México convive con el flagelo de la violencia, y mes a mes las cifras son más alarmantes. Hace un año rompió su récord de homicidios en 30 días, con 2.599 muertes registradas por este delito en julio (la cifra más alta desde 1997). El año 2018 fue el año más violento de su historia, y 2019 tampoco empezó bien. En los primeros seis meses el país superó otro récord: llegó a los 8.493 asesinatos registrados, un número nunca alcanzado en ese período.
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La respuesta del Estado a la violencia y al narcotráfico implementada desde finales de 2006 ha sido más violencia. Una ofensiva militar para enfrentar a las mafias. Sin embargo, los resultados han sido todo, menos alentadores. Las muertes persisten y el país se ha convertido en uno de los más violentos del mundo, con altas tasas de homicidio y cerca de 40.000 personas desaparecidas (cifra que no se actualiza desde abril de 2018).
Es común que integrantes de organizaciones delictivas asesinen y dejen a sus víctimas en fosas clandestinas. El hallazgo de estas a lo largo de todo México se ha convertido en un hecho recurrente que ha encendido las alarmas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
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“Es algo muy doloroso, es la herencia de una política equivocada y fracasada para enfrentar la violencia en el país, (…) se declaró la guerra, y esto produjo más violencia, y lo que nunca se había visto, se crearon en el país fosas clandestinas para enterrar cuerpos de seres humanos”, aseguró el mandatario, quien en marzo reactivó el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y prometió a los familiares de los desaparecidos que no habría límite presupuestal ni techo financiero para encontrarlos.
Aunque el nuevo gobierno ha intentado asumir las responsabilidades del Estado en las desapariciones, las instituciones están lejos de obtener resultados.
Según el último informe “Violencia y terror: hallazgos sobre fosas clandestinas en México 2006-2017”, llevado a cabo por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y la organización Artículo 19, la magnitud del problema es enorme “y el fenómeno no se detiene”.
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Entre los años que recopilaron información hemerográfica, es decir, de artículos de prensa, y oficial, se registraron más de 1.600 fosas clandestinas de las que se exhumaron alrededor de 2.489 cuerpos y 868 restos humanos por parte de agrupaciones dedicadas a la búsqueda y por autoridades locales y federales. Además, en solo seis municipios se concentra más del 50 % de los cuerpos hallados en fosas clandestinas entre 2009 y 2014.
Estos números, aunque escandalosos, no reflejan la realidad de todos los casos, pues aún no se conoce con exactitud la magnitud de la inhumación clandestina en México. Para las familias de las víctimas, las fosas, aunque desgarradoras, traen la esperanza de recuperar los restos de sus seres queridos.
Instituciones, ¿encubrimiento o desinterés? Con la realización del informe, los investigadores también pudieron dar cuenta de que no todas las fiscalías o procuradurías dan información confiable sobre los hallazgos en las fosas. Durante tres años solicitaron información a las entidades locales, pero “ninguna entrega cumplió a cabalidad con lo solicitado”, aseguran, e incluso los datos eran inconsistentes. Entre una petición y otra (con las mismas preguntas) aumentaban o se corregían las cifras, sin dar realmente certeza de lo solicitado. Los datos también difieren de los registrados por la prensa.
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Según ellos, lo anterior puede deberse a dos motivos: o no todas las autoridades locales se preocupan por registrar y sistematizar la información, o, aunque cuentan con los datos, deciden no proporcionarlos. Sin embargo, al no hacerlo “dejan un mensaje de que se puede posponer, ocultar la revelación de la verdad y la realización de la justicia. Un mensaje que socava la credibilidad del Estado”, aseguró el representante de México del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Jan Jarab.
Pese a que la “ley general en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas” contempla la creación de un Registro Nacional de Fosas Comunes y Fosas Clandestinas, que concentre toda la información de los municipios del país, las capacidades institucionales siguen siendo débiles y la articulación entre instituciones y políticas públicas también es poca.
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Para Karla Quintana, comisionada nacional de búsqueda del gobierno de México, hay otro factor que se suma a la falta de resultados: “El tremendo déficit de antropólogos y arqueólogos forenses -expertos requeridos para la identificación de los cuerpos-, pues son las personas mayormente capacitadas para intervenir en las fosas de manera correcta. Tenemos que pensar de dónde los traemos”, asegura.
Ante las fallas institucionales, la sociedad mexicana ha sido testigo de cómo los grupos de familiares asumen la labor y se aventuran en condiciones precarias y de riesgo a liderar las brigadas de búsqueda, procesos de exhumación e intentos de identificación de los cuerpos. Entretanto, la magnitud del fenómeno sigue sin conocerse completamente y el hallazgo de fosas clandestinas pone en evidencia la crisis de derechos humanos que enfrenta el país y los retos latentes en materia de protección a la vida, la verdad, la integridad y la justicia; mientras México sigue convirtiéndose en una enorme tumba.
