El informe anual de derechos humanos publicado por el Departamento de Estado de EE.UU. asegura que la impunidad, un deficiente sistema judicial y la corrupción son los mayores problemas que aquejan a Colombia. El gobierno de Obama también denuncia una sistemática represión a los derechos humanos en Cuba y Venezuela, una precaria situación de las cárceles centroamericanas y un esperanzador deseo de cambio en los países árabes.
Aunque el informe reconoce que el presidente Juan Manuel Santos se esforzó por mejorar el respeto a los derechos humanos y enjuiciar a funcionarios, incluyendo miembros de los servicios de seguridad implicados en abusos, ha persistido “alguna impunidad” y sigue la corrupción, exacerbada por el narcotráfico.
La impunidad, que según el documento es el mayor problema del país, aparece como efecto de un frágil sistema judicial, sujeto a la intimidación, que limita la capacidad del Estado para procesar a los acusados de abusos a los DD.HH. y a exparamilitares.
El Departamento de Estado aclara que, además de los agentes de seguridad, grupos de insurgentes como las Farc, el Eln y los exparamilitares también cometieron “numerosos abusos”, y en medio del tráfico de drogas y la violencia, los indígenas y afrocolombianos se vieron sin capacidad de “ejercer sus derechos”.
Entre los crímenes cometidos por insurgentes, el informe destaca los asesinatos de políticos y de agentes de seguridad, el uso de minas, secuestros y desapariciones forzadas y el soborno e intimidación de jueces, fiscales y testigos. También señala que estos grupos ilegales reclutaron a niños soldados, atacaron a activistas de derechos humanos, violaron a mujeres o las forzaron a abortar, y acosaron o asesinaron a maestros y líderes sindicales.
Respecto a Latinoamérica, EE.UU. advierte que en Cuba las violaciones de DD.HH. son “actos oficiales” ordenados por Raúl Castro, quien en 2011 hizo “amenazas gubernamentales, intimidación, acoso y detenciones para evitar que los ciudadanos se reunieran libremente”.
En Venezuela, dice el documento, el presidente Chávez recurrió a la Ley Habilitante, que le concede poderes especiales durante 18 meses para decretar leyes contra “derechos fundamentales de propiedad y económicos”, sin “consulta ni aprobación de la Asamblea Nacional”. Además, Chávez “impidió la libertad de expresión y criminalizó la disidencia, acosó e intimidó a cadenas de televisión privadas y sus ataques mediáticos estuvieron impregnados de antisemitismo”.
Aunque el reporte denuncia la excesiva represión por parte de Bashar al Asad contra las revueltas en Siria, dice que los levantamientos populares en los países árabes son “una fuente de inspiración”, aunque “se requerirá tiempo para que se creen partidos políticos con aspiraciones diversas, una sociedad civil sólida, un clima propicio para la libertad de expresión, así como una cultura política transparente”.
Por Redacción Internacional
