Examen a espionaje de EE.UU.

Desde que Edward Snowden, el extécnico de la CIA, decidió entregar a medios de comunicación información sobre los programas de vigilancia de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA), el escándalo político internacional y la indignación de una porción de los estadounidenses van en aumento. Y el efecto Snowden no para de crecer. De acuerdo con documentos que entregó al diario , la NSA podría obtener diariamente 444.743 direcciones de correo de Yahoo, 105.068 de Hotmail, 82.857 de Facebook, 33.697 de Gmail y 22.881 de otros servidores. En total: 250 millones de listas de contactos al año.

Steven Watt es el abogado del programa de derechos humanos de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés). El 28 de octubre estará en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acerca de la libertad de expresión y la vigilancia a las comunicaciones por parte del gobierno estadounidense. Será la primera vez que el organismo aborde el tema del espionaje.

¿Qué impacto tienen los programas de vigilancia de la NSA sobre el derecho a la libertad de expresión y a la privacidad en Estados Unidos y otros países?

Los programas de vigilancia de la NSA facilitan un amplio acceso del Gobierno a los datos recogidos por las empresas de internet y de telefonía de Estados Unidos, con poca o ninguna supervisión judicial o parlamentaria significativa o eficaz. Los datos recogidos a través de los programas de los servicios de internet de EE.UU. incluyen contenidos como audio, video, fotografías, correos electrónicos y documentos, así como “metadatos”. La NSA recoge estos datos de los ciudadanos estadounidenses y no estadounidenses, dondequiera que vivan y sin ninguna sospecha de su participación o asociación con actividades criminales o terroristas. La vigilancia facilitada por estos programas viola las protecciones constitucionales de EE.UU. contra la búsqueda y captura sin razón, así como las garantías de privacidad, libertad de expresión y de asociación. También se violan los derechos protegidos internacionalmente a la privacidad, la libertad de expresión y de asociación.

¿Qué son los “metadatos”?

Si los datos de una llamada telefónica son el contenido de la llamada, los metadatos son los datos acerca de los datos: la identidad de la persona que realiza la llamada y el destinatario, la hora, la fecha, la duración y el lugar de la llamada. Esta información puede ser extraordinariamente delicada. El quién, cuándo y con qué frecuencia de las llamadas telefónicas es a menudo más revelador de lo que parece. Repetidas llamadas a Alcohólicos Anónimos, a líneas calientes para adolescentes homosexuales, a clínicas de aborto o a un corredor de apuestas pueden decir todo lo que se necesita saber acerca de los problemas de una persona.

¿Cómo debería el gobierno estadounidense limitar sus programas de vigilancia para garantizar los derechos a la privacidad y a la libertad de expresión?

El gobierno de EE.UU. tiene el derecho, de hecho es una obligación, de proteger a sus ciudadanos y a otros de actos de terrorismo. Sin embargo, en el cumplimiento de esta obligación, EE.UU. siempre debe respetar los derechos de sus ciudadanos y de otros ciudadanos a la privacidad, la libertad de expresión, de opinión y de libre asociación. Por consiguiente, toda la vigilancia debe llevarse a cabo de conformidad con las leyes establecidas y de manera no arbitraria, para promover los objetivos legítimos del Gobierno —como la preservación de la seguridad o el mantenimiento del orden público nacional—. Además, la vigilancia debe favorecer estos objetivos. Los programas de vigilancia de la NSA no cumplen con dichas normas y atropellan los derechos de los individuos a la privacidad, la libertad de expresión y de asociación.

¿Qué demostró la administración Obama al perseguir de manera intensa a Edward Snowden?

Creemos que la información que Snowden ha revelado acerca de la naturaleza, el alcance y la posible autorización legal de las operaciones de vigilancia de la NSA ha generado un notable y largamente esperado debate público sobre la legalidad y regularidad de las actividades de vigilancia del Gobierno. La ACLU ha sostenido durante mucho tiempo la opinión de que las filtraciones a la prensa en el interés público no deben ser perseguibles por las leyes de espionaje.

¿Cuál es el propósito de la audiencia del 28 de octubre en la CIDH?

Educar a la CIDH sobre la naturaleza y el alcance de los programas de vigilancia de la NSA y su impacto negativo sobre los derechos a la privacidad, la libertad de expresión y de asociación. También vamos a tratar de poner de relieve el papel fundamental que desempeñan los informantes al revelar los programas de la NSA y permitir que exista el actual debate público sobre la legalidad de los programas. Vamos a pedir a la comisión que deje claro a EE.UU. y los demás estados miembros de la OEA que los informantes en el sector de la seguridad nacional deben tener las mismas protecciones que se ofrecen a los informantes en otros sectores, y que adopte normas regionales en este ámbito.

dsalgar@elespectador.com

Desde que Edward Snowden, el extécnico de la CIA, decidió entregar a medios de comunicación información sobre los programas de vigilancia de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA), el escándalo político internacional y la indignación de una porción de los estadounidenses van en aumento. Y el efecto Snowden no para de crecer. De acuerdo con documentos que entregó al diario , la NSA podría obtener diariamente 444.743 direcciones de correo de Yahoo, 105.068 de Hotmail, 82.857 de Facebook, 33.697 de Gmail y 22.881 de otros servidores. En total: 250 millones de listas de contactos al año.

