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Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) admitieron “fallos profesionales” y violaciones de órdenes en el ataque del 23 de marzo en Gaza, donde murieron 15 rescatistas, incluidos paramédicos de la Media Luna Roja, personal de defensa civil y un trabajador de la ONU. A pesar de la gravedad del incidente, que generó condenas internacionales y llamados a investigar posibles crímenes de guerra, el Ejército israelí no recomendó sanciones penales ni encontraron violaciones a su código ético.
La investigación, conducida internamente por el ejército, concluyó que el subcomandante de la Brigada Golani, comandante de campo en el área del ataque, entregó un reporte “incompleto e inexacto” sobre los hechos por lo que debe ser destituido. Otro comandante será sancionado administrativamente.
“Las Fuerzas de Defensa de Israel expresan su pesar por el daño causado a civiles no involucrados”, señaló un comunicado de las IDF.
El ejército argumentó que sus tropas respondieron a “amenazas reales” y que el incidente fue resultado de una “mala interpretación operacional” durante un contexto de poca visibilidad nocturna.
Los socorristas asesinados —ocho miembros de la Media Luna Roja Palestina, seis de la Defensa Civil y un trabajador de la ONU— formaban parte de un convoy de ambulancias en una misión de rescate en el sur de Gaza. Los cuerpos fueron hallados días después en una fosa improvisada junto a sus vehículos destruidos. La ONU afirmó que los trabajadores fueron “ejecutados uno por uno”.
Las pruebas sobre el ataque de Israel a civiles
Aunque inicialmente el ejército israelí aseguró que los vehículos no llevaban señales de emergencia visibles, videos recuperados de un celular de uno de los socorristas mostraron lo contrario: ambulancias con luces encendidas y logotipos claramente identificables. Por ello, la Media Luna Roja Palestina calificó de “mentiroso” e “inaceptable” el informe militar.
“Intenta justificar las muertes culpando a un error de mando en el terreno, cuando la verdad es muy distinta”, declaró Nebal Farsakh, vocera de la organización.
El presidente de la Media Luna Roja, Yunis Al Jatib, aseguró que las autopsias demostraron que todas las víctimas recibieron disparos en la parte superior del cuerpo, “con intención de matar”. Pese a la versión del ejército, que afirma que seis de los 15 fallecidos eran miembros de Hamás, no se presentaron pruebas. Tampoco se encontraron armas en la escena.
Dos socorristas sobrevivieron al ataque, uno de los cuales, Asaad al Nsasrah, conductor de ambulancia, continúa detenido en Israel, según la Media Luna Roja. Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, declaró estar “horrorizado” por el ataque y subrayó que el caso podría constituir un crimen de guerra.
Organizaciones de derechos humanos, como Lawyers for Palestinian Human Rights, criticaron que la investigación fuera realizada por el propio ejército israelí, lo que, según ellas, le resta independencia y credibilidad.
“La gravedad del caso exigía una investigación criminal inmediata, no una revisión interna sin consecuencias judiciales”, afirmó el abogado Daniel Machover, cofundador del grupo.
Mientras crecen las protestas, Israel insiste en que lamenta lo ocurrido, pero mantiene su postura de que fue un error en el contexto de un operativo militar. La Media Luna Roja, por su parte, lo llama “un crimen encubierto”.
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