Si las Fuerzas Armadas de Egipto cumplen con su anuncio, hoy será el fin del ultimátum que le otorgaron al presidente, Mohamed Mursi, para atender las demandas de los manifestantes, quienes desde el fin de semana, y aprovechando la conmemoración del primer año de gobierno del mandatario, salieron a las calles masivamente para pedir su dimisión.
La eventuales consecuencias del ultimátum no lucen muy claras, mientras los voceros de Mursi claman de manera pública que se fragua un golpe de Estado en contra del líder. Las palabras del comandante en jefe del Ejército, general Abdel Fatah al Sisi, fueron claras: “Si no atiende las demandas de la ciudadanía, el Ejército, que está obligado a actuar de acuerdo con su papel y deber, deberá revelar sus propios planes”.
No obstante, las palabras no parecen suficientes para explicar qué es lo que los militares entienden por “propios planes” y si la figura del actual presidente estará por fuera de ellos. Al menos ya han dejado ver algunas de sus intenciones: en caso de que no se halle una pronta solución, están dispuestos a suspender la Constitución y disolver el Parlamento.
De otra parte, lo que sí luce un poco más claro son las exigencias de la gente en la calle, que las Fuerzas Armadas han elevado a través de los medios. A estas alturas de las protestas, más allá del descontento generado por el crecimiento del déficit y del desempleo, de los altos precios de la gasolina, del agua y del pan, y por los fallos en la energía, el principal foco de la insatisfacción parece estar en la exclusión de la oposición de los asuntos del Estado.
Hoy se habla de la necesidad de crear un gobierno de unidad nacional, donde tengan participación los miembros de otras corrientes políticas diferentes a las musulmanas que Mursi ha priorizado. Los manifestantes claman, entre otras consignas, por un Egipto que no caiga ante la “islamización” del Estado, que el mandatario parece promover y que hoy le vale enormes críticas junto con la denuncia de burocracias y amiguismos.
El plazo de 48 horas es quizá un poco caprichoso para lograr un acercamiento de este tipo, más aún cuando Mursi llegó a la Presidencia apoyado por la mayoría popular hace un año y con la misión de conformar un gobierno tras 16 meses plagados de volatilidad política, consecuencia de la dimisión obligada —producto de protestas masivas como estas— de Hosni Mubarak. En cualquier caso, la reacción rápida de Mursi se hace necesaria: cinco de sus ministros han renunciado tras el agravamiento de la situación.
Una respuesta ha surgido de parte de la Alianza Nacional para el Apoyo de la Legitimidad, el grupo que reúne a 11 partidos islamistas, concebido para la defensa de Mursi. En un comunicado rechazó los intentos de atacar la legitimidad de Mursi y convocó a manifestaciones y marchas de sus aliados para evitar un eventual golpe de Estado.
De otro lado está el Frente del 30 de Junio, que aglutina a diversas facciones opositoras y que eligió por consenso al premio Nobel de la Paz Mohamed El Baradei como su representante, en aras de idear una vía de transición política que satisfaga las “demandas del pueblo”.
Lo que queda del gobierno de Mursi ha insinuado que los actos “contrarrevolucionarios” que tienen lugar en las calles han sido urdidos por los nostálgicos del “régimen” de Hosni Mubarak, mientras que quien fuera el primer ministro de este último, Ahmed Shafik —rival de Mursi en las pasadas elecciones—, declara ante las agencias de información que no ve cómo este nuevo “régimen” pueda aguantar más allá de esta semana. A la larga, todo dependerá de las Fuerzas Armadas.
Por Redacción Internacional
