Las cosas se le empiezan a enredar cada vez más al actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. El exlíder del cártel hondureño de Los Cachiros, Devis Leonel Rivera Maradiaga, testigo en un juicio por narcotráfico en Nueva York, aseguró este jueves que su organización pagó 250.000 dólares, aproximadamente en 2012, al mandatario hondureño, para que no lo detuvieran y extraditaran a EE.UU. y poder seguir lavando dinero del narcotráfico.
Rivera, detenido en Estados Unidos y quien testifica en un juicio abierto contra el supuesto narcotraficante hondureño Geovanny Fuentes Ramírez, implicó también al vicepresidente Ricardo Álvarez Arias y a los expresidentes José Manuel Zelaya y Porfirio Lobo. La Fiscalía, como ya hizo durante el juicio contra el hermano del presidente de Honduras, Tony Hernández, celebrado a finales de 2019 también en Nueva York, defiende que el país centroamericano es un narcoestado.
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“El presidente debe asumir su responsabilidad, creo yo, como cualquier otra persona (...) y devolverle a Honduras la paz, la tranquilidad y la democracia”, comentó a la AFP el ciudadano José Zambrano, en una calle de Tegucigalpa.
Blindado por el Congreso
“Se le ha reducido el tiempo y el espacio de maniobra política. Lo más que puede lograr es terminar su período, porque no hay acusación formal”, consideró el sociólogo y analista Eugenio Sosa. Eso sí, esto fue antes de la declaración de Devis Leonel Rivera Maradiaga.
Lo cierto es que Hernández mantiene el control del Parlamento, la Justicia y las Fuerzas Armadas. En enero, la oposición parlamentaria planteó un juicio político. “Lamentablemente la mayoría de los diputados votó en contra” y el tema se cerró, recordó la legisladora opositora Doris Gutiérrez, quien integra un grupo de 50 parlamentarios que exige la renuncia del presidente.
“Lamentamos que haya una Fiscalía, que debería actuar de oficio, que está totalmente cooptada por el partido del gobierno y sus aliados”, agregó.
