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El pasado domingo se vivió uno de los momentos más álgidos desde que la caravana migrante de centroamericanos saliera rumbo a Estados Unidos, el pasado 13 de octubre. Las imágenes de las 500 personas que habían llegado desde hace algunos días a Tijuana, en México, y que saltaron la valla de la frontera mostraron el desespero de familias enteras. Los sobrevuelos a muy baja altura de helicópteros militares de Estados Unidos, los gases lacrimógenos y las balas de goma lanzadas desde el norte hicieron regresar a los migrantes al albergue que las autoridades mexicanas instalaron tras la llegada de cerca de 5.000 centroamericanos.
Como era de esperarse, Donald Trump condenó los hechos en sus habituales trinos de las mañanas: “México debería enviar a los migrantes agitadores de banderas, muchos de los cuales son fríos criminales, de regreso a sus países. Por avión, en autobús, de la manera que quieran, pero no ingresarán a EE.UU. Cerraremos la frontera en forma permanente si es necesario”, escribió el mandatario. El gobierno mexicano, por su parte, anunció la deportación de 98 personas del grupo que intentó saltar la valla.
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“Son 98 personas las que fueron puestas a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM) y han sido deportadas”, dijo a la cadena Televisa Gerardo García, comisionado de la autoridad migratoria mexicana. La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos dijo también ayer que arrestó a 42 migrantes centroamericanos que lograron saltar el muro de metal oxidado y una segunda valla fronteriza coronada por alambre de púas, que separa a Tijuana de la ciudad estadounidense de San Diego.
Según la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA en inglés), aunque este flujo migratorio es importante, en términos humanitarios, no alcanza la gravedad y el peligro que ha advertido Trump, especialmente en las semanas previas a las elecciones legislativas del pasado 6 de noviembre, en la que ambos partidos utilizaron el tema para ganar votos. De hecho, la organización asegura que en 2018 han sido detenidos 396.579 migrantes por la patrulla fronteriza, consolidándose como la quinta cifra más baja desde 1973.
Aunque, aclaran, que este año las tasas de deportaciones y detenciones subieron frente a las del año pasado. El movimiento en la frontera si bien no alcanzado picos alarmantes, ha tenido momentos calientes a lo largo del año. Según cifras de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación de México, entre enero y junio de 2018, más de 109.000 mexicanos fueron deportados desde Estados Unidos, lo que representan 32.397 deportaciones más respecto a 2017, cuando en ese mismo periodo se registraron 76,899.
En mayo de este año ya había llegado una primera caravana de 2.000 centroamericanos a la frontera, algo que caldeó los ánimos en la Casa Blanca. El pasado 9 de abril 61 personas de aquella gran marcha fueron detenidas por haber cruzado ilegalmente la frontera desde México a Yuma, en Arizona. Los hechos provocaron el desespero de Trump, quien calificó al grupo de personas como una amenaza a la seguridad nacional. Luego inauguró la política de Tolerancia Cero, una medida que provocó la separación de más de 2.300 menores de sus familias, que pretendían cruzar la frontera de manera ilegal.
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La oleada de protestas y reclamos a nivel mundial hizo que finalmente el mandatario diera marcha atrás al programa. La cancelación de la polémica medida fue el detonante de otro momento caliente en la frontera. En los siguientes tres meses las cifras de detenidos que trataban de cruzar ilegalmente la frontera se dispararon. En septiembre, los agentes arrestaron a 16.658 personas, un 80% más que en julio; fue un récord mensual en el país.
Trump fiel a su estilo, acusa a México. Llegó a insinuar que no consolidaría el Tratado de Libre Comercio de América del Norte si México no endurecía sus políticas migratorias.
El gobierno mexicano admitió que, por ahora, es inviable llevar a cabo una política de contención. Sin embargo, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien se posesionará el 1° de diciembre, aseguró en los últimos días que negocia con Washington una especie de “Plan Marshall” para Centroamérica, que comenzaría a implementarse en mayo del próximo año.
Las autoridades mexicanas calculan que cerca a la frontera hay cerca de 9.000 migrantes represados, una cifra que podría aumentar en los próximos meses.
De llegar a un acuerdo, México tendría que acoger a las personas que soliciten asilo en Estados Unidos mientras dura el proceso. Según fuentes consultadas por El País de España, el gobierno de AMLO buscaría un acuerdo de recursos e inversión en el sur del país, una de las regiones más olvidadas. Además el acuerdo podría incluir un incremento en la ayuda del gobierno de Trump a los países centroamericanos, que pasaría de US $600 millones a US $1.500 millones.
Si bien en el último año las solicitudes de asilo en México han aumentado un 1.000%, 90% de ellas provenientes de centroamericanos, López Obrador cree que puede absorber el éxodo y sacar ventaja de él, poniéndolo en programas de desarrollo.