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“Estaba feliz de liberarme de las reglas injustas del Gobierno sirio, pero ahora la situación es peor”, dice un abogado de Idlib (Siria), una ciudad bajo el mando de las fuerzas opositoras al presidente Bashar Al Assad, en un reporte que presenta este martes Amnistía Internacional. De acuerdo con el informe, al menos cuatro grupos armados que participan en la coalición de fuerzas opositoras, y que se rebelaron contra Al Assad por la rigidez e impunidad de su gobierno, han acudido a métodos de intimidación (ejecuciones, secuestros, tortura y amenazas) para respaldar su dominio sobre estas zonas. Algunos de estos grupos son apoyados de manera directa por EE.UU., Turquía, Catar y Arabia Saudita.
Desde 2011, cuando comenzó la guerra en Siria, una coalición de opositores en la arena política y otra en el campo militar han enfrentado a las fuerzas de Bashar Al Assad. A las fuerzas de gobierno y al Estado Islámico (o Daesh) se les han probado numerosos crímenes de guerra; esta es una de las primeras investigaciones que apunta, con testimonios en mano, que también las fuerzas opositoras, que desde el principio han criticado los métodos de Al Assad, también han cometido crímenes de guerra.
“Hoy en Alepo y en Idlib los grupos armados tienen el campo abierto para cometer crímenes de guerra y otras violaciones de la ley internacional en plena impunidad. De manera sorprendente, también documentamos que estos grupos están usando los mismos métodos de tortura que utiliza de manera rutinaria el Gobierno sirio”, dijo Philip Luther, director del programa de Amnistía Internacional en Oriente Medio.
Desde 2012, cuando obtuvieron el poder de algunas de las regiones principales, los grupos armados Movimiento Nour al-Dine Zinki, División 16, el frente al-Shamia, el frente al-Nusra (es un grupo terrorista, pero algunas de sus tropas están en la coalición opositora) y el movimiento islámico Ahrar al-Sham han obligado a los pobladores a permanecer en el miedo. De hecho, han desplegado métodos dignos del Estado Islámico y del gobierno de Al Asad, sus enemigos.
De acuerdo con el reporte, tres de esos grupos han establecido la sharia (la ley islámica) en las regiones a su cargo, de modo que han cometido ejecuciones públicos por crímenes —en su concepto— como adulterio y homosexualidad, y han desplazado y secuestrado personas por el mero hecho de tener otras creencias religiosas. Entre 2012 y 2016, el informe registra al menos 24 secuestros en las gobernaciones de Alepo e Idlib. “Las víctimas incluyen niños, activistas pacíficos y miembros de otras religiones”, asegura el informe.
Un activista político contó a Amnistía Internacional: “Me llevaron a un cuarto de tortura. Me pusieron en la posición shabeh, me colgaron de las muñecas, de modo que mis pies no tocaban el suelo. Entonces comenzaron a golpearme con cables en todo el cuerpo. Luego pasaron a la técnica del dulab. Me doblaron (con el rostro pegando contra las rodillas) y me obligaron a meterme dentro de una llanta. Me golpearon después con palos de madera”. Ambas técnicas han sido usadas por las fuerzas sirias y por el Estado Islámico. Otra víctima contó: “Cuando me negué a firmar una confesión, el interrogador ordenó al guardia que me torturara. El guardia utilizó la técnica del ‘tapete volador’: puso mis manos sobre mi cabeza y me obligó a levantar mis piernas en una posición perpendicular. Entonces comenzó a golpearme con cables en la planta de los pies. No soporté el dolor, entonces firmé el papel”.
Los militantes revisan los movimientos de Facebook de algunos ciudadanos, prohíben cierto tipo de música (incluso dos locutores de radio fueron secuestrados por poner música prohibida) y han creado cortes judiciales alternas que se encargan de juzgar a partir de la sharia. En ese sentido, las diferencias entre las zonas gobernadas por el Estado Islámico y los opositores a Al Assad son menores: la aplicación de una misma ley bajo los mismos preceptos, por parte de actores distintos.
En Alepo, bajo el poder opositor, un chico de 17 años fue asesinado en público por ser gay y una mujer fue ejecutada por adulterio. No existe ningún proceso justo en medio, según el reporte, lo que calificaría como crimen de guerra. En el informe, Amnistía Internacional pide a los gobiernos que apoyan a estos grupos que cesen la transferencia de armas y apoyos militares al reconocer la posible existencia de violaciones de derechos humanos.