La lucha de los indígenas bolivianos para exigir mayor apoyo frente al coronavirus
Las poblaciones indígenas de la Amazonía boliviana que libran su propia batalla ante la COVID-19 también enfrentan las limitaciones de un sistema de salud colapsado en las regiones más afectadas, algo que se teme que haya provocado decesos todavía no confirmados por el virus y muertes por enfermedades crónicas.
Una de las poblaciones más afectadas durante la pandemia ha sido la indígena, que ha tenido que sufrir, aún más, el olvido de los gobiernos de la región. El caso de Bolivia es crítico, y en los últimos días comunidades de diferentes partes del país han denunciado no solo contagios masivos, sino un sistema de salud colapsado que es incapaz de atenderlos.
"Con relación a los pueblos indígenas, el Gobierno no ha dado ninguna respuesta a la problemáticas, en todo caso ha hecho que la situación se empeore", es el reclamo del director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), Miguel Vargas, entidad que lleva el registro de la pandemia en las poblaciones indígenas vulnerables.
Vargas explicó a Efe que la situación de la etnia Yuqui, en Cochabamba, el territorio indígena Lomerío en Santa Cruz, y Cayubaba en Beni, justamente en las tres regiones más golpeadas por la enfermedad en Bolivia, es “crítica”, pues “la gestión participativa de la pandemia es algo que no existe”.
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Escalada de contagios
En el caso de Lomerío, hasta el pasado 14 de junio se reportaron 14 muertes, de las cuales únicamente tres tienen "información confirmada" de que fueron por COVID-19 mientras que el resto ha presentado "síntomas muy altos" de la enfermedad, según Vargas.
Esta población del departamento de Santa Cruz, el más poblado del país y el que más casos de COVID-19 registra, más de 12.000 de los cerca de 20.000 en el país, ha decidido "autoaislarse" para acatar la cuarentena que rige en su región, pero al mismo tiempo ha visto la necesidad de "salir" del confinamiento para poder subsistir exponiéndose al contagio, precisó.
Vargas apuntó los casos difíciles identificados por el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, como el del Yuqui, en la región tropical de Cochabamba, y el Cayubaba en la amazónica de Beni, al ser grupos de población minoritaria con solo algunos centenares de integrantes, con 19 y cinco casos, respectivamente. ”La situación es crítica en los pueblos