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De París a São Paulo: la extrema derecha se blinda con discursos de persecución

Marine Le Pen y Jair Bolsonaro movilizaron a sus bases con el poder judicial en la mira, que hace solo unas semanas emitió fallos en contra de ambos en sus respectivos países.

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07 de abril de 2025 - 12:58 p. m.
Simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro, participan en una manifestación en Sao Paulo (Brasil).
Simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro, participan en una manifestación en Sao Paulo (Brasil).
Foto: EFE - Isaac Fontana
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En Francia y Brasil, los líderes de la extrema derecha se enfrentan a condenas judiciales que amenazan con sacarlos de futuras contiendas presidenciales. Sin embargo, ni Marine Le Pen ni Jair Bolsonaro están dispuestos a retirarse sin dar batalla.

Ambos líderes protagonizaron el domingo masivas manifestaciones en París y São Paulo, con una narrativa compartida: son víctimas de una persecución política impulsada por el poder judicial.

En la Plaza Vauban, al pie de la cúpula dorada de Los Inválidos, Marine Le Pen reunió a unas 7.000 personas tras ser condenada por malversación de fondos del Parlamento Europeo. La sentencia la inhabilita para ejercer cargos públicos, incluyendo su esperada candidatura presidencial de 2027. Ante una multitud que coreaba su nombre y ondeaba banderas francesas, Le Pen denunció una “caza de brujas”.

“No me rendiré”, prometió Le Pen.

En la misma jornada, Jair Bolsonaro congregó a unas 45.000 personas en la avenida Paulista, en São Paulo, en lo que fue su primera aparición pública tras la decisión del Supremo Tribunal Federal de juzgarlo por un presunto intento de golpe de Estado.

“Lo que quieren no es encerrarme, es matarme”, declaró, acusando a los jueces de querer sacarlo de la escena política.

Tanto Le Pen como Bolsonaro trazaron paralelos entre sus casos. En declaraciones a la prensa, el exmandatario brasileño dijo: “Lo que pasó en Francia con Le Pen, pasó en Brasil conmigo”. Ambos apelaron a símbolos patrióticos, religiosos y familiares para movilizar a sus bases y reforzar su imagen de líderes populares acorralados por élites judiciales.

En Brasil, camisetas de la selección, banderas nacionales y biblias marcaron el tono del acto, donde también se pidió una amnistía para los más de 500 condenados por el asalto a los poderes públicos en enero de 2023. Bolsonaro, inhabilitado para cargos públicos hasta 2030, afirmó que seguirá en la lucha.

“Si creen que voy a huir, están equivocados”, declaró Bolsonaro.

En Francia, el partido oficialista Renaissance organizó una contramanifestación en Saint-Denis, donde el ex primer ministro Gabriel Attal replicó con dureza bajo el lema “quien roba, paga”, en referencia a la condena de Le Pen. Desde la Plaza de la República, dirigentes de izquierda advirtieron que la ultraderecha representa “un peligro para la democracia”.

Ambos líderes contaron con respaldo internacional. Donald Trump calificó de “caza de brujas” la sentencia contra Le Pen, mientras que en Brasil, el acto de Bolsonaro fue respaldado por siete gobernadores. Previo a la manifestación Le Pen se dirigió por videollamada a los congresistas de la Liga italiana, el partido antiinmigración de Matteo Salvini.

“(Sigan) el ejemplo de Martin Luther King, que defendió los derechos civiles” de las minorías raciales en Estados Unidos hace medio siglo, porque “son los derechos civiles de los franceses los que hoy se ponen en tela de juicio“, dijo Le Pen.

El bolsonarismo, por otro lado, ha adoptado nuevos símbolos para sus protestas, como el lápiz labial, en alusión a una mujer detenida por pintar una estatua durante los disturbios de enero.

Aunque las condenas los han dejado fuera, por ahora, de la carrera presidencial, tanto Le Pen como Bolsonaro apuestan a que la presión popular y las apelaciones legales les permitan volver. En las encuestas, Le Pen sigue liderando la intención de voto en Francia. En Brasil, Bolsonaro mantiene una base fiel que no oculta su deseo: “El candidato es él”, aseguran.

El Tribunal de Apelación de París declaró que examinaría el caso de Le Pen dentro de un plazo que podría permitirle presentarse a las elecciones si se anula su condena o se modifica su sentencia.

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