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A 140 kilómetros al suroeste de Johannesburgo se encuentra la mina de Stilfontein, donde una redada policial en agosto del año pasado marcó el inicio de una tragedia.
Las operaciones de rescate que finalmente fueron ordenadas por la Corte Suprema duraron una semana y terminaron el miércoles. Lograron recuperar 78 cuerpos, junto a 246 sobrevivientes, que fueron arrestados de inmediato. La razón de la polémica: las autoridades son acusadas de priorizar el supuesto cumplimiento de las leyes por encima de las vidas humanas y de comenzar las misiones de salvamento demasiado tarde.
De fondo, está el fenómeno de la minería ilegal: personas que por subsistencia o al servicio de redes criminales se dedican a explotar minas abandonadas.
Algunas fuentes decían que alrededor de 4.000 mineros ilegales, conocidos como los “zama zama”, que significa “buscadores” en el idioma zulú, quedaron atrapados bajo tierra en la mina en cuestión, bajo la coerción de tener que enfrentar a la justicia sudafricana, con la que fueron amenazados si salían.
De acuerdo con un estudio de Research Gate con información del Departamento de Minerales y Energía, hay unas 6.000 minas abandonadas en Sudáfrica. Se estima que, debido a la minería ilegal, ese país pierde US$1.000.000 de posible de circulación lícita.
Además, según un reporte de CNN, hay alrededor de 100.000 mineros artesanales cuya producción termina finalmente moviéndose dentro del mercado ilegal. La mayoría no son sudafricanos sino migrantes de Lesoto, Mozambique y Zimbabue.
No obstante, hubo discrepancias sobre el número de personas atrapadas en Stilfontein. El viernes 10 de enero, en una conferencia de prensa, el comisario de policía Tebello Mosikili dijo que “no podía negar ni confirmar la cifra [de 4.000]”. Finalmente, la Policía, citada por Reuters, dijo que 1.576 mineros habían logrado salir por sus propios medios entre agosto y el inicio de las operaciones de rescate. Todos fueron arrestados y al menos 121 ya fueron deportados.
Las labores de rescate, que comenzaron la semana pasada por mandato judicial, finalizaron el miércoles; este jueves seguían las labores para confirmar que más individuos no quedaran bajo tierra.
Algunos zama zama comenzaron a salir de la mina en noviembre utilizando rutas alternas para evitar ser arrestados. Sin embargo, muchos permanecieron bajo tierra por meses por el temor de enfrentar cargos de minería ilegal, invasión de propiedad y estancia irregular en el país.
La entrada principal de la mina, un agujero en medio de un terreno baldío estaba vigilada por la policía, que esperaba arrestar a quienes intentaran salir.
Tragedia humanitaria: ¿justicia o negligencia?
Desde hace meses, el servicio de policía sudafricana (SAPS) puso en marcha la “Operation Vala Umgodi”, que significa “cerrar los agujeros”, en afrikáans, idioma del país. Esa estrategia en Stilfontein comenzó en agosto del año pasado para enfrentar a los mineros sin recurrir a una intervención con fuerza. La política consistió en cortar el suministro de alimentos y agua, con el objetivo de obligarlos a salir y enfrentar a la justicia. Sin embargo, la medida fue calificada como inhumana por familiares y organizaciones internacionales.
La polémica creció cuando la ministra sudafricana, Khumbudzo Ntshavheni, afirmó el pasado noviembre en una rueda de prensa: “Vamos a sacarlos a punta de humo; ellos tendrán que salir”.
Además, añadió: “No estamos enviando ayuda a los criminales. No hay que ayudar a los criminales, hay que perseguirlos. No los enviamos allí”. Estas declaraciones fueron duramente criticadas por organizaciones de derechos humanos, que acusaron al gobierno de negligencia frente a los riesgos que enfrentan los mineros artesanales.
Un rescate tardío y complejo
La mina de Stilfontein tiene una profundidad de 2,5 kilómetros y múltiples niveles que forman un intrincado laberinto de túneles. Este diseño, sumado a la falta de alimentos, agua y atención médica durante meses, hizo que los trayectos fueran prácticamente imposibles de recorrer para los mineros, que se encontraban en estado de extrema desnutrición y deshidratación.
Aunque algunos lograron salir por rutas alternas, otros, demasiado debilitados para desplazarse, murieron en las cámaras subterráneas. Los túneles extensos y peligrosos dificultaron aún más las operaciones de rescate, dejando un saldo de vidas perdidas que, según activistas y comunidades locales, pudo haberse evitado si el gobierno hubiese actuado con mayor rapidez y humanidad. Durante la semana, se han visto fotografías y videos de los cuerpos envueltos en bolsas, siendo sacados de la mina llamando la atención global.
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Por Alana Barguil
