Indígenas y afrodescendientes por fuera de la paz

Crece el miedo de que las comunidades afrodescendientes e indígenas, así como sus territorios, queden a la deriva luego de la firma de la paz entre las Farc y el Gobierno colombiano. Organizaciones defensoras de derechos humanos prenden las alarmas sobre el futuro de estas comunidades y sus territorios durante el posconflicto. Se calcula que aproximadamente el 14 % del territorio colombiano –es decir, cerca de ocho millones de hectáreas de tierra– sería liberado de la presión de las Farc una vez se firme la paz. Todo un fortín territorial que tanto grupos criminales como explotadores de recursos naturales y multinacionales se pelearán centímetro a centímetro.

Es por esta razón que las comunidades indígenas y afrodescendientes en Colombia, desplazados históricos de estos territorios, claman por la protección y restitución de estas tierras. Existe cerca de un millón y medio de desplazados indígenas, de los cuales casi medio millón no tienen reconocimiento oficial de sus derechos colectivos de la tierra y solo el 5 % de la comunidad afrodescendiente goza de esos derechos.

Hablamos del tema con Gimena Sa?nchez-Garzoli, investigadora especializada en derechos humanos de las comunidades afros e indígenas en Colombia, quien ha trabajado para la ONU, la Cruz Roja y Brookings Institute, entre otros. Actualmente es analista sénior de la zona andina para la oficina en Washington para América Latina (WOLA).

¿Por qué los derechos colectivos de la tierra de las comunidades afrodescendientes e indígenas son fundamentales para la consolidación de la paz en Colombia?

Porque estos grupos son dueños de tierras colectivas y, de acuerdo con las leyes colombianas, lo que se implemente en ellas tiene que ser consultado previamente con sus autoridades étnicas. Como muchos de los sitios donde se van a desmovilizar las Farc en el Pacífico colombiano son territorios afros o indígenas, el Estado tiene el deber de consultar con ellos para asegurar que la desmovilización evite nuevos conflictos.

¿Qué disposición existe en el tratado preliminar de paz con las Farc para garantizar esta restitución de tierras, así como la protección de estos territorios?

Los acuerdos miran los temas de forma general, pero no abordan los temas de los derechos colectivos y diferenciados de las comunidades afros e indígenas. Para que estos acuerdos sean efectivos no basta con apoyar a quienes habitan estas zonas, sino también mediante la implementación eficiente, la cual requiere de un diálogo con las autoridades étnicas sobre las decisiones de cómo se aplicarán estas disposiciones del acuerdo de paz y su efecto en las distintas comunidades.

¿Por qué los afrodescendientes e indígenas, dos de las poblaciones más azotadas por la violencia en nuestro país, no han tenido voz en los acuerdos de La Habana?

Por un lado, para el Gobierno estas zonas se ven más como territorios a pacificar con el fin de aumentar la inversión económica y la locomotora minera. Para las Farc, estas zonas se ven como áreas nuevas para consolidar su proyecto político. Ninguna de las partes tiene interés en respetar el hecho de que estas comunidades son autónomas. Es un error no dialogar con estas comunidades para buscar acuerdos con ellos.

¿Siempre han sido olvidados de estos procesos?

Sí. Por ejemplo, ellos no fueron parte del proceso de la Constitución Política de 1991. Fue un indígena el que logró el artículo transitorio en la Constitución que luego creó la ley 70 de comunidades negras. Con la Ley de Víctimas y Tierras, también afros e indígenas fueron considerados post facto y ahí se pueden ver los resultados. La filosofía de si no eres parte del acuerdo luego serás vinculado no funciona, es por eso que la inclusión de las comunidades afro e indígenas tiene que realizarse antes de la firma del tratado de paz.

¿Cuál es el balance de la ley de restitución de tierras de 2011?

En general, reconocer a las víctimas y sus derechos ha sido algo positivo, pero varios informes como el de Human Rights Watch y Amnistía Internacional muestran que ha habido muchos problemas en la implementación. En términos de restituir derechos de tierras colectivas a comunidades afros el programa no ha funcionado. Una preocupación grande han sido las amenazas y ataques que han sufrido líderes y miembros de estas comunidades a la hora de reclamar sus derechos.

¿Qué aportó el plan Colombia en esta materia?

Estados Unidos en su ayuda económica a través de Usaid promovió que en Colombia se creara una infraestructura institucional sobre el tema de la ley de tierras. Pero los resultados son pocos, en una parte, porque el programa se ha implementado en un clima de guerra e inseguridad. En términos de las comunidades afros e indígenas, desde el 2008 Usaid ha apoyado algunos programas exitosos para estas poblaciones. Aun falta mucho por hacer y se requiere más voluntad política y presupuesto de parte del gobierno de Colombia. Sin embargo, los proyectos de ACDI/VOCA que involucran a las organizaciones étnicas mediante la búsqueda de alianzas públicas y privadas han sido una buena manera de avanzar con los temas y necesidades de estas poblaciones.

En el nuevo paquete que se someterá al Congreso, de ayuda a Colombia para el posconflicto, ¿ hay puntos destinados a la protección de los territorios de indígenas y afrodescendientes?

Se espera que el Congreso de Estados Unidos asegure que el paquete tenga un gran componente específico para la protección de derechos colectivos e individuales de estas poblaciones.

¿Se ha hecho algo en La Habana mediante la Reforma Rural Integral para anteponer el derecho de estas comunidades sobre sus tierras al deseo de empresas y del mismo Estado a explotar estas zonas ricas en recursos naturales?

Este aspecto es preocupante, porque dos de las causas del conflicto son la inequidad y la lucha por la tierra y si el acuerdo no mira cómo lo que se está pactando afecta a estas comunidades, se cae en la posibilidad de que los problemas se agudicen, sobre todo en las comunidades más golpeadas por la violencia.

¿Existen los dientes necesarios en el acuerdo para blindar al país en materia de deforestación, expansión de la minería ilegal, explotación agrícola y protección de la biodiversidad de estos territorios?

En mi opinión, no.

¿Podría el acuerdo de paz convertirse en la peor noticia para el medio ambiente en nuestro país?

Ojalá que no. Que sea esta una oportunidad para preservar y explotar recursos de manera sostenible en zonas que históricamente han estado en conflicto.

¿Qué tan clave será la presión que ponga el Ejército sobre las fuerzas paramilitares, así como sobre los grandes terratenientes, para garantizar la protección de estas tierras?

Este es un problema doble. Por un lado, las Fuerzas Armadas deben perseguir y garantizar la protección de estos territorios, pero al mismo tiempo hay que fortalecer la justicia y la presencia del Estado, así como las oportunidades económicas para que los jóvenes afrodescendientes e indígenas no sean reclutados por los actores que vendrán a llenar esos vacíos de poder una vez se firme la paz.

Crece el miedo de que las comunidades afrodescendientes e indígenas, así como sus territorios, queden a la deriva luego de la firma de la paz entre las Farc y el Gobierno colombiano. Organizaciones defensoras de derechos humanos prenden las alarmas sobre el futuro de estas comunidades y sus territorios durante el posconflicto. Se calcula que aproximadamente el 14 % del territorio colombiano –es decir, cerca de ocho millones de hectáreas de tierra– sería liberado de la presión de las Farc una vez se firme la paz. Todo un fortín territorial que tanto grupos criminales como explotadores de recursos naturales y multinacionales se pelearán centímetro a centímetro.

Es por esta razón que las comunidades indígenas y afrodescendientes en Colombia, desplazados históricos de estos territorios, claman por la protección y restitución de estas tierras. Existe cerca de un millón y medio de desplazados indígenas, de los cuales casi medio millón no tienen reconocimiento oficial de sus derechos colectivos de la tierra y solo el 5 % de la comunidad afrodescendiente goza de esos derechos.

Hablamos del tema con Gimena Sa?nchez-Garzoli, investigadora especializada en derechos humanos de las comunidades afros e indígenas en Colombia, quien ha trabajado para la ONU, la Cruz Roja y Brookings Institute, entre otros. Actualmente es analista sénior de la zona andina para la oficina en Washington para América Latina (WOLA).

¿Por qué los derechos colectivos de la tierra de las comunidades afrodescendientes e indígenas son fundamentales para la consolidación de la paz en Colombia?

Porque estos grupos son dueños de tierras colectivas y, de acuerdo con las leyes colombianas, lo que se implemente en ellas tiene que ser consultado previamente con sus autoridades étnicas. Como muchos de los sitios donde se van a desmovilizar las Farc en el Pacífico colombiano son territorios afros o indígenas, el Estado tiene el deber de consultar con ellos para asegurar que la desmovilización evite nuevos conflictos.

¿Qué disposición existe en el tratado preliminar de paz con las Farc para garantizar esta restitución de tierras, así como la protección de estos territorios?

Los acuerdos miran los temas de forma general, pero no abordan los temas de los derechos colectivos y diferenciados de las comunidades afros e indígenas. Para que estos acuerdos sean efectivos no basta con apoyar a quienes habitan estas zonas, sino también mediante la implementación eficiente, la cual requiere de un diálogo con las autoridades étnicas sobre las decisiones de cómo se aplicarán estas disposiciones del acuerdo de paz y su efecto en las distintas comunidades.

¿Por qué los afrodescendientes e indígenas, dos de las poblaciones más azotadas por la violencia en nuestro país, no han tenido voz en los acuerdos de La Habana?

Por un lado, para el Gobierno estas zonas se ven más como territorios a pacificar con el fin de aumentar la inversión económica y la locomotora minera. Para las Farc, estas zonas se ven como áreas nuevas para consolidar su proyecto político. Ninguna de las partes tiene interés en respetar el hecho de que estas comunidades son autónomas. Es un error no dialogar con estas comunidades para buscar acuerdos con ellos.

¿Siempre han sido olvidados de estos procesos?

Sí. Por ejemplo, ellos no fueron parte del proceso de la Constitución Política de 1991. Fue un indígena el que logró el artículo transitorio en la Constitución que luego creó la ley 70 de comunidades negras. Con la Ley de Víctimas y Tierras, también afros e indígenas fueron considerados post facto y ahí se pueden ver los resultados. La filosofía de si no eres parte del acuerdo luego serás vinculado no funciona, es por eso que la inclusión de las comunidades afro e indígenas tiene que realizarse antes de la firma del tratado de paz.

¿Cuál es el balance de la ley de restitución de tierras de 2011?

En general, reconocer a las víctimas y sus derechos ha sido algo positivo, pero varios informes como el de Human Rights Watch y Amnistía Internacional muestran que ha habido muchos problemas en la implementación. En términos de restituir derechos de tierras colectivas a comunidades afros el programa no ha funcionado. Una preocupación grande han sido las amenazas y ataques que han sufrido líderes y miembros de estas comunidades a la hora de reclamar sus derechos.

¿Qué aportó el plan Colombia en esta materia?

Estados Unidos en su ayuda económica a través de Usaid promovió que en Colombia se creara una infraestructura institucional sobre el tema de la ley de tierras. Pero los resultados son pocos, en una parte, porque el programa se ha implementado en un clima de guerra e inseguridad. En términos de las comunidades afros e indígenas, desde el 2008 Usaid ha apoyado algunos programas exitosos para estas poblaciones. Aun falta mucho por hacer y se requiere más voluntad política y presupuesto de parte del gobierno de Colombia. Sin embargo, los proyectos de ACDI/VOCA que involucran a las organizaciones étnicas mediante la búsqueda de alianzas públicas y privadas han sido una buena manera de avanzar con los temas y necesidades de estas poblaciones.

En el nuevo paquete que se someterá al Congreso, de ayuda a Colombia para el posconflicto, ¿ hay puntos destinados a la protección de los territorios de indígenas y afrodescendientes?

Se espera que el Congreso de Estados Unidos asegure que el paquete tenga un gran componente específico para la protección de derechos colectivos e individuales de estas poblaciones.

¿Se ha hecho algo en La Habana mediante la Reforma Rural Integral para anteponer el derecho de estas comunidades sobre sus tierras al deseo de empresas y del mismo Estado a explotar estas zonas ricas en recursos naturales?

Este aspecto es preocupante, porque dos de las causas del conflicto son la inequidad y la lucha por la tierra y si el acuerdo no mira cómo lo que se está pactando afecta a estas comunidades, se cae en la posibilidad de que los problemas se agudicen, sobre todo en las comunidades más golpeadas por la violencia.

¿Existen los dientes necesarios en el acuerdo para blindar al país en materia de deforestación, expansión de la minería ilegal, explotación agrícola y protección de la biodiversidad de estos territorios?

En mi opinión, no.

¿Podría el acuerdo de paz convertirse en la peor noticia para el medio ambiente en nuestro país?

Ojalá que no. Que sea esta una oportunidad para preservar y explotar recursos de manera sostenible en zonas que históricamente han estado en conflicto.

¿Qué tan clave será la presión que ponga el Ejército sobre las fuerzas paramilitares, así como sobre los grandes terratenientes, para garantizar la protección de estas tierras?

Este es un problema doble. Por un lado, las Fuerzas Armadas deben perseguir y garantizar la protección de estos territorios, pero al mismo tiempo hay que fortalecer la justicia y la presencia del Estado, así como las oportunidades económicas para que los jóvenes afrodescendientes e indígenas no sean reclutados por los actores que vendrán a llenar esos vacíos de poder una vez se firme la paz.