La dictadura, una herida abierta en Brasil

Las heridas que dejó la dictadura militar (1964-85) son un tema pendiente en Brasil. De hecho, la iniciativa de revisar la amnistía de 1979 para poder enjuiciar a los torturadores (militares y civiles) de esa oscura época del país fue propuesta por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva antes de dejar el poder. Su proyecto levantó polémica entonces e incluso provocó la protesta del ministro de Defensa, Nelson Jobin. El tema parecía haber quedado quieto hasta noviembre del año pasado cuando la presidenta, Dilma Rousseff, sancionó las leyes que dieron nacimiento a la Comisión Nacional de la Verdad. “Resulta fundamental conocer el pasado, sobretodo el más reciente cuando muchos brasileños fueron encarcelados, torturados y asesinados”, aseguró la mandataria.

El miércoles fue presentada la primera demanda penal por estos crímenes. Un grupo de procuradores presentó a la justicia de Marabá (en el estado amazónico de Pará, donde actuó la guerrilla del Araguaia) una denuncia que acusa al coronel de la reserva del Ejército Sebastiao Curió Rodrigues de Moura del “secuestro” de cinco ex guerrilleros en los años 70, “hasta hoy desaparecidos”, informó el fiscal Tiago Rabelo.

Luego de tres años de investigación, los denunciantes afirman que los cinco militantes, dos mujeres y tres hombres, fueron "secuestrados por tropas comandadas por el entonces mayor Curió entre enero y setiembre de 1974 y, después de ser llevados a bases militares coordinadas por él y sometidos a grave sufrimiento físico y moral, nunca más fueron encontrados".

“Esta acción es extremamente importante para nosotros, fundamentalmente porque esas personas van a ser llamadas a explicar lo que hicieron, tendrán que salir de las sombras”, explicó a la agencia de noticias AFP la ex presa política Cecilia Coimbra, presidenta del grupo Tortura Nunca Más, que reúne a familiares de víctimas de la dictadura. Esta acción judicial despertó la esperanza de familiares de víctimas del régimen, pero al mismo tiempo reforzó el malestar en ciertos sectores militares, ya recelosos por la creación de una Comisión de la Verdad. El general de la reserva Marco Antonio Felício aseguró al diario O Estado de Sao Paulo que “la demanda no respeta la ley de amnistía y equivale a un acto de "revanchismo”.

El general, que hace semanas lideró un movimiento de militares de la reserva que escribieron una dura carta al gobierno, también objetó la Comisión de la Verdad, una iniciativa gubernamental aprobada por el Congreso, destinada a esclarecer las violaciones de los derechos humanos en la dictadura (1964-1985). “Será la comisión del revanchismo y de la no verdad”, dijo el alto oficial, quien llamó al país a “buscar a los desaparecidos, si es que existen, sin afrontar la ley de amnistía”.

La ley de amnistía de 1979, corroborada por la Corte Suprema en 2010, protege de juicio y cárcel a militares y militantes políticos por delitos cometidos durante el régimen de facto. “La creación de la Comisión de la Verdad fue negociada con los militares y había sido aceptada”, pero lo que encendió la polémica con los militares fue el temor de que vaya más allá de lo acordado, y que la ley sea revisada, explicó Marcelo Rech, analista de Defensa y Relaciones Internacionales.

Los responsables de los clubes militares, que representan a los oficiales en retiro, publicaron en febrero una carta criticando al gobierno y en especial a la ministra de Derechos Humanos, Maria do Rosario, por decir que en el futuro los militares podrían responder ante la justicia por crímenes durante la dictadura. El general Felício afirmó en la entrevista que los militares veteranos enseñan a los más jóvenes “la verdad que los comunistas, hoy en el gobierno, quieren esconder”, que es que “querían implantar una dictadura del proletariado por medio de la lucha armada”.

La ONG de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) catalogó la decisión de "histórica". “Esta es una gran noticia para las familias que perdieron seres queridos en la brutal represión que siguió al golpe militar de 1964”, dijo José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de HRW, en un comunicado. “Un cuarto de siglo después de la transición de Brasil a la democracia, aún están esperando justicia”, recordó.

El Estado brasileño reconoce a 400 muertos y desaparecidos durante la dictadura. Para el ministro de justicia, Tarso Genro, la iniciativa no busca la venganza, sino la reconciliación, “imprescindible para todas las clases sociales del país”.