Israel permite la alimentación forzada

El Parlamento israelí acaba de aprobar una ley que enciende los ánimos de muchos médicos y defensores de derechos humanos dentro y fuera de Israel. La medida permite la alimentación forzada de prisioneros, en caso de que sus vidas corran peligro.

Con la aprobación estalla un fuerte debate ético y político. Mientras partidarios de la medida aseguran que las huelgas de hambre se han convertido en una “amenaza” para Israel y que la alimentación forzada sólo se utilizará en casos extremos en que los médicos estimen que la continuación de la huelga de hambre genera un riesgo para la vida del prisionero o daños permanentes para su salud, otros sectores opinan todo lo contrario. La lista árabe unida, conformada por los principales partidos árabes en el Parlamento, denunció que se trata de una “ley para torturar a los prisioneros políticos”, que niega su derecho legítimo a resistir y que refleja la “visión retorcida” del gobierno de Netanyahu sobre “los valores democráticos fundamentales”.

Desde antes de aprobada la ley, la Asociación de Médicos Israelí había advertido que se trata de una forma de tortura y que ordenaría que se “actúe únicamente en función de las reglas éticas y no se alimente a los huelguistas de hambre en contra de su voluntad”. Según esta asociación, en los últimos dos años más de mil presos palestinos decidieron realizar huelgas de hambre en prisiones israelíes, pero ninguno de ellos murió. “Los presos están protestando, no suicidándose”.

La Asociación Médica Mundial, que incluye asociaciones nacionales, ha manifestado que la alimentación forzada nunca ha sido éticamente aceptable, porque “va contra el ADN de los médicos forzar el tratamiento de un paciente (...) es tortura, y no podemos dejar que los médicos participen en la tortura”. A estas manifestaciones se unió la ONG israelí Physicians for Human Rights (PHR), al advertir que se trata de una ley terrible que convierte la medicina en una herramienta de la actuación policial, el castigo y la opresión.

El año pasado el gobierno israelí ya le había dado el visto bueno a esta ley, cuando una masiva huelga de hambre provocó la hospitalización de decenas de presos. Aunque la ley no menciona expresamente que los presos palestinos sean su objeto, son ellos quienes generalmente realizan huelgas de hambre en protesta por violaciones de DD.HH. a los que son sometidos.

Muchos de los que protestaron el año pasado estaban bajo detención administrativa, una medida que sigue vigente y que el ejército de Israel utiliza en los territorios ocupados para arrestar personas consideradas una amenaza para el país, sin imputación de delitos ni necesidad de evidencias, y que permite retener por períodos renovables de seis meses sin informarles a ellos ni a sus abogados de qué se los acusa.

Según la ONG Addamer, aunque esta medida se aplica casi exclusivamente a palestinos, también extranjeros e israelíes pueden ser detenidos de esta manera. Hoy son 401 los palestinos bajo detención administrativa.

Lo que los presos pedían con las anteriores huelgas de hambre —y muchos siguen pidiendo— era que se detuviera la práctica de la detención administrativa y el confinamiento solitario, para renovar, entre otros, el derecho a tener visitas de familiares, una asistencia médica digna y educación en las prisiones. En vez de atender estas reivindicaciones, apoyadas por múltiples organizaciones, el Parlamento ha optado por aprobar la alimentación forzada para aplacar las huelgas de hambre.

La Autoridad Nacional Palestina (ANP) ha denunciado que esta “peligrosa política israelí (la detención administrativa) ha convertido a los prisioneros palestinos en rehenes de los servicios de seguridad israelíes, vulnerando la legislación internacional de DD.HH.”. Un pronunciamiento de PHR aclara que, aunque “la detención administrativa es permitida bajo el derecho internacional humanitario, debe ser usada sólo bajo circunstancias excepcionales, porque infringe los derechos humanos fundamentales. De hecho, la negación a un juicio justo constituye una ‘grave violación’ a la Cuarta Convención de Génova, una de las más serias formas de crímenes de guerra. Esta forma de arresto arbitrario también va en contra de los artículos 9 y 14 del Convenio Internacional para los Derechos Políticos y Civiles”.

La situación de los presos palestinos no es muy distinta a las detenciones ilegales en la base naval estadounidense de Guantánamo, donde también ha habido huelgas de hambre masivas por parte de detenidos que en principio fueron considerados sospechosos de terrorismo, pero cuya liberación fue aprobada hace varios años y, sin embargo, siguen tras las rejas. La alimentación forzada y los métodos brutales con que se ha implementado en Guantánamo han sido calificados, tanto por la Comisión Interamericana de DD.HH. como por la ONU, como una práctica injustificable y una forma de tortura.

El Parlamento israelí acaba de aprobar una ley que enciende los ánimos de muchos médicos y defensores de derechos humanos dentro y fuera de Israel. La medida permite la alimentación forzada de prisioneros, en caso de que sus vidas corran peligro.

Con la aprobación estalla un fuerte debate ético y político. Mientras partidarios de la medida aseguran que las huelgas de hambre se han convertido en una “amenaza” para Israel y que la alimentación forzada sólo se utilizará en casos extremos en que los médicos estimen que la continuación de la huelga de hambre genera un riesgo para la vida del prisionero o daños permanentes para su salud, otros sectores opinan todo lo contrario. La lista árabe unida, conformada por los principales partidos árabes en el Parlamento, denunció que se trata de una “ley para torturar a los prisioneros políticos”, que niega su derecho legítimo a resistir y que refleja la “visión retorcida” del gobierno de Netanyahu sobre “los valores democráticos fundamentales”.

Desde antes de aprobada la ley, la Asociación de Médicos Israelí había advertido que se trata de una forma de tortura y que ordenaría que se “actúe únicamente en función de las reglas éticas y no se alimente a los huelguistas de hambre en contra de su voluntad”. Según esta asociación, en los últimos dos años más de mil presos palestinos decidieron realizar huelgas de hambre en prisiones israelíes, pero ninguno de ellos murió. “Los presos están protestando, no suicidándose”.

La Asociación Médica Mundial, que incluye asociaciones nacionales, ha manifestado que la alimentación forzada nunca ha sido éticamente aceptable, porque “va contra el ADN de los médicos forzar el tratamiento de un paciente (...) es tortura, y no podemos dejar que los médicos participen en la tortura”. A estas manifestaciones se unió la ONG israelí Physicians for Human Rights (PHR), al advertir que se trata de una ley terrible que convierte la medicina en una herramienta de la actuación policial, el castigo y la opresión.

El año pasado el gobierno israelí ya le había dado el visto bueno a esta ley, cuando una masiva huelga de hambre provocó la hospitalización de decenas de presos. Aunque la ley no menciona expresamente que los presos palestinos sean su objeto, son ellos quienes generalmente realizan huelgas de hambre en protesta por violaciones de DD.HH. a los que son sometidos.

Muchos de los que protestaron el año pasado estaban bajo detención administrativa, una medida que sigue vigente y que el ejército de Israel utiliza en los territorios ocupados para arrestar personas consideradas una amenaza para el país, sin imputación de delitos ni necesidad de evidencias, y que permite retener por períodos renovables de seis meses sin informarles a ellos ni a sus abogados de qué se los acusa.

Según la ONG Addamer, aunque esta medida se aplica casi exclusivamente a palestinos, también extranjeros e israelíes pueden ser detenidos de esta manera. Hoy son 401 los palestinos bajo detención administrativa.

Lo que los presos pedían con las anteriores huelgas de hambre —y muchos siguen pidiendo— era que se detuviera la práctica de la detención administrativa y el confinamiento solitario, para renovar, entre otros, el derecho a tener visitas de familiares, una asistencia médica digna y educación en las prisiones. En vez de atender estas reivindicaciones, apoyadas por múltiples organizaciones, el Parlamento ha optado por aprobar la alimentación forzada para aplacar las huelgas de hambre.

La Autoridad Nacional Palestina (ANP) ha denunciado que esta “peligrosa política israelí (la detención administrativa) ha convertido a los prisioneros palestinos en rehenes de los servicios de seguridad israelíes, vulnerando la legislación internacional de DD.HH.”. Un pronunciamiento de PHR aclara que, aunque “la detención administrativa es permitida bajo el derecho internacional humanitario, debe ser usada sólo bajo circunstancias excepcionales, porque infringe los derechos humanos fundamentales. De hecho, la negación a un juicio justo constituye una ‘grave violación’ a la Cuarta Convención de Génova, una de las más serias formas de crímenes de guerra. Esta forma de arresto arbitrario también va en contra de los artículos 9 y 14 del Convenio Internacional para los Derechos Políticos y Civiles”.

La situación de los presos palestinos no es muy distinta a las detenciones ilegales en la base naval estadounidense de Guantánamo, donde también ha habido huelgas de hambre masivas por parte de detenidos que en principio fueron considerados sospechosos de terrorismo, pero cuya liberación fue aprobada hace varios años y, sin embargo, siguen tras las rejas. La alimentación forzada y los métodos brutales con que se ha implementado en Guantánamo han sido calificados, tanto por la Comisión Interamericana de DD.HH. como por la ONU, como una práctica injustificable y una forma de tortura.