Guyana francesa alza la voz: huelga general paraliza todo el territorio

Una centena de hombres vestidos de negro, con pantalones camuflados y pasamontañas, protesta en Cayena, la capital de la Guyana Francesa: son los 500 Hermanos, un grupo de manifestantes que dicen estar desarmados, pero que tienen una presencia severa que sirve, sin duda, como arma de disuasión. Desde hace dos meses se han tomado por asalto oficinas oficiales y han irrumpido en eventos políticos para llamar la atención sobre los crímenes en el departamento francés de ultramar (42 en el último año) y las carencias generales de los francoguyaneses, miles de ellos sin un servicio básico como la luz y otros cientos desempleados.

Junto con la Unión de Trabajadores Guyaneses, los 500 Hermanos convocaron ayer a una huelga general: entonces los supermercados cerraron, las escuelas clausuraron y los servicios aéreos fueron anulados. La huelga es sólo el último atributo de una crisis que comenzó hace cerca de una semana: desde entonces, distintos colectivos políticos y civiles han bloqueado carreteras y han capturado las calles con barricadas.

¿Por qué? Además del aumento del número de crímenes y la falta de servicios básicos, la Guyana Francesa ha tenido que enfrentar un alto número de peticiones de asilo de ciudadanos de Haití y Brasil, los primeros en busca de un refugio tras la pésima gestión humanitaria posterior al terremoto de 2010 y los segundos en fuga de una economía que está a la baja desde hace dos años. Los manifestantes abogan también por un mejor manejo de las regalías producto de la explotación aurífera y de los recursos marítimos. La Guyana es el segundo departamento más grande de Francia y uno de los menos poblados.

Para reducir las tensiones, el gobierno de François Hollande designó una comisión para crear “una hoja de ruta que permita tener una fotografía para identificar las peticiones”. Sin embargo, los líderes de la protesta exigen la presencia de uno de sus ministros. El primer ministro francés, Bernard Cazeneuve, está de acuerdo con la propuesta, pero aún no ha designado a ninguno de los ministros del gabinete Hollande para negociar.

Las soluciones, reclaman los manifestantes, deben ocurrir en los próximos meses. Y este es, quizá, uno de los momentos más propicios para lanzar un llamado general, a propósito de las elecciones presidenciales en abril. Los problemas no son nuevos: en 25 años, la población de la Guyana francesa ha pasado de 110.000 a 250.000 habitantes sin que exista, según sus pobladores, un avance en los programas sociales o en la infraestructura del territorio. Los barrios pobres, afirma Le Monde, se han multiplicado a pesar de las promesas de levantar viviendas de interés social, y uno de cada dos jóvenes menores de 25 años, que aportan o deben aportar a la economía familiar, está desempleado.

La comisión del gobierno francés ha prometido que habrá un contingente de refuerzo en Cayena para disminuir las cifras de crímenes y que habrá más de 40 millones de euros en inversiones sanitarias. Resta por negociar el estado de las explotaciones de recursos naturales, los apoyos para los agricultores, el desarrollo del transporte departamental y la protección del medioambiente contra la explotación clandestina. Las colectividades locales alegan también que no existen dineros para levantar nuevas escuelas a pesar de que día a día llegan nuevos estudiantes. “Tendremos los profesores, pero no los muros”, dijo un ciudadano a Le Monde.

Una centena de hombres vestidos de negro, con pantalones camuflados y pasamontañas, protesta en Cayena, la capital de la Guyana Francesa: son los 500 Hermanos, un grupo de manifestantes que dicen estar desarmados, pero que tienen una presencia severa que sirve, sin duda, como arma de disuasión. Desde hace dos meses se han tomado por asalto oficinas oficiales y han irrumpido en eventos políticos para llamar la atención sobre los crímenes en el departamento francés de ultramar (42 en el último año) y las carencias generales de los francoguyaneses, miles de ellos sin un servicio básico como la luz y otros cientos desempleados.

Junto con la Unión de Trabajadores Guyaneses, los 500 Hermanos convocaron ayer a una huelga general: entonces los supermercados cerraron, las escuelas clausuraron y los servicios aéreos fueron anulados. La huelga es sólo el último atributo de una crisis que comenzó hace cerca de una semana: desde entonces, distintos colectivos políticos y civiles han bloqueado carreteras y han capturado las calles con barricadas.

¿Por qué? Además del aumento del número de crímenes y la falta de servicios básicos, la Guyana Francesa ha tenido que enfrentar un alto número de peticiones de asilo de ciudadanos de Haití y Brasil, los primeros en busca de un refugio tras la pésima gestión humanitaria posterior al terremoto de 2010 y los segundos en fuga de una economía que está a la baja desde hace dos años. Los manifestantes abogan también por un mejor manejo de las regalías producto de la explotación aurífera y de los recursos marítimos. La Guyana es el segundo departamento más grande de Francia y uno de los menos poblados.

Para reducir las tensiones, el gobierno de François Hollande designó una comisión para crear “una hoja de ruta que permita tener una fotografía para identificar las peticiones”. Sin embargo, los líderes de la protesta exigen la presencia de uno de sus ministros. El primer ministro francés, Bernard Cazeneuve, está de acuerdo con la propuesta, pero aún no ha designado a ninguno de los ministros del gabinete Hollande para negociar.

Las soluciones, reclaman los manifestantes, deben ocurrir en los próximos meses. Y este es, quizá, uno de los momentos más propicios para lanzar un llamado general, a propósito de las elecciones presidenciales en abril. Los problemas no son nuevos: en 25 años, la población de la Guyana francesa ha pasado de 110.000 a 250.000 habitantes sin que exista, según sus pobladores, un avance en los programas sociales o en la infraestructura del territorio. Los barrios pobres, afirma Le Monde, se han multiplicado a pesar de las promesas de levantar viviendas de interés social, y uno de cada dos jóvenes menores de 25 años, que aportan o deben aportar a la economía familiar, está desempleado.

La comisión del gobierno francés ha prometido que habrá un contingente de refuerzo en Cayena para disminuir las cifras de crímenes y que habrá más de 40 millones de euros en inversiones sanitarias. Resta por negociar el estado de las explotaciones de recursos naturales, los apoyos para los agricultores, el desarrollo del transporte departamental y la protección del medioambiente contra la explotación clandestina. Las colectividades locales alegan también que no existen dineros para levantar nuevas escuelas a pesar de que día a día llegan nuevos estudiantes. “Tendremos los profesores, pero no los muros”, dijo un ciudadano a Le Monde.