Steven Watt es el abogado del programa de derechos humanos de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés). El 28 de octubre estará en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acerca de la libertad de expresión y la vigilancia a las comunicaciones por parte del gobierno estadounidense. Será la primera vez que el organismo aborde el tema del espionaje.

¿Qué impacto tienen los programas de vigilancia de la NSA sobre el derecho a la libertad de expresión y a la privacidad en Estados Unidos y otros países?

Los programas de vigilancia de la NSA facilitan un amplio acceso del Gobierno a los datos recogidos por las empresas de internet y de telefonía de Estados Unidos, con poca o ninguna supervisión judicial o parlamentaria significativa o eficaz. Los datos recogidos a través de los programas de los servicios de internet de EE.UU. incluyen contenidos como audio, video, fotografías, correos electrónicos y documentos, así como “metadatos”. La NSA recoge estos datos de los ciudadanos estadounidenses y no estadounidenses, dondequiera que vivan y sin ninguna sospecha de su participación o asociación con actividades criminales o terroristas. La vigilancia facilitada por estos programas viola las protecciones constitucionales de EE.UU. contra la búsqueda y captura sin razón, así como las garantías de privacidad, libertad de expresión y de asociación. También se violan los derechos protegidos internacionalmente a la privacidad, la libertad de expresión y de asociación.

¿Qué son los “metadatos”?

Si los datos de una llamada telefónica son el contenido de la llamada, los metadatos son los datos acerca de los datos: la identidad de la persona que realiza la llamada y el destinatario, la hora, la fecha, la duración y el lugar de la llamada. Esta información puede ser extraordinariamente delicada. El quién, cuándo y con qué frecuencia de las llamadas telefónicas es a menudo más revelador de lo que parece. Repetidas llamadas a Alcohólicos Anónimos, a líneas calientes para adolescentes homosexuales, a clínicas de aborto o a un corredor de apuestas pueden decir todo lo que se necesita saber acerca de los problemas de una persona.

¿Cómo debería el gobierno estadounidense limitar sus programas de vigilancia para garantizar los derechos a la privacidad y a la libertad de expresión?

El gobierno de EE.UU. tiene el derecho, de hecho es una obligación, de proteger a sus ciudadanos y a otros de actos de terrorismo. Sin embargo, en el cumplimiento de esta obligación, EE.UU. siempre debe respetar los derechos de sus ciudadanos y de otros ciudadanos a la privacidad, la libertad de expresión, de opinión y de libre asociación. Por consiguiente, toda la vigilancia debe llevarse a cabo de conformidad con las leyes establecidas y de manera no arbitraria, para promover los objetivos legítimos del Gobierno —como la preservación de la seguridad o el mantenimiento del orden público nacional—. Además, la vigilancia debe favorecer estos objetivos. Los programas de vigilancia de la NSA no cumplen con dichas normas y atropellan los derechos de los individuos a la privacidad, la libertad de expresión y de asociación.

¿Qué demostró la administración Obama al perseguir de manera intensa a Edward Snowden?

Creemos que la información que Snowden ha revelado acerca de la naturaleza, el alcance y la posible autorización legal de las operaciones de vigilancia de la NSA ha generado un notable y largamente esperado debate público sobre la legalidad y regularidad de las actividades de vigilancia del Gobierno. La ACLU ha sostenido durante mucho tiempo la opinión de que las filtraciones a la prensa en el interés público no deben ser perseguibles por las leyes de espionaje.

¿Cuál es el propósito de la audiencia del 28 de octubre en la CIDH?

Educar a la CIDH sobre la naturaleza y el alcance de los programas de vigilancia de la NSA y su impacto negativo sobre los derechos a la privacidad, la libertad de expresión y de asociación. También vamos a tratar de poner de relieve el papel fundamental que desempeñan los informantes al revelar los programas de la NSA y permitir que exista el actual debate público sobre la legalidad de los programas. Vamos a pedir a la comisión que deje claro a EE.UU. y los demás estados miembros de la OEA que los informantes en el sector de la seguridad nacional deben tener las mismas protecciones que se ofrecen a los informantes en otros sectores, y que adopte normas regionales en este ámbito.

dsalgar@elespectador.com