Se trata del mayor caso de corrupción política en la historia democrática de Brasil, que juzga supuestos desvíos de fondos públicos para sobornos en el Congreso y la financiación ilegal de campañas electorales. Entre los implicados figura el poderoso Partido de los Trabajadores (PT), en el que militan el propio Lula y la actual presidenta, Dilma Rousseff. Aunque el tribunal todavía no había dictado el fallo, la mayoría de los once magistrados dieron su voto de condena para los cinco acusados sometidos a juicio en esta primera fase del proceso. En total, hay 38 personas sentadas en el banquillo.
Uno de los juzgados en esta primera fase es el diputado João Paulo Cunha, expresidente del Congreso y figura importante del PT, al que se acusa de los delitos de peculado (desvío de fondos públicos), blanqueo de dinero y corrupción pasiva. Con él recibirán su sentencia Marcos Valerio y sus socios Cristiano Paz y Ramón Hollerbach, acusados de peculado y corrupción pasiva, y el exdirector del Banco de Brasil Henrique Pizzolato, acusado de corrupción pasiva, peculado y blanqueo. Cada uno de los acusados fue considerado culpable por seis de los once magistrados del tribunal.
La mayor incógnita era la votación sobre el expresidente del Congreso, cuya sentencia puede influir sobre la absolución o condena del resto de los políticos enjuiciados. Las declaraciones de voto pronunciadas por los magistrados presagian duras sentencias.