Hong Kong amplía sus poderes de represión y se inclina ante Beijing
Los críticos de la ley dicen que esta erosionará aún más las libertades civiles.
El Parlamento de Hong Kong aprobó este martes por unanimidad la controvertida Ley de Salvaguardia de la Seguridad Nacional, también conocida como “Artículo 23″, la cual introduce 39 nuevos delitos de seguridad nacional y que modifica o crea nuevos castigos para las faltas como traición, insurrección, sabotaje, interferencia externa y espionaje. La nueva legislación también prohíbe a las organizaciones u organismos políticos del territorio establecer vínculos con organizaciones u organismos políticos extranjeros.
En síntesis, esta nueva ley eleva las penas por traición, insurrección y sabotaje a la cadena perpetua, mientras que la sedición ahora será castigada con hasta 10 años de cárcel si se descubre que hay una connivencia con una fuerza extranjera de por medio. Por otro lado, también se amplían los períodos de detención sin cargos de 48 horas a dos semanas.
“La aprobación de esta ley envía el mensaje más claro hasta el momento de que el deseo de las autoridades de Hong Kong de adaptarse a la voluntad de Beijing supera cualquier compromiso pasado en materia de derechos humanos. El gobierno ha ignorado las advertencias cada vez más urgentes de los expertos en derechos humanos de la ONU de que su enfoque de la legislación de seguridad nacional es incompatible con las obligaciones internacionales de Hong Kong”, dijo la directora de Amnistía Internacional para China, Sarah Brooks.
Esta ley ha sido vista como una manera de ejercer más presión sobre los grupos de la oposición, obligándolos a disolverse. También muestra que el gobierno local se va alineando más con China y que no se detienen las medidas para sofocar a la disidencia.
En 2020, Hong Kong ya había impuesto una ley de seguridad nacional en la que se ampliaron las competencias jurídicas para sofocar la disidencia a raíz de las movilizaciones antigubernamentales que se presentaron en 2019. Los observadores dicen que la redacción de la ley tiene una interpretación amplia de lo que se considera “secreto de Estado”, lo que haría que la población pueda meterse en problemas por cualquier cosa.
“Con estas cláusulas draconianas y no claramente definidas, incluso los empresarios apolíticos pueden meterse en problemas y correr el riesgo de que sus oficinas sean allanadas y ellos mismos detenidos, arrestados o sometidos a prohibición de salida, como ocurre en muchos casos en China continental”, le dijo Hung Ho-fung, profesor de sociología en la Universidad Johns Hopkins.
Amnistía Internacional entregó un análisis en el que expresa que “los delitos y los cambios en los poderes de investigación no son necesarios ni proporcionados para una necesidad legítima de seguridad nacional y son contrarios a las obligaciones de derechos humanos de Hong Kong”. También dice que el texto “contiene muchas disposiciones preocupantes, como el vago y amplio delito de ‘interferencia externa’, que podría llevar al procesamiento de activistas por sus intercambios con actores extranjeros”.
Ante las nuevas medidas, cientos de organizaciones de la sociedad civil e innumerables activistas han puesto fin a sus actividades o han abandonado la ciudad, incluidos grupos políticos y organizaciones no gubernamentales.
Los organismos locales como la Asociación de Periodistas de Hong Kong han expresado su preocupación ante la posibilidad de que la nueva ley tenga “implicaciones de gran alcance” para la prensa.
De acuerdo con un informe publicado por la organización Human Rights Now, tras la promulgación de la Ley de Seguridad Nacional hace más tres años, “unos 250 activistas y críticos del Gobierno han sido detenidos, más de 150 procesados y todos los acusados en juicios ya concluidos han sido declarados culpables”, ilustrando la represión de la disidencia.
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El Parlamento de Hong Kong aprobó este martes por unanimidad la controvertida Ley de Salvaguardia de la Seguridad Nacional, también conocida como “Artículo 23″, la cual introduce 39 nuevos delitos de seguridad nacional y que modifica o crea nuevos castigos para las faltas como traición, insurrección, sabotaje, interferencia externa y espionaje. La nueva legislación también prohíbe a las organizaciones u organismos políticos del territorio establecer vínculos con organizaciones u organismos políticos extranjeros.
En síntesis, esta nueva ley eleva las penas por traición, insurrección y sabotaje a la cadena perpetua, mientras que la sedición ahora será castigada con hasta 10 años de cárcel si se descubre que hay una connivencia con una fuerza extranjera de por medio. Por otro lado, también se amplían los períodos de detención sin cargos de 48 horas a dos semanas.
“La aprobación de esta ley envía el mensaje más claro hasta el momento de que el deseo de las autoridades de Hong Kong de adaptarse a la voluntad de Beijing supera cualquier compromiso pasado en materia de derechos humanos. El gobierno ha ignorado las advertencias cada vez más urgentes de los expertos en derechos humanos de la ONU de que su enfoque de la legislación de seguridad nacional es incompatible con las obligaciones internacionales de Hong Kong”, dijo la directora de Amnistía Internacional para China, Sarah Brooks.
Esta ley ha sido vista como una manera de ejercer más presión sobre los grupos de la oposición, obligándolos a disolverse. También muestra que el gobierno local se va alineando más con China y que no se detienen las medidas para sofocar a la disidencia.
En 2020, Hong Kong ya había impuesto una ley de seguridad nacional en la que se ampliaron las competencias jurídicas para sofocar la disidencia a raíz de las movilizaciones antigubernamentales que se presentaron en 2019. Los observadores dicen que la redacción de la ley tiene una interpretación amplia de lo que se considera “secreto de Estado”, lo que haría que la población pueda meterse en problemas por cualquier cosa.
“Con estas cláusulas draconianas y no claramente definidas, incluso los empresarios apolíticos pueden meterse en problemas y correr el riesgo de que sus oficinas sean allanadas y ellos mismos detenidos, arrestados o sometidos a prohibición de salida, como ocurre en muchos casos en China continental”, le dijo Hung Ho-fung, profesor de sociología en la Universidad Johns Hopkins.
Amnistía Internacional entregó un análisis en el que expresa que “los delitos y los cambios en los poderes de investigación no son necesarios ni proporcionados para una necesidad legítima de seguridad nacional y son contrarios a las obligaciones de derechos humanos de Hong Kong”. También dice que el texto “contiene muchas disposiciones preocupantes, como el vago y amplio delito de ‘interferencia externa’, que podría llevar al procesamiento de activistas por sus intercambios con actores extranjeros”.
Ante las nuevas medidas, cientos de organizaciones de la sociedad civil e innumerables activistas han puesto fin a sus actividades o han abandonado la ciudad, incluidos grupos políticos y organizaciones no gubernamentales.
Los organismos locales como la Asociación de Periodistas de Hong Kong han expresado su preocupación ante la posibilidad de que la nueva ley tenga “implicaciones de gran alcance” para la prensa.
De acuerdo con un informe publicado por la organización Human Rights Now, tras la promulgación de la Ley de Seguridad Nacional hace más tres años, “unos 250 activistas y críticos del Gobierno han sido detenidos, más de 150 procesados y todos los acusados en juicios ya concluidos han sido declarados culpables”, ilustrando la represión de la disidencia.
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