La abogada, hija de colombianos, que salva a los pobres de la pena de muerte en EE. UU.

La abogada Cristina Bordé, hija de inmigrantes colombianos, ha dedicado su vida profesional en Estados Unidos a las causas casi imposibles, como apelar condenas a la pena capital de presos que no tienen recursos para defenderse o sacar de la prisión a latinos inocentes.

Nacida en Nueva York y criada en Colombia entre los 5 y 18 años de edad, donde obtuvo "un profundo conocimiento de la cultura latina y del español", Bordé declaró a Efe que se considera privilegiada por las oportunidades que le ha dado la vida, entre ellas graduarse en leyes en la Universidad de Harvard en 1995.

"Con el apoyo incondicional de mi familia pude dedicarme de lleno a servir como puente entre el sistema judicial y gente muchas veces condenada injustamente, sin los recursos necesarios para probar su inocencia", dice la jurista.

Ver más: La ola de inmigrantes africanos que todos (hasta Trump) ignoran en la frontera sur de EE. UU. 

En su trayectoria ha sido fundamental su dominio del idioma, para lidiar con casos de latinos acusados de delitos graves que no pueden hacerse entender con la policía y mucho menos cuando llegan a la corte y quedan en manos de intérpretes que no siempre traducen todo lo que allí se declara.

Su primer trabajo, apenas graduada en la universidad, fue durante tres años y medio como abogada en la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, que funciona en San Francisco, California.

Luego representó gratuitamente durante 14 años a condenados a muerte en casos estatales y federales, en el Centro de Recursos Habeas Corpus, también en San Francisco.

Fueron necesarios 19 años de trabajo de Bordé y los demás abogados del centro para demostrar que las pruebas médicas presentadas en el juicio se basaron en diagnósticos equivocados, y acreditar así la inocencia de Benavides, que quedó libre en abril de 2018.

Ver más: Así de simple, a Trump le gusta la pena de muerte

También Bordé destaca el caso de Mario Vásquez, un inmigrante mexicano que estuvo 16 años y seis meses de prisión por haber supuestamente violado a una niña de cuatro años.

Las pruebas conseguidas por el Centro de Recursos Habeas Corpus demostraron que había sido condenado injustamente, y quedó en libertad en 2015.

Para la abogada, estos no fueron casos aislados, sino comprobó que la falta de dominio del inglés y las barreras culturales pueden influir mucho al jurado y al juez.

Tras su experiencia en California, Bordé ingresó en 2012 como voluntaria en el Proyecto Inocencia de la escuela de leyes de la Universidad de Wisconsin, en Madison, la capital, donde luego se convirtió en profesora.

Su trabajo allí era capacitar y supervisar a los alumnos de Derecho en casos reales de "las dificultades de los reclusos hispanos para ser exonerados en casos de los que podrían ser inocentes, en especial por problemas de idioma", dijo.

Ver más: Juez prohíbe devolver a México a solicitantes de asilo en EE. UU.

Según cifras del Registro Nacional de Exoneraciones de los Estados Unidos, que la jurista estudió en su momento, de un total de 2.363 presos exonerados desde 1989 de crímenes que no cometieron, solamente 280 eran latinos.

El programa se ha quedado sin fondos en momentos en que tiene más de 100 postulantes, en una lista de espera que puede demorar siete años.

Sin recursos para pagar su salario, el de otra abogada y de un asistente, Bordé decidió regresar a sus orígenes en California y ahora trabaja en la ciudad de Oakland, en la Defensoría pública encargada de apelar condenas a muerte.

"Me encanta lo que hago, y a pesar de las dificultades tengo el sueño de avanzar más y de crear un proyecto permanente para ayudar a los presos hispanos inocentes de todos los Estados Unidos", firmó Bordé.

La abogada Cristina Bordé, hija de inmigrantes colombianos, ha dedicado su vida profesional en Estados Unidos a las causas casi imposibles, como apelar condenas a la pena capital de presos que no tienen recursos para defenderse o sacar de la prisión a latinos inocentes.

Nacida en Nueva York y criada en Colombia entre los 5 y 18 años de edad, donde obtuvo "un profundo conocimiento de la cultura latina y del español", Bordé declaró a Efe que se considera privilegiada por las oportunidades que le ha dado la vida, entre ellas graduarse en leyes en la Universidad de Harvard en 1995.

"Con el apoyo incondicional de mi familia pude dedicarme de lleno a servir como puente entre el sistema judicial y gente muchas veces condenada injustamente, sin los recursos necesarios para probar su inocencia", dice la jurista.

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En su trayectoria ha sido fundamental su dominio del idioma, para lidiar con casos de latinos acusados de delitos graves que no pueden hacerse entender con la policía y mucho menos cuando llegan a la corte y quedan en manos de intérpretes que no siempre traducen todo lo que allí se declara.

Su primer trabajo, apenas graduada en la universidad, fue durante tres años y medio como abogada en la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, que funciona en San Francisco, California.

Luego representó gratuitamente durante 14 años a condenados a muerte en casos estatales y federales, en el Centro de Recursos Habeas Corpus, también en San Francisco.

Fueron necesarios 19 años de trabajo de Bordé y los demás abogados del centro para demostrar que las pruebas médicas presentadas en el juicio se basaron en diagnósticos equivocados, y acreditar así la inocencia de Benavides, que quedó libre en abril de 2018.

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También Bordé destaca el caso de Mario Vásquez, un inmigrante mexicano que estuvo 16 años y seis meses de prisión por haber supuestamente violado a una niña de cuatro años.

Las pruebas conseguidas por el Centro de Recursos Habeas Corpus demostraron que había sido condenado injustamente, y quedó en libertad en 2015.

Para la abogada, estos no fueron casos aislados, sino comprobó que la falta de dominio del inglés y las barreras culturales pueden influir mucho al jurado y al juez.

Tras su experiencia en California, Bordé ingresó en 2012 como voluntaria en el Proyecto Inocencia de la escuela de leyes de la Universidad de Wisconsin, en Madison, la capital, donde luego se convirtió en profesora.

Su trabajo allí era capacitar y supervisar a los alumnos de Derecho en casos reales de "las dificultades de los reclusos hispanos para ser exonerados en casos de los que podrían ser inocentes, en especial por problemas de idioma", dijo.

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Según cifras del Registro Nacional de Exoneraciones de los Estados Unidos, que la jurista estudió en su momento, de un total de 2.363 presos exonerados desde 1989 de crímenes que no cometieron, solamente 280 eran latinos.

El programa se ha quedado sin fondos en momentos en que tiene más de 100 postulantes, en una lista de espera que puede demorar siete años.

Sin recursos para pagar su salario, el de otra abogada y de un asistente, Bordé decidió regresar a sus orígenes en California y ahora trabaja en la ciudad de Oakland, en la Defensoría pública encargada de apelar condenas a muerte.

"Me encanta lo que hago, y a pesar de las dificultades tengo el sueño de avanzar más y de crear un proyecto permanente para ayudar a los presos hispanos inocentes de todos los Estados Unidos", firmó Bordé.