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En el primer juicio bajo la estricta ley de seguridad nacional impuesta por China, un tribunal de Hong Kong condenó a Tong Ying-kit, de 24 años, por terrorismo e incitación a la secesión. Tong fue declarado culpable de terrorismo por estrellar su motocicleta contra tres policías, y de incitar a la secesión por llevar una bandera con un mensaje de protesta.
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“Cometió actividades terroristas que causaron o pretendieron causar un daño grave a la sociedad”, se leía en el veredicto de la jueza Esther Toh publicado por The Guardian. Agregó que el comportamiento de Tong fue un acto de violencia destinado a coaccionar a los gobiernos central y de Hong Kong e intimidar al público.
Tong Ying-kit, que se había declarado inocente y se enfrenta ahora a la cadena perpetua, conocerá más adelante la pena impuesta por estos hechos, que ocurrieron un día después de la promulgación de la ley de seguridad nacional para Hong Kong. Las autoridades ya han utilizado esta ley, que define vagamente delitos políticos como la subversión, para frenar las protestas y arrestar a varios líderes.
Y es que este caso está justamente relacionado con un incidente que tuvo lugar el 1 de julio del año pasado, cuando miles de manifestantes salieron a la calles de Hong Kong y se encontraron con una fuerte respuesta policial.
Durante el juicio, los expertos de la defensa aseguraron que el lema de la bandera tenía múltiples significados, dependiendo de la persona: desde un reclamo de independencia hasta otros de mayor democracia y responsabilidad policial. Para la fiscalía, en cambio, tenia claras connotaciones separatistas y la decisión de Tong de chocar su moto contra la policía se ajustaba a la definición de terrorismo de la nueva ley.
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El juicio de 15 días se realizó sin jurado, un cambio en la tradición legal del centro financiero. Los tres jueces que fallaron fueron designados por las autoridades locales para juzgar los crímenes de seguridad nacional. Al condenar a Tong, el tribunal demostró hasta qué punto la nueva ley criminalizaría el discurso político, explican los analistas.
“Creo que nos estaríamos engañando si pensamos que la ley de seguridad nacional no se aplicaría de la forma en que el gobierno chino la concibió”, dijo Steve Tsang, director del Instituto SOAS China en Londres, un centro que promueve la investigación y los estudios interdisciplinarios, al New York Times. “La idea de que el poder judicial de Hong Kong podría moderarlo sería un error”, agregó.
Por su parte, el director regional de Amnistía Internacional en Asia y el Pacífico, Yamini Mishra, dijo que “la gente debería tener la libertad de utilizar lemas políticos durante las protestas, y Tong Ying-kit no debería ser castigado por ejercer su derecho a la libertad de expresión”. Mientras que Benedict Rogers, director ejecutivo del grupo de derechos humanos Hong Kong Watch, calificó el fallo como “un golpe a la libertad de expresión”, según informó The Guardian. Agregó que el centro financiero mundial era “ahora poco más que un estado policial”.
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“Todo el sistema, desde la administración hasta la aplicación de la ley y el poder judicial, ha alcanzado una alineación”, dijo a la AFP Eric Lai, un experto del sistema jurídico hongkonés en la Georgetown Law School. Surya Deva, de la facultad de Derecho de la City University de Hong Kong, estimó que “todas las instituciones y los procesos legales se orientarán para conseguir resultados predeterminados” en los casos sobre seguridad nacional.
Más de 60 personas han sido acusadas en virtud de esta ley, incluidos algunos de los más reconocidos activistas como Jimmy Lai, dueño del clausurado diario Apple Daily. La mayoría esperan su juicio en prisión.
Los activistas prodemocracia y muchos países occidentales afirman que la ley de seguridad está cambiando Hong Kong a imagen de China. Pekín asegura que era necesaria para restaurar la estabilidad tras las protestas de 2019. Desde entonces, esta legislación ha transformado radicalmente el panorama político y legal de la ciudad, a la que China prometió que podría mantener las libertades clave y la autonomía después del fin del dominio británico en 1997.
Con información de Afp*
