27 Jul 2015 - 2:00 a. m.

La encriptación como derecho

Los vínculos entre estados de la región con empresas como Hacking Team pueden vulnerar el derecho a la privacidad y la libertad de expresión, pero es posible evitar estas intromisiones con un mecanismo que permite la protección de las comunicaciones en las transmisiones digitales.

Daniel Salgar Antolínez

El relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, habla sobre un asunto que preocupa no sólo a la Relatoría, sino a muchas organizaciones y ciudadanos en el continente: los vínculos entre varios estados y la empresa italiana Hacking Team, proveedora de herramientas para la vigilancia masiva que podrían derivar en espionaje y violaciones a derechos como la intimidad y la libertad de expresión, ente otros.

¿Cómo ve los vínculos entre estados de la región y Hacking Team? ¿Qué derechos se estarían poniendo en riesgo?

Hemos seguido la revelación de información sobre las relaciones comerciales entre una empresa que promueve el uso de tecnología para espionaje o vigilancia masiva. Siete u ocho estados de la región habrían adquirido esta tecnología. Nos parece de la mayor preocupación porque este tipo de tecnología está diseñada para la intromisión en la privacidad a través de mecanismos digitales que permiten recolectar datos sin el conocimiento de las personas o instalar programas sin autorización en los dispositivos.

Cuando esto se hace sin un marco jurídico adecuado, sin control judicial, sin claridad en los objetivos o intereses que persigue el Estado, supone una vulneración del derecho a la privacidad y del derecho a la libertad de expresión, en el sentido de que para ejercer este derecho, que incluye la construcción de pensamiento, la búsqueda de información y el desarrollo de investigaciones, las personas necesitan garantías de no ser espiadas ni vigiladas. Esto tiene un impacto particular y sustantivo en el caso de los periodistas. Si un Estado espía a los periodistas cuando buscan e investigan información para procesarla y difundirla, esto vulnera su derecho a la libertad de expresión.

¿Cuál es el llamado que hace la Relatoría?

Primero, buscamos poner de presente que estas tecnologías per se pueden vulnerar los derechos humanos (DD.HH.). Segundo, los estados tienen que ser transparentes y dar a conocer qué tecnologías utilizan y con qué fines. Tercero, la necesidad de que haya marcos jurídicos claros, es decir, que cuando estas tecnologías se utilicen para fines legítimos, como la seguridad, la lucha contra el terrorismo o el crimen organizado, estén claramente definidos los tiempos en los cuales se van a utilizar, los objetivos y el tipo de medidas que se van a implementar, y que exista previamente una orden judicial o revisión de un juez competente, que no puede actuar en la clandestinidad.

¿Qué tanto se conoce sobre los programas de vigilancia implementados por los estados?

Esa es parte de nuestra preocupación y llamamos a los estados a que aporten más información. No basta con decir que los programas fueron adquiridos y se utilizan adecuadamente. Hay que explicar cuál es su alcance, qué tipo de intromisión en la privacidad suponen. Hay ciertos aspectos relacionados con la seguridad nacional que tienen que ser públicos. Entonces, la región en su conjunto tiene que reflexionar y generar estándares para que estas cosas se sepan. A veces no sabemos ni siquiera quiénes son los proveedores, cuánto dinero les cuesta a los contribuyentes, qué objetivos se persiguen. También debe haber previsiones claras en cuanto a que esto no puede ser utilizado por servicios de inteligencia del Estado para entrometerse en organizaciones que realizan actividades legítimas como el periodismo, la defensa de los DD.HH, las actividades de los partidos políticos o la oposición.

En Ecuador, después de que algunos medios publicaron información sobre vínculos entre Hacking Team y el Gobierno, sufrieron ataques informáticos...

Cuando los medios acceden a información que era de algún modo confidencial de empresas o estados, pero no revelan las fuentes, no puede haber ninguna consecuencia para ellos, porque están revelando información de interés publico, que impacta en la vida y las libertades de las personas. Ha habido amenazas, y tomar represalias contra quienes difunden esta información sería una violación de la libertad de expresión.

¿Cómo ha avanzado el derecho internacional en relación a estas tecnologías?

Los sistemas de protección de DD.HH. han avanzado en principios generales, para tener claridad sobre la vigencia de los DD.HH. en el mundo online. La Relatoría tiene desde 2013 un informe temático sobre esto; también los relatores del sistema universal han sacado varias declaraciones conjuntas, el Consejo de DD.HH. de la ONU aprobó recientemente un informe sobre anonimato y encriptación como parte del derecho a la libertad de expresión, el derecho a participar del ambiente online de modo anónimo para proteger el ejercicio de este derecho, y también el derecho que tienen las personas a protegerse de la invasión de estas tecnologías con mecanismos como la encriptación y otros que deberían popularizarse y estar al alcance de la gente, y la necesidad de educar en el uso de la seguridad y protección en internet.

¿Qué es la encriptación y por qué debería estar al alcance de los ciudadanos?

Es un mecanismo que permite la protección de las comunicaciones en las transmisiones digitales. Ha sido utilizado históricamente con fines militares o de protección de los intereses de los estados, pero a partir de los nuevos desarrollos tecnológicos estos sistemas se han hecho mucho más baratos y accesibles al público en general. Hoy hay software disponible y aplicaciones que ya incluyen la posibilidad de proteger las comunicaciones que tenemos.

Lo que falta es, primero, que los ciudadanos asuman que tienen el derecho a proteger sus comunicaciones; segundo, que los estados promuevan el uso de estos mecanismos e informen sobre los mismos; tercero, una educación formal e informal que incorpore estos elementos. Nuestros niños y adolescentes se están educando sin una capacitación específica en estos temas. En el mundo actual, la educación para el uso de estas herramientas es fundamental para poder ejercer y garantizar derechos. Saber cómo se pueden proteger las comunicaciones personales y qué mecanismos existen para hacerlo, y que los estados promuevan esos mecanismos, traería un cambio sustantivo.

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