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La conferencia del Grupo de La Haya y el dilema de quedarse en el discurso

Bajo el liderazgo compartido de Colombia y Sudáfrica, ministros y expertos, entre ellos la relatora Francesca Albanese, reclamaron sanciones y acciones concretas —desde embargos hasta órdenes de arresto— para frenar lo que califican de “genocidio” y garantizar la creación de dos Estados soberanos. Este miércoles, los delegados definirán las medidas vinculantes que entrarán en vigor.

Hugo Santiago Caro

16 de julio de 2025 - 06:00 a. m.
Desde la izquierda, el director del Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación de Sudáfrica, Zane Dangor; la canciller encargada de Colombia, Rosa Villavicencio, el embajador y Observador Permanente de Palestina ante la ONU, Riad Mansour, y la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese.
Foto: EFE - Carlos Ortega
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Casi 30 de los 32 países representados en la conferencia de emergencia sobre Palestina, que se celebra desde este martes en Bogotá, pertenecen al denominado Sur Global, con tan solo tres miembros de la Unión Europea: España, Eslovenia e Irlanda. Noruega, que no forma parte del bloque de los 27, completó el grupo de delegaciones que, por más de tres horas, estuvo deliberando en el Salón Simón Bolívar del Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería colombiana.

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La certeza más grande fue una condena unánime contra la ocupación que mantiene Israel en la Franja de Gaza desde hace más de 21 meses como represalia a los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, por los que murieron más de 1.000 personas. En contraste, la cifra de palestinos muertos por los ataques de Israel ya supera los 58.000, según datos del Ministerio de Salud de Gaza, entidad reconocida como confiable por la Organización de las Naciones Unidas.

“Colombia ha reconocido sin ambigüedades que lo que ocurre en Gaza es un genocidio. En 2018 reconocimos al Estado de Palestina y, en 2024, rompimos relaciones con Israel ante el uso desproporcionado de la fuerza contra civiles. El derecho internacional humanitario debe ser principio y acción, no retórica vacía”, sostuvo la canciller encargada, Rosa Villavicencio, al iniciar las pláticas en la mañana del martes. “Palestina no está sola”, añadió.

En la mesa inaugural estuvo junto a ella Zane Dangor, secretario general del Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación de Sudáfrica (país que co-lidera el encuentro con Colombia), y Riyad Mansour, ministro del Estado de Palestina. Este último, recordado por romper en llanto en mayo frente al Consejo de Seguridad de la ONU al denunciar la situación en Palestina.

Desde Bogotá, Mansour mantuvo el mismo llamado que hizo ante la ONU: “Palestinos con hijos, que salieron simplemente a buscar agua, terminaron siendo atacados y bombardeados. Y, sin embargo, las matanzas continúan impunemente”. Añadió que lo que se está discutiendo es solo el inicio de las acciones que el Grupo de La Haya debe tomar. “Luego evaluaremos una estructura para continuar implementando las opiniones emitidas por la Corte Internacional de Justicia, con el fin de poner fin a esta ocupación ilegal y permitir que el pueblo palestino goce de libertad e independencia en su propio Estado”, dijo, enfatizando que todos los esfuerzos deben orientarse a garantizar la solución de los dos Estados soberanos: Israel y Palestina.

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Otra de las voces destacadas —y una de las figuras principales del encuentro— fue la relatora especial de Naciones Unidas para los territorios ocupados, la abogada italiana Francesca Albanese, recientemente sancionada por Estados Unidos por su presunta “campaña contra Israel”. La funcionaria atendió, en solitario, un encuentro con la prensa por la tarde, mientras los diplomáticos deliberaban en San Carlos. Allí respondió a las sanciones: “Esta es una medida muy grave, sin precedentes, y la tomo muy en serio. Es una clara violación de la Convención de las Naciones Unidas sobre Privilegios e Inmunidades, que protege a los funcionarios de la ONU, incluidos los expertos independientes, por sus palabras y acciones en el ejercicio de sus funciones”.

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Albanese aclaró que no buscará, por ahora, una acción judicial contra EE. UU., pues lo prioritario es “frenar el genocidio en Gaza”. Afirmó que estas sanciones son un mensaje para quienes defienden el derecho internacional, pero aseguró que no se dejará silenciar. El punto central de toda esta conferencia son las medidas concretas, pero, ¿cuáles? Albanese abordó esa discusión en términos de impunidad durante los últimos “21 meses”, que han puesto en riesgo de “desmoronarse” todo el orden jurídico internacional.

Recordó que las órdenes de captura de la Corte Penal Internacional contra altos mandos de Hamás e Israel, como el primer ministro Benjamin Netanyahu y su exministro de Defensa Yoav Gallant, siguen vigentes sin ninguna acción para hacerlas efectivas. Además, sugirió que cualquier acuerdo de cese al fuego debe incluir un retiro total de Israel y el regreso de rehenes de ambos pueblos.

La funcionaria afirmó que no se necesita una gran coalición inicial, sino que basta con que algunos países den el primer paso valiente, retórica que coincide con la expresada por Varsha Gandikota‑Nellutla, secretaria ejecutiva del Grupo de La Haya: “No es claridad lo que nos falta; lo que nos falta es coraje. Valentía es lo que necesitamos para ponernos del lado del derecho internacional. En las próximas veinticuatro horas, los Estados estarán deliberando sobre medidas concretas. La pregunta es si tendremos el valor de implementar hoy mismo acciones respaldadas por el derecho internacional. Estas medidas no son opcionales, no son radicales ni nuevas: son obligaciones legalmente vinculantes según la Convención, el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y la Carta de las Naciones Unidas”.

Albanese, al ser consultada por este medio sobre el riesgo de que esta cumbre se limite a denuncias diplomáticas y acerca de qué acciones efectivas pueden tomarse, afirmó que son necesarias sanciones económicas, diplomáticas, militares y financieras contra Israel, así como un embargo de armas y la suspensión de relaciones comerciales que lo beneficien. Insistió en que los países deben evaluar todos sus vínculos con Israel, cesar la provisión de recursos estratégicos y romper la complicidad de actores privados como bancos, empresas, universidades y fondos de inversión involucrados en violaciones de derechos humanos. También pidió apoyar investigaciones internacionales, como la demanda por genocidio presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, y reforzar la ayuda médica en Gaza a través de canales estatales, sin delegar toda la responsabilidad a organizaciones humanitarias.

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La representante se reunió el martes con el presidente Gustavo Petro, quien puso a su disposición todos los recursos que pueda brindar Colombia para apoyar su gestión. Este miércoles continuarán las conversaciones y se anunciarán las conclusiones, así como las eventuales medidas para contrarrestar el proceder israelí.

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Por Hugo Santiago Caro

Periodista de la sección Mundo de El Espectador. Actualmente cubre temas internacionales, con especial atención a derechos humanos, migración y política exterior.@HugoCaroJhcaro@elespectador.com
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