El ambiente político se puso turbio para el presidente Fernando Lugo desde el pasado 15 de junio. Sólo una semana después de que reconociera a su segundo hijo y de que dos nuevas demandas de paternidad le fueran interpuestas, la Policía y un grupo de campesinos se enfrentaron en la localidad de Curuguaty, cerca a la frontera con Brasil y a 380 kilómetros de Asunción. Eran alrededor de 320 uniformados que acudían a la hacienda Murumbí, invadida días atrás por un grupo de cerca de 150 campesinos que decían no tener otro lugar adonde ir.
El escándalo de los nuevos casos de supuesta paternidad fue opacado por la noticia. Desde la primera semana de gobierno a Lugo le comenzaron a llover acusaciones de mujeres que decían haber tenido relaciones sexuales con él cuando oficiaba como obispo de la Iglesia católica, acusaciones que se han traducido en cuatro demandas ante tribunales. Sin embargo, el estupor sobre el tema se había reducido desde agosto de 2008, cuando asumió la presidencia, pero hoy lo que las voces acusadoras llaman la masacre de Curuguaty hacen tambalear su figura.
La Cámara de Diputados aprobó por mayoría el llamado a un juicio político contra el mandatario. En cumplimiento de la orden de desalojo de la hacienda Morumbí se produjo un tiroteo que al final de la jornada dejó 17 muertos: once campesinos y seis uniformados. Las acusaciones de miembros del Parlamento no se hicieron esperar. El tema de las tierras es un asunto muy sensible tras la dictatura de Alfredo Stroessner (1954-1989), un periodo en el cual pululó la adjudicación irregular de títulos de propiedad y que en la actualidad, según la Comisión de Justicia y Verdad de Paraguay, ha ocasionado que el 32,7% de la superficie arable del país sea considerada “mal habida”.
El desalojo que se convirtió en escándalo obligó a la renuncia de Carlos Filizzola, quien era el ministro del Interior de Fernando Lugo y quien antes de anunciar su dimisión había sostenido que las autoridades se vieron obligadas a responder al fuego que iniciaron los campesinos al percatarse de la orden de desalojo. Incluso, Walter Gómez, comisario de Canindeyú (departamento cuya capital es Curuguaty), aseguró que los campesinos tenían armas de grueso calibre, como fusiles M-16, lo cual explicaba por qué los proyectiles lograron atravesar los chalecos antibalas que portaban los policías muertos en el episodio.
Ante el revuelo que causaron las acusaciones, sumado al hecho de que el propietario de las tierras desalojadas fuera el exsenador y empresario Blas N. Riquelme —cuestionado por la obtención de sus terrenos— voces desde el Parlamento exigían la renuncia del presidente. Al mismo tiempo comenzó a ser debatida la posibilidad de llamar a Fernando Lugo a encarar un juicio político, un juicio de destitución.
El apoyo a la iniciativa fue contundente: 76 de los 77 diputados de la Cámara votaron a favor. El resultado fue sorpresivo, sobre todo cuando la bancada del Partido Liberal Radical Auténtico, la principal fuerza legislativa de la coalición de Gobierno, mostró su apoyo unánime y cuando el Partido Liberal, al que pertenece el vicepresidente del país, Federico Franco, hizo lo propio.
Entonces a Lugo le correspondió salir a ofrecer sus declaraciones: “De cara a este desafío, este presidente anuncia que no va a renunciar al cargo y se somete, con absoluta obediencia a la Constitución y las leyes, a enfrentar el juicio político con todas sus consecuencias (...) la voluntad del pueblo paraguayo, expresada en las urnas, está siendo objeto de un ataque inmisericorde de sectores que siempre se opusieron al cambio y se opusieron a que el pueblo pueda participar como protagonista de su democracia”.
Tras recibir la propuesta de juicio, el Senado fijó su inicio para las 6:00 p.m. de ayer y construyó un tribunal que hoy a las 4:30 p.m. deberá emitir una sentencia. Mientras todo esto ocurría, los presidentes de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), se reunían de urgencia en Río de Janeiro, donde participaban de la conferencia Río+20, para analizar la situación y enviar una misión de cancilleres a Asunción para analizar la situación.
Varios líderes campesinos, entre ellos Eulalio López, jefe de la Liga Nacional de Carperos, involucrada en los enfrentamientos de Curuguaty, anunciaron marchas hacía Asunción en apoyo al presidente, y los simpatizantes del gobernante en las ciudades ya han saltado a la calle con ese mismo propósito. Acusan al Parlamento de querer dar un golpe de Estado.
Si el juicio político tiene un fallo desfavorable para Fernando Lugo, se vería obligado a dimitir para dejar la presidencia en manos del vicepresidente Franco, quien asumiría el poder hasta las elecciones presidenciales de abril de 2013. Fernando Lugo sólo pide “toda la garantía de una justa defensa”.
¿Cómo será el juicio?
El juicio político citado por la Cámara de Diputados contra el presidente Fernando Lugo por “mal desempeño de sus funciones” comenzó ayer hacia las 6:00 p.m. El Senado designó a cinco parlamentarios como fiscales, quienes anoche tuvieron una hora y media para presentar su acusación. Hacia el mediodía de hoy, Lugo tendrá a disposición dos horas para exponer su defensa y, a partir de entonces, un tribunal pasará a analizar las pruebas presentadas por las partes. Posteriormente, tanto los fiscales como el acusado tendrán la oportunidad de presentar alegatos orales, que será la última etapa del juicio antes de que se emita una sentencia, proyectada para las 4:30 p.m.
Por Redacción Internacional
