¿La hora de la verdad para los corruptos en el Vaticano? Papa reforma tribunales penales

El aumento de delitos financieros en el Vaticano hizo que papa Francisco promulgara una reforma de los tres tribunales civiles y penales para darles independencia y agilidad.

redacción internacional
17 de marzo de 2020 - 09:30 p. m.
El papa en la Basílica de Santa María Maggiore. / EFE
El papa en la Basílica de Santa María Maggiore. / EFE

Hay un crucifijo milagroso en la iglesia de San Marcello al Corso, en Roma. Dicen que esta cruz fue llevada en procesón en 1522, en plena Gran Peste, y obró milagros. Este elemento reposa en la Iglesia San Marcello al Corso, en Roma. Y allí fue papa Francisco a rezar este lunes. Oró por el mundo en medio de la pandemia de coronavirus y por los trabajadores médicos del mundo.

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Pero también lo hizo por las nuevas reformas que determinó y que, como para variar, prometen levantar polémica. Francisco proclamó una reforma de los tres tribunales civiles y penales del pequeño Estados para darles independencia y agilidad. Informó que lo hizo debido a la cantidad enorme de delitos financieros que han golpeado al Vaticano en los últimos años. "Es necesario adaptarse a las convenciones internacionales", dijo el papa recientemente. 

Desde que llegó al Varicano, en 2013, Francisco ha tratado de hacer varias reformas en varios aspectos, y uno de esos es el económico: "Quien cometa un delito no será sancionado por sus superiores eclesiásticos sino por un tribunal compuesto por magistrados civiles", determinó.

El papa ha explorado este tipo de medidas, en medio de un duro enfrentamiento con sectores radicales de la curia, que ha sido azotado por numerosos escándalos. El último estalló a finales del año pasado, cuando comenzaron a investigarse operaciones millonarias “non sanctas”, que salpican nada menos que a la Secretaría de Estado e involucran a algunos “peces gordos” de la Santa Sede -monseñores, cardenales, pero también laicos de alto rango-, según informó el periódico La Nación de fuentes vaticanas.

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El Vaticano emitió un comunicado en donde informó que se habían realizado allanamientos en algunas oficinas de la primera sección de la Secretaría de Estado -el “ministerio” más importante de la curia romana, la administración central de la Santa Sede, que lidera el cardenal Pietro Parolin-, para secuestrar “documentos y aparatos electrónicos” a raíz de denuncias presentadas al inicio del verano (es decir, en junio) por el Instituto para las Obras de Religión (IOR) y la Oficina del Revisor General.

Un artículo de Emiliano Fittipaldi -periodista autor de “Avaricía” y “Lujuría”, libros que en los últimos años denunciaron el escándalo del despilfarro y de los abusos sexuales del clero vaticano, respectivamente-, reveló en el semanario L’Espresso que también se encuentra involucrada en el escándalo la Autoridad de Investigación Financiera (AIF), el organismo independiente creado en tiempos de Benedicto XVI, papa emérito, para contrarrestar las actividades de reciclaje. Y que cinco altos funcionarios del Vaticano fueron suspendidos “en forma preventiva” de sus servicios por las autoridades judiciales de la Santa Sede.

Pero la lucha de Francisco ha sido difícil y por eso debió hacer cambios. "Con la nueva ley sobre tribunales, los magistrados dependen solo del Papa en cuanto al nombramiento, y de las leyes del Estado del Vaticano en cuanto a su función, liberándose de una excesiva dependencia práctica de la Gobernación del pequeño Estado", reporta el periódico ABC de España.

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"Para aumentar la independencia, la nueva Ley de Ordenamiento Judicial del Estado de la Ciudad del Vaticano -que pone al día la de 1987- establece que en el nombramiento de magistrados se dará prioridad a los profesores universitarios, ya que tienen menos vínculos con el sistema judicial italiano y viven de su propio sueldo como docentes", explica ABC. Como hasta hace diez años el Tribunal del Vaticano apenas juzgaba delitos graves, la mayor parte de los magistrados eran juristas italianos que podían ver las causas del pequeño estado tan solo los sábados.

Los magistrados dispondrán directamente a partir de ahora de una policía judicial, formada por miembros de la Gendarmería Vaticana pero estrictamente a sus órdenes y no a las del comandante de la fuerza, quien depende, a su vez, de la Gobernación del Estado del Vaticano, señala la prensa italiana. 

Este sistema convertía procesos complejos como el de la filtración de cientos de documentos confidenciales de Benedicto XVI -el caso Vatileaks 1- o la filtración de documentos económicos -el caso Vatileaks 2-, en interminables. La nueva ley, según reporta La Reppublica regula también los requisitos para formar parte de la lista de posibles abogados defensores, y establece normas disciplinarias para los letrados de la defensa.

 

Por redacción internacional

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