La demanda de una madre colombo-venezolana a la Cancillería de Colombia

Ramona Rangel ha tocado todas las puertas posibles. El 30 de julio de este año, miembros de la Guardia Venezolana, de la Policía Nacional Bolivariana y del SEBIN (Servicio Nacional Bolivariano de Investigaciones) irrumpieron en su casa y detuvieron a su hijo Juan Pedro Lares, de 24 años. "El único pecado de mi hijo es ser el hijo de Omar Lares", le contó a El Espectador cuando Juan Pedro llevaba 17 días en la cárcel, sin cargos, sin juicio. Omar Lares, su esposo y padre de sus hijos, trabajaba como alcalde del municipio de Campo Elías y en su carrera se ha destacado por su férrea oposición al gobierno. 

Todos escaparon, pero Juan Pedro no alcanzó a correr lo suficiente y, desde ese día, Rangel no descansa en su lucha por liberarlo. El lunes 4 de diciembre, en vista de que la situación no cambiaba en estos cuatro meses y cuadro días,  presentó una acción de tutela contra el Minsiterio de Relaciones Exteriores (Cancillería) para exigirle que garantice los derechos de Juan Pedro. 

"La Cancillería colombiana tiene el deber de garantizar por todos los medios que tenga a su alcance que no se afecte la vida, dignidad, derechos y libertades de mi hijo Juan Pedro, quien es un colombiano en situación de debilidad", escribe Rangel en el documento presentado al Ministerio. En efecto, uno de los deberes de la Cancillería como organismo del ejecutivo, es velar por la garantía de los derechos de los ciudadanos que se encuentran en el exterior. 

"Su salud se ha ido deteriorando", cuenta ella. Juan Pedro ni siquiera aparece en el registro de detenidos de la cárcel del Helicoide, en donde, en principio le negaron todas las visitas, incluidas las del abogado.  "En varias ocasiones fui a El Helicoide pero no me permitieron ver a mi hijo, ni corroborar oficialmente que estaba recluido allí. Tampoco se le formularon cargos formales en el tiempo requerido por la ley venezolana, que son 48 horas, y hasta el día de hoy, no ha sido presentado ante un tribunal", asegura Rangel.

Rangel pudo corroborar que su hijo en efecto estaba preso en el Helicoide gracias, justamente, a la intervención de la Cancillería. En tres ocasiones, ha podido verlo. No obstante, ella exige una intervención directa de la Cancillería colombiana en la liberación de su hijo. Dicha petición no ha sido atentida y por eso presentó la tutela. 

La lucha ha sido intensa. El 2 de agosto, Rangel se presentó a la Fiscalía 81ª de Caracas a interponer una denuncia por la violación a los derechos fundamentales de su hijo. Esta fiscalía no ha atendido su demanda.

Entre el 1° de enero de 2014 hasta el 31 de octubre de 2017 se registraron en Venezuela 11.993 detenciones arbitrarias de las cuales casi la mitad, 5.451, ocurrieron durante las protestas que comenzaron en abril de 2017, según cifras sistematizadas por la organización Foro Penal, institución dedicada a trabajar por la garantía de los derechos de los presos políticos. Las manifestaciones se fueron apagando en medio de la polarización y la carencia de resultados; sin embargo, al 29 de noviembre existían 299 presos políticos (90 en arresto domiciliario) en Venezuela.

Un informe del Alto Comisionado de la ONU corroboró las denuncias que cientos de ciudadanos venían presentando a través de las redes sociales y los medios de comunicación: las fuerzas de seguridad del ejecutivo venezolano han cometido y violaciones y abusos de los derechos humanos en Venezuela. 

"Los hijos son sagrados", le dijo Rangel a El Espectador. Ahora está a la espera de una respuesta de la Cancillería de su país. 

Ramona Rangel ha tocado todas las puertas posibles. El 30 de julio de este año, miembros de la Guardia Venezolana, de la Policía Nacional Bolivariana y del SEBIN (Servicio Nacional Bolivariano de Investigaciones) irrumpieron en su casa y detuvieron a su hijo Juan Pedro Lares, de 24 años. "El único pecado de mi hijo es ser el hijo de Omar Lares", le contó a El Espectador cuando Juan Pedro llevaba 17 días en la cárcel, sin cargos, sin juicio. Omar Lares, su esposo y padre de sus hijos, trabajaba como alcalde del municipio de Campo Elías y en su carrera se ha destacado por su férrea oposición al gobierno. 

Todos escaparon, pero Juan Pedro no alcanzó a correr lo suficiente y, desde ese día, Rangel no descansa en su lucha por liberarlo. El lunes 4 de diciembre, en vista de que la situación no cambiaba en estos cuatro meses y cuadro días,  presentó una acción de tutela contra el Minsiterio de Relaciones Exteriores (Cancillería) para exigirle que garantice los derechos de Juan Pedro. 

"La Cancillería colombiana tiene el deber de garantizar por todos los medios que tenga a su alcance que no se afecte la vida, dignidad, derechos y libertades de mi hijo Juan Pedro, quien es un colombiano en situación de debilidad", escribe Rangel en el documento presentado al Ministerio. En efecto, uno de los deberes de la Cancillería como organismo del ejecutivo, es velar por la garantía de los derechos de los ciudadanos que se encuentran en el exterior. 

"Su salud se ha ido deteriorando", cuenta ella. Juan Pedro ni siquiera aparece en el registro de detenidos de la cárcel del Helicoide, en donde, en principio le negaron todas las visitas, incluidas las del abogado.  "En varias ocasiones fui a El Helicoide pero no me permitieron ver a mi hijo, ni corroborar oficialmente que estaba recluido allí. Tampoco se le formularon cargos formales en el tiempo requerido por la ley venezolana, que son 48 horas, y hasta el día de hoy, no ha sido presentado ante un tribunal", asegura Rangel.

Rangel pudo corroborar que su hijo en efecto estaba preso en el Helicoide gracias, justamente, a la intervención de la Cancillería. En tres ocasiones, ha podido verlo. No obstante, ella exige una intervención directa de la Cancillería colombiana en la liberación de su hijo. Dicha petición no ha sido atentida y por eso presentó la tutela. 

La lucha ha sido intensa. El 2 de agosto, Rangel se presentó a la Fiscalía 81ª de Caracas a interponer una denuncia por la violación a los derechos fundamentales de su hijo. Esta fiscalía no ha atendido su demanda.

Entre el 1° de enero de 2014 hasta el 31 de octubre de 2017 se registraron en Venezuela 11.993 detenciones arbitrarias de las cuales casi la mitad, 5.451, ocurrieron durante las protestas que comenzaron en abril de 2017, según cifras sistematizadas por la organización Foro Penal, institución dedicada a trabajar por la garantía de los derechos de los presos políticos. Las manifestaciones se fueron apagando en medio de la polarización y la carencia de resultados; sin embargo, al 29 de noviembre existían 299 presos políticos (90 en arresto domiciliario) en Venezuela.

Un informe del Alto Comisionado de la ONU corroboró las denuncias que cientos de ciudadanos venían presentando a través de las redes sociales y los medios de comunicación: las fuerzas de seguridad del ejecutivo venezolano han cometido y violaciones y abusos de los derechos humanos en Venezuela. 

"Los hijos son sagrados", le dijo Rangel a El Espectador. Ahora está a la espera de una respuesta de la Cancillería de su país.