Emilio Álvarez Icaza, el recién posesionado secretario ejecutivo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), llega a este ente autónomo de la Organización de Estados Americanos para fortalecerlo y mejorar las relaciones con varios países que lo han criticado. Álvarez estuvo en el primer foro sobre Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en Bogotá, y habló con El Espectador sobre los desafíos de este proceso.
¿Cuáles son los lineamientos generales del proceso de fortalecimiento de la CIDH?
La Comisión asumió el liderazgo de su propia reforma. Los seminarios regionales son uno de los mecanismos; se van a realizar seis y el primero acaba de hacerse en Colombia. Luego vamos a Santiago de Chile, San José de Costa Rica, Ciudad de México, Puerto España y Washington, para acercarnos a las comunidades nacionales o regionales y escuchar a los estados y los operadores. Una segunda vía son cuatro documentos preparados por la Comisión, en los que se discutirá sobre el sistema de casos y peticiones, medidas cautelares, promoción, negociación, reporte de informes anuales y relatorías. A partir de estos dos mecanismos se buscará, en una última audiencia, concluir con una propuesta para ver qué tiene que ver con procesos normativos, qué con procesos administrativo-operativos, qué le toca a la Comisión y qué les toca a los estados.
¿Cómo termina ese proceso?
La Comisión hará a finales de noviembre una serie de propuestas que se discutirán con los estados miembros. Con eso dialogaremos con el consejo permanente de la OEA y esperaríamos poder empatar las reflexiones para llegar a una asamblea general de la cual salga fortalecido el sistema y se atiendan los fines para los que fue creado.
Varios países están inconformes con el informe anual de derechos humanos...
La Comisión hace informes desde los años 60, que han sido vitales para contextos particulares. Tendríamos que escuchar los posicionamientos sobre el capítulo 4 y ver los mecanismos que nos ayuden a reformar en su caso los informes generales. Si los estados miembros quieren avanzar en ese mecanismo, entonces tenemos que trabajar y discutirlo metodológica, administrativa, operativa y presupuestalmente. Hoy, la Corte no tiene condiciones para hacerlo.
La Comisión vive una crisis...
La Comisión tiene el 6% de los recursos de la OEA, que son muy insuficientes. Otros recursos son donaciones de estados, de estados no miembros y otros actores. Una parte vital en el fortalecimiento es generar recursos para que la Comisión pueda hacer lo que quieren que haga. Así podremos fortalecer una unidad de soluciones amistosas, un mecanismo de medidas cautelares... Eso significa gente, no sólo voluntad. La capacidad de la Comisión está al límite.
¿El problema es sólo financiero?
Hay cosas que se pueden hacer por la vía de la complementariedad. Si los estados atienden los criterios que establece la Comisión, podemos evitar que lleguen muchos casos. También hay factores por encima de la relación con la CIDH, que es la relación de los estados entre sí. Hay desencuentros entre estados y toman lugar en la Comisión, pero ésta difícilmente podrá resolverlos .
Su llegada a la CIDH está marcada por tensiones del organismo con Venezuela, Brasil, Ecuador, entre otros, ¿cómo restablecer esas relaciones?
Buscamos construir una relación de confianza con los estados, a través de un proceso de diálogo, y ver cuáles son las necesidades de cada Estado y cada peticionario. El papel de la Comisión es de mediadora, pero una vez se viole una convención, debe exigir a los estados que cumplan sus compromisos internacionales. La Comisión es una especie de autoridad moral y tiene que generar acercamiento y diálogo desde su autonomía e independencia.
¿En qué va el retiro de Venezuela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
Venezuela tendría que hacerlo oficial, pues aún no lo ha hecho; no tendría efectos inmediatos porque tardaría un año. Ojalá no se retire, porque el tema no es la Comisión, sino los derechos de los venezolanos. El sistema interamericano está para proteger y promover los derechos de las personas. En este momento democrático del continente debe fortalecer los derechos, no disminuirlos. Cuando un país no firma, quien se afecta no es el mecanismo sino los ciudadanos. Se pueden hacer tantos mecanismos como se requieran, pero el sentido de un sistema interamericano obedece a brindar mecanismos de protección cuando en los países no los ha encontrado.
El presidente de Ecuador ha sido muy crítico con la Relatoría a la Libertad de Expresión y la prensa independiente. Ahora le da asilo diplomático a Julian Assange. ¿Cómo entender estas posiciones tan ambiguas?
Lo único que puedo decir es que es imprescindible la preservación de la embajada. Es un principio básico de las relaciones diplomáticas: la inmunidad y la extraterritorialidad del territorio diplomático. Seria muy importante que el Reino Unido mandara el mensaje de que la embajada de Ecuador no está en riesgo. Los procedimientos que se tengan que seguir para el asilo y demás tienen otra cuerda y hay que obedecer los criterios del derecho internacional y los derechos humanos, así como la Convención de Viena.
Por Daniel Salgar Antolínez
