Integrar a migrantes venezolanos, un reto para Latinoamérica

Diversas organizaciones protectoras de derechos humanos presentaron este viernes los avances y dificultades que han tenido los países de Latinoamérica y el Caribe para enfrentar la migración venezolana que se ha incrementado significativamente durante los últimos meses.

La intervención hizo parte del ultimo día del 168 Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Santo Domingo.

En la audiencia participaron organizaciones como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), el Servicio Jesuita para los Refugiados para Latinoamérica y el Caribe (SJT – Lac) y Asylum Access.

La audiencia se realizó en medio de una crisis migratoria sin precedentes en la región. La Comisión Especial para Refugiados indicó en su último informe sobre Venezuela, de marzo de 2018, que Perú recibe 700 aplicaciones de refugio al día y a Ecuador llegaron 180.000 venezolanos en los primeros tres meses de 2018.

El gobierno brasileño abrió un nuevo refugio en la localidad fronteriza de Boa Vista y 594 personas que vivían en la calle fueron relocalizadas. Autoridades de Migración Colombia afirman que más de 600.000 venezolanos están en el país.

Con esta movilidad humana, varias organizaciones protectoras de derechos humanos han señalado que es hora de implementar soluciones regionales coordinadas que suplan las necesidades de estas personas a largo plazo.

“La CIDH ha sido un aliado de las organizaciones de la sociedad civil. Ha tenido un trabajo sumamente destacable en materia de protección de movilidad humana venezolana. Puede ser un canal de diálogo entre los diferentes estados para mejorar las prácticas hacia la población venezolana en busca de protección”, le contó a la Agencia Anadolu Xavier Gudiño, gerente legal para América Latina de Asylum Access.

Uno de los temas de más importancia en la discusión son las soluciones duraderas y la integración a largo plazo para los migrantes y refugiados provenientes de Venezuela.

Gudiño explica que diversos países de la región, como Argentina, México, Chile y Colombia, se han esforzado por implementar regímenes de protección temporal que han sido un gran alivio, entre los casos más destacables.

México, por ejemplo, tiene niveles de aceptación de las solicitudes de asilo que bordean más del 98%.

“La posibilidad de acceder a una documentación es un paso primordial e indispensable y el tema de acceso a servicios básicos como salud y educación que han desplegados diversos países de la región ha sido muy rescatable. Lo que se puede mejorar son los mecanismos de integración a largo plazo”, explica el abogado.

Las soluciones duraderas para los migrantes y refugiados pasan por la integración laboral, social y cultural al país de acogida, así como alternativas migratorias a largo plazo.

El trabajo, eje central de una integración duradera El derecho al trabajo, explica Gudiño, es el núcleo central de los procesos de integración social, cultural y económica. Cuando un migrante encuentra trabajo legal que le permite subsistir, se reducen los niveles de riesgo y accede a otros beneficios sociales.

“Si bien los Estados han hecho esfuerzos importantes para dar este derecho a la población venezolana, no se han centrado en una política pública de inclusión a programas estatales de apoyo al sector productivo y de emprendimiento. Ese es el déficit que vemos actualmente”, explica Gudiño.

Diversas organizaciones humanitarias y gobiernos han registrado preocupantes niveles de precarización laboral. Cientos de venezolanos, al no contar con papeles o encontrar discriminación en las ciudades a las que llegan, trabajan por menos del salario mínimo y de manera irregular.

Estudios realizados por Asylum Access indican que el motor laboral en el que se está focalizando la población venezolana es el comercio informal.

“Esto no es exclusivo de los venezolanos. Mucha de la población local también está inmersa en este mercado informal, pero las condiciones de vulnerabilidad asociadas a la migración generan un doble factor de riesgo y de vulneración de derechos”, añade Gudiño.

Existen diversas prácticas de integración laboral a nivel global que han probado ser efectivas. En Uganda, por ejemplo, se realizó un estudio del mercado laboral y necesidades de formación para crear un proyecto dirigido a población local y refugiada. Se crearon nexos al mercado laboral con la ayuda de la empresa privada.

En Ecuador han existido iniciativas que se han enfocado en emprendimiento para mujeres refugiadas en su frontera norte. La xenofobia La integración laboral y social debe estar estrechamente acompañada con medidas contra la xenofobia para que tengan un impacto más amplio, explica Gudiño.

Este es un aspecto vital para proteger los derechos humanos y dignidad de los migrantes y refugiados.

En diferentes países de Latinoamérica se han promovido campañas de solidaridad y no discriminación. En Colombia, ‘Somos Panas’, del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur), ha promovido un ambiente de amistad entre los países vecinos buscando el apoyo de la sociedad civil, los líderes de opinión y diversas entidades del Estado para contrarrestar la xenofobia.

Lo que buscan las organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes es que se puedan intercambiar buenas prácticas de acogida e integración a venezolanos para crear una respuesta más homogénea en la región.

“Es importante resaltar las buenas prácticas de ciertos países para generar un efecto de réplica en el resto de la región. También buscamos que este diálogo de protección se continúe con miras a homogenizar las buenas practicas de protección”, explica Gudiño.

El escalamiento en la migración venezolana en los últimos meses ha dejado claro que las respuestas unilaterales se quedan un poco cortas. En Colombia, donde se adelanta una campaña de registro para los migrantes venezolanos, se ha encontrado que el 23% de los venezolanos registrados son niños y solo 49% de los niños en edad escolar están estudiando. El 98% de los venezolanos registrados no están afiliados al sistema de salud. “Necesitamos soluciones programáticas a nivel regional”, concluye Gudiño.​

Diversas organizaciones protectoras de derechos humanos presentaron este viernes los avances y dificultades que han tenido los países de Latinoamérica y el Caribe para enfrentar la migración venezolana que se ha incrementado significativamente durante los últimos meses.

La intervención hizo parte del ultimo día del 168 Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Santo Domingo.

En la audiencia participaron organizaciones como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), el Servicio Jesuita para los Refugiados para Latinoamérica y el Caribe (SJT – Lac) y Asylum Access.

La audiencia se realizó en medio de una crisis migratoria sin precedentes en la región. La Comisión Especial para Refugiados indicó en su último informe sobre Venezuela, de marzo de 2018, que Perú recibe 700 aplicaciones de refugio al día y a Ecuador llegaron 180.000 venezolanos en los primeros tres meses de 2018.

El gobierno brasileño abrió un nuevo refugio en la localidad fronteriza de Boa Vista y 594 personas que vivían en la calle fueron relocalizadas. Autoridades de Migración Colombia afirman que más de 600.000 venezolanos están en el país.

Con esta movilidad humana, varias organizaciones protectoras de derechos humanos han señalado que es hora de implementar soluciones regionales coordinadas que suplan las necesidades de estas personas a largo plazo.

“La CIDH ha sido un aliado de las organizaciones de la sociedad civil. Ha tenido un trabajo sumamente destacable en materia de protección de movilidad humana venezolana. Puede ser un canal de diálogo entre los diferentes estados para mejorar las prácticas hacia la población venezolana en busca de protección”, le contó a la Agencia Anadolu Xavier Gudiño, gerente legal para América Latina de Asylum Access.

Uno de los temas de más importancia en la discusión son las soluciones duraderas y la integración a largo plazo para los migrantes y refugiados provenientes de Venezuela.

Gudiño explica que diversos países de la región, como Argentina, México, Chile y Colombia, se han esforzado por implementar regímenes de protección temporal que han sido un gran alivio, entre los casos más destacables.

México, por ejemplo, tiene niveles de aceptación de las solicitudes de asilo que bordean más del 98%.

“La posibilidad de acceder a una documentación es un paso primordial e indispensable y el tema de acceso a servicios básicos como salud y educación que han desplegados diversos países de la región ha sido muy rescatable. Lo que se puede mejorar son los mecanismos de integración a largo plazo”, explica el abogado.

Las soluciones duraderas para los migrantes y refugiados pasan por la integración laboral, social y cultural al país de acogida, así como alternativas migratorias a largo plazo.

El trabajo, eje central de una integración duradera El derecho al trabajo, explica Gudiño, es el núcleo central de los procesos de integración social, cultural y económica. Cuando un migrante encuentra trabajo legal que le permite subsistir, se reducen los niveles de riesgo y accede a otros beneficios sociales.

“Si bien los Estados han hecho esfuerzos importantes para dar este derecho a la población venezolana, no se han centrado en una política pública de inclusión a programas estatales de apoyo al sector productivo y de emprendimiento. Ese es el déficit que vemos actualmente”, explica Gudiño.

Diversas organizaciones humanitarias y gobiernos han registrado preocupantes niveles de precarización laboral. Cientos de venezolanos, al no contar con papeles o encontrar discriminación en las ciudades a las que llegan, trabajan por menos del salario mínimo y de manera irregular.

Estudios realizados por Asylum Access indican que el motor laboral en el que se está focalizando la población venezolana es el comercio informal.

“Esto no es exclusivo de los venezolanos. Mucha de la población local también está inmersa en este mercado informal, pero las condiciones de vulnerabilidad asociadas a la migración generan un doble factor de riesgo y de vulneración de derechos”, añade Gudiño.

Existen diversas prácticas de integración laboral a nivel global que han probado ser efectivas. En Uganda, por ejemplo, se realizó un estudio del mercado laboral y necesidades de formación para crear un proyecto dirigido a población local y refugiada. Se crearon nexos al mercado laboral con la ayuda de la empresa privada.

En Ecuador han existido iniciativas que se han enfocado en emprendimiento para mujeres refugiadas en su frontera norte. La xenofobia La integración laboral y social debe estar estrechamente acompañada con medidas contra la xenofobia para que tengan un impacto más amplio, explica Gudiño.

Este es un aspecto vital para proteger los derechos humanos y dignidad de los migrantes y refugiados.

En diferentes países de Latinoamérica se han promovido campañas de solidaridad y no discriminación. En Colombia, ‘Somos Panas’, del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur), ha promovido un ambiente de amistad entre los países vecinos buscando el apoyo de la sociedad civil, los líderes de opinión y diversas entidades del Estado para contrarrestar la xenofobia.

Lo que buscan las organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes es que se puedan intercambiar buenas prácticas de acogida e integración a venezolanos para crear una respuesta más homogénea en la región.

“Es importante resaltar las buenas prácticas de ciertos países para generar un efecto de réplica en el resto de la región. También buscamos que este diálogo de protección se continúe con miras a homogenizar las buenas practicas de protección”, explica Gudiño.

El escalamiento en la migración venezolana en los últimos meses ha dejado claro que las respuestas unilaterales se quedan un poco cortas. En Colombia, donde se adelanta una campaña de registro para los migrantes venezolanos, se ha encontrado que el 23% de los venezolanos registrados son niños y solo 49% de los niños en edad escolar están estudiando. El 98% de los venezolanos registrados no están afiliados al sistema de salud. “Necesitamos soluciones programáticas a nivel regional”, concluye Gudiño.​