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Hace cuatro años, Tiririca, un payaso analfabeto de São Paulo, se convirtió en el diputado federal más votado del país, con 1,3 millones de votos. Este hombre, que jamás habló en plenaria y no logró pasar ninguno de sus proyectos, será reelegido sin problema este domingo entre 26.156 candidatos, según los votantes brasileños, “porque aunque apenas sepa escribir su nombre, no es corrupto”.
Las 209 marchas que debió enfrentar la presidenta, Dilma Rousseff, desde junio de 2013 tenían un claro mensaje: el fin de la corrupción política y el control de los robos del dinero público. Por encima de la salud, el empleo, la educación y el transporte, lo que le piden los electores brasileños a su próximo gobierno es que luche contra la corrupción, según una encuesta Ibope.
Este mal, sin embargo, no es una novedad. Desde 2005, grandes escándalos han salido a la luz pública. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva tuvo que enfrentar el mensalão, denuncias contra 24 destacados políticos y empresarios señalados de montar un esquema de sobornos mensuales a legisladores de la oposición para apoyar proyectos de la administración. El dinero provenía de fondos públicos y de recursos de campañas electorales del Partido de los Trabajadores, al que pertenece Rousseff, quien en su primer año de gobierno emprendió una lucha contra este mal y despidió a siete ministros acusados de desvío de fondos y otras irregularidades administrativas.
A pesar de ello, en plena campaña estallaron denuncias por un presunto pago de sobornos a legisladores a través de la gigante estatal Petrobras. Según una investigación de la revista Veja, al menos 25 diputados, seis senadores y tres gobernadores aliados del Gobierno recibieron millonarias sumas de dinero.
“La corrupción siempre está presente en las elecciones y no podemos atribuirla sólo al PT y sus aliados. También hay casos en la oposición”, lamentó Gil Castello Branco, responsable de la ONG Cuentas Abiertas, creada para supervisar el gasto público.
Los candidatos saben que el tema es difícil y por eso las principales aspirantes a la Presidencia incluyen la lucha contra la corrupción entre sus planes de gobierno. Rousseff, por ejemplo, se compromete a endurecer las leyes anticorrupción, entre ellas sancionar a quienes no declaren sus recursos a los órganos de fiscalización o a quienes se enriquezcan ilícitamente desde cargos públicos. Marina Silva, su principal rival, dice que “hay que enfrentar el tema de diferente modo. Cuando hay denuncia, escándalo, nos quejamos, pero esta es una forma estancada de abordar el lío. Nos quejamos del Gobierno, pero no vemos que se trata de un problema nuestro”.
El propio sistema político, que sólo permite al partido ganador gobernar mediante alianzas con otros partidos, aumenta la corrupción, principalmente en empresas estatales que manejan grandes recursos y tienen poca transparencia en sus cuentas.
Estas son las primeras elecciones generales en las que se aplica la llamada “ley de ficha limpia”, que impide la elección de candidatos condenados en la justicia por malversación o enriquecimiento ilícito. En total, 250 candidatos tienen ficha criminal sucia para estos comicios y no podrán ser elegidos, según datos de la justicia electoral y el portal Congreso en Foco.
En la capital del país, la ley forzó la dimisión del favorito absoluto para gobernador en estos comicios, José Roberto Arruda, quien ya había gobernado el Distrito Federal, pero dejó su mandato en 2010, cuando fue apresado después de que una cadena de televisión lo mostrara recibiendo gruesos fajos de billetes, presuntamente para comprar votos.
El fiscal general pidió también que se declare impedida la candidatura a diputado de Paulo Maluf, exgobernador de São Paulo, cuyo nombre aparecía en la lista de personas buscadas por Interpol, acusado de desvío de recursos de obras públicas.
Hoy proliferan organizaciones que vigilan a los políticos, como el Movimiento de Combate a la Corrupción Electoral, que ha lanzado un aplicativo para teléfono celular donde los electores analizan la transparencia de cada candidato. “Los votos de Tiririca, por ejemplo, sirvieron para que su Partido de la República colocara en el Congreso tres diputados más. La broma sale cara al elector, que vota por el payaso creyendo que critica el sistema, pero el payaso trae de remolque a otros candidatos, incluso a algunos con problemas con la justicia”, afirmó la ONG Cuentas Abiertas.
Por Redacción Internacional
