La impunidad, arma que sigue matando a periodistas y activistas en México

A dos años del asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa y la activista Nadia Vera en Ciudad de México, la impunidad sigue matando a defensores de derechos humanos y reporteros en México, ya que sus crímenes no se investigan ni se castigan, denuncian especialistas.

Vera y Espinosa, junto a otras tres mujeres, fueron asesinados el 31 de julio de 2015 en la colonia Narvarte de Ciudad de México, después de que huyeran de Veracruz tras ser amenazados por el gobierno de Javier Duarte, ahora bajo proceso por corrupción, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Leopoldo Maldonado, el abogado que lleva el Caso Narvarte, señaló a Efe en una entrevista telefónica que "lo más relevante es que se investigará a las empresas de seguridad privada", en concreto al empresario Arturo Bermúdez, quien realizó varios actos de hostigamiento hacia la activista y el periodista en Veracruz.

Maldonado, quien anunció que la mesa de trabajo sobre el caso Narvarte se iniciará el próximo 1 de agosto, reclamó la falta de voluntad de avanzar por parte de la Procuraduría de la Ciudad de México en las recomendaciones señaladas, entre ellas una disculpa pública e indemnización a las familias, así como cambios estructurales "para que estos hechos no se repitan".

Veracruz es el estado con más periodistas asesinados (24 desde 2000), pero para el exdirector del diario El Siglo de Torreón (2006-2013), Javier Garza, el problema no se encuentra en una causa concreta, sino en la impunidad.

"Si el Gobierno hubiese castigado, los crímenes a los periodistas probablemente hubiesen disminuido", expuso Garza en una entrevista telefónica con Efe, quien ahora también es consultor en Artículo 19 (una organización independiente de Derechos Humanos que trabaja para promover y proteger el derecho a la libertad de expresión) y de la Asociación Mundial de Periódicos.

Garza, cuyo antiguo medio recibió amenazas del crimen organizado en el nororiental estado de Coahuila, explicó que mientras que hace unos años la violencia era más pronunciada en el norte (Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Baja California) ahora se ha desplazado al centro-sur de la República.

Señaló que no hay una explicación concreta para que 2006, 2009, 2010 y 2016 fueran los años con más periodistas asesinados en México, puesto que los crímenes "pueden estar organizados con temas de narcotráfico, otros de corrupción política, otros de crimen organizado con políticos o policías".

"Cualquiera que esté pensando ahora en matar a un periodista para silenciarlo sabe que lo puede hacer porque la persona que lo hizo se salió con la suya y no le pasó nada", lamentó Garza, quien añadió que el 52 % de las agresiones a los reporteros provienen de funcionarios públicos, muchos de ellos estatales.

La fundación Artículo 19 ha documentado desde el año 2000 el asesinato de 107 periodistas en México, de los cuales 17 ocurrieron en Veracruz durante el gobierno de Duarte (2010-2016), entre ellos Rubén Espinosa.

La abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) Sofía de Robina dijo a Efe que el Caso Narvarte "ejemplifica la impunidad que normalmente hay en estos casos", agravada por las filtraciones a medios "donde se buscaba quitar al activismo y al periodismo como uno de los motores del asesinato y vincularlo al narcotráfico".

La activista señaló que en el Caso Narvarte se generaron muchos comentarios sexistas en contra de las mujeres asesinadas, en los cuales se les asignaba ciertos estereotipos. "Decían que se acostaban con ellos. Siempre se va a la vida privada de las mujeres en vez de tener en cuenta su actividad profesional", lamentó.

También reclamó que se le diera más protagonismo en un inicio al asesinato de Espinosa, pero que a causa de la presión social se ha logrado visibilizar a las cinco víctimas. "Sigue siendo un caso que nos lastima y que seguirá lastimándonos", refirió.

Explicó que la situación de los defensores de derechos humanos es muy distinta en cada uno de los estados, pero señaló que la Ciudad de México, Chihuahua, Oaxaca y Guerrero son las localidades donde los activistas tienen más vulnerabilidad, sobre todo los que luchan contra los feminicidios y las causas medioambientales.

Durante su visita a México en enero, el relator especial de Naciones Unidas, Michel Forst, señaló la impunidad, la inseguridad y la violencia en todo el país, así como los obstáculos e intimidaciones hacia las personas que denuncian los abusos a los derechos humanos, concluyó de Robina. 

A dos años del asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa y la activista Nadia Vera en Ciudad de México, la impunidad sigue matando a defensores de derechos humanos y reporteros en México, ya que sus crímenes no se investigan ni se castigan, denuncian especialistas.

Vera y Espinosa, junto a otras tres mujeres, fueron asesinados el 31 de julio de 2015 en la colonia Narvarte de Ciudad de México, después de que huyeran de Veracruz tras ser amenazados por el gobierno de Javier Duarte, ahora bajo proceso por corrupción, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Leopoldo Maldonado, el abogado que lleva el Caso Narvarte, señaló a Efe en una entrevista telefónica que "lo más relevante es que se investigará a las empresas de seguridad privada", en concreto al empresario Arturo Bermúdez, quien realizó varios actos de hostigamiento hacia la activista y el periodista en Veracruz.

Maldonado, quien anunció que la mesa de trabajo sobre el caso Narvarte se iniciará el próximo 1 de agosto, reclamó la falta de voluntad de avanzar por parte de la Procuraduría de la Ciudad de México en las recomendaciones señaladas, entre ellas una disculpa pública e indemnización a las familias, así como cambios estructurales "para que estos hechos no se repitan".

Veracruz es el estado con más periodistas asesinados (24 desde 2000), pero para el exdirector del diario El Siglo de Torreón (2006-2013), Javier Garza, el problema no se encuentra en una causa concreta, sino en la impunidad.

"Si el Gobierno hubiese castigado, los crímenes a los periodistas probablemente hubiesen disminuido", expuso Garza en una entrevista telefónica con Efe, quien ahora también es consultor en Artículo 19 (una organización independiente de Derechos Humanos que trabaja para promover y proteger el derecho a la libertad de expresión) y de la Asociación Mundial de Periódicos.

Garza, cuyo antiguo medio recibió amenazas del crimen organizado en el nororiental estado de Coahuila, explicó que mientras que hace unos años la violencia era más pronunciada en el norte (Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Baja California) ahora se ha desplazado al centro-sur de la República.

Señaló que no hay una explicación concreta para que 2006, 2009, 2010 y 2016 fueran los años con más periodistas asesinados en México, puesto que los crímenes "pueden estar organizados con temas de narcotráfico, otros de corrupción política, otros de crimen organizado con políticos o policías".

"Cualquiera que esté pensando ahora en matar a un periodista para silenciarlo sabe que lo puede hacer porque la persona que lo hizo se salió con la suya y no le pasó nada", lamentó Garza, quien añadió que el 52 % de las agresiones a los reporteros provienen de funcionarios públicos, muchos de ellos estatales.

La fundación Artículo 19 ha documentado desde el año 2000 el asesinato de 107 periodistas en México, de los cuales 17 ocurrieron en Veracruz durante el gobierno de Duarte (2010-2016), entre ellos Rubén Espinosa.

La abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) Sofía de Robina dijo a Efe que el Caso Narvarte "ejemplifica la impunidad que normalmente hay en estos casos", agravada por las filtraciones a medios "donde se buscaba quitar al activismo y al periodismo como uno de los motores del asesinato y vincularlo al narcotráfico".

La activista señaló que en el Caso Narvarte se generaron muchos comentarios sexistas en contra de las mujeres asesinadas, en los cuales se les asignaba ciertos estereotipos. "Decían que se acostaban con ellos. Siempre se va a la vida privada de las mujeres en vez de tener en cuenta su actividad profesional", lamentó.

También reclamó que se le diera más protagonismo en un inicio al asesinato de Espinosa, pero que a causa de la presión social se ha logrado visibilizar a las cinco víctimas. "Sigue siendo un caso que nos lastima y que seguirá lastimándonos", refirió.

Explicó que la situación de los defensores de derechos humanos es muy distinta en cada uno de los estados, pero señaló que la Ciudad de México, Chihuahua, Oaxaca y Guerrero son las localidades donde los activistas tienen más vulnerabilidad, sobre todo los que luchan contra los feminicidios y las causas medioambientales.

Durante su visita a México en enero, el relator especial de Naciones Unidas, Michel Forst, señaló la impunidad, la inseguridad y la violencia en todo el país, así como los obstáculos e intimidaciones hacia las personas que denuncian los abusos a los derechos humanos, concluyó de Robina.