió su territorio litoral, de alrededor de 120.000 kilómetros cuadrados de superficie y 400 kilómetros de costa. En los tratados firmados entre los dos estados para poner fin al conflicto, en 1904, Bolivia cedió su litoral a Chile a cambio de un régimen de libre tránsito de mercancías hacia su país desde los puertos chilenos, sin ningún tipo de arancel aduanero. El llamado “Tratado de Paz y Amistad”, sin embargo, no incluyó la cesión de soberanía sobre territorio costero alguno para Bolivia.
*Mar sí, soberanía no
El pasado 15 de junio, Chile presentó una excepción preliminar para impugnar la competencia de la CIJ y pedir que se abstenga de tratar la demanda marítima. Bolivia tiene el próximo 14 de noviembre como plazo para presentar una contraargumentación.
El estado chileno defiende que los diferendos territoriales y de libre tránsito entre ambos países quedaron zanjados en el tratado de 1904, por lo que en realidad no existe conflicto jurídico. Siguiendo uno de los principios más importantes del derecho internacional (pacta sunt servanda), la Corte no podría alterar lo que ya está pactado. Si el pedido de Chile tiene éxito, el caso quedaría sin efecto y el juicio se cancelaría de manera permanente.
La semana pasada, el gobierno chileno emitió un video llamado Chile y la aspiración marítima boliviana: mito y realidad, en el cual se pronuncian entre otros la presidenta Bachelet y los expresidentes Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Sebastián Piñera, aclarando su posición ante la demanda marítima de sus vecinos. Dicen que Chile ha garantizado que empresas bolivianas utilicen los puertos chilenos de Arica y Antofagasta, ventajas de las que no gozan los empresarios chilenos ni terceros países y que “en la práctica significan un acceso al mar”.
Añaden que en 2013 pasaron por el puerto de Arica unos 3 millones de toneladas de carga, de los que cerca del 80% correspondían a mercadería boliviana, que Bolivia tiene agentes de aduanas propios en los puertos chilenos para controlar el tránsito de mercancías que van hacia su país, que dicta sus propios aranceles y fija la tasa de los derechos de importación de los productos, que tiene almacenaje gratis por un año para las importaciones y de 60 días para las exportaciones, y que los productos bolivianos gozan de libre tránsito y exención de impuestos en territorio chileno.
En el video advierten también que la demanda boliviana se basa en negociaciones diplomáticas que tuvieron lugar en el pasado y que no se concretaron en un acuerdo formal ni escrito, como prueba de la “supuesta” obligación que tiene Chile de otorgarle un acceso soberano al mar, pero no en el tratado vigente de 1904. El expresidente Ricardo Lagos dice que el litigio iniciado por Evo Morales pone en riesgo no sólo el respeto a los tratados entre Bolivia y Chile, sino a todo el sistema jurídico internacional de fronteras. Bachelet cierra el video diciendo que su país está dispuesto a mejorar el acceso al mar de Bolivia, pero sin otorgarle soberanía.
Ante esto, el expresidente boliviano y encargado de difundir la demanda marítima, Carlos Mesa, ha respondido que el objetivo real ante la CIJ no se basa en impugnar el tratado de 1904, sino en pedir que Chile cumpla con las promesas que ha hecho a lo largo de la historia (1895, 1950, 1961, 1975, 1986, 1979 y 1983) sobre la restitución de la cualidad marítima de Bolivia. En efecto, la demanda boliviana argumenta que a través de acuerdos, prácticas diplomáticas y declaraciones de sus representantes de alto nivel, Chile se ha comprometido a negociar una salida soberana al mar para su vecino, sin embargo, no ha cumplido con esas obligaciones e incluso ha negado su existencia. La demanda considera esa serie de pronunciamientos, prácticas y promesas como actos unilaterales de Chile, que tienen efectos jurídicos vinculantes a favor de Bolivia. Falta ver si la CIJ decide examinar el valor jurídico de tales actos y pronunciamientos, un tema que ha sido bastante complejo y polémico en el derecho internacional.
A estas alturas es imposible saber si la decisión histórica del presidente boliviano de acudir a la justicia internacional fue un paso hacia el mar o más bien un retroceso. Lo cierto es que si el fallo final no obedece a lo previsto por Bolivia, prácticamente se le estaría poniendo punto final a un sueño centenario. El mar, sin embargo, seguiría siendo una promesa de campaña.
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Por Daniel Salgar Antolínez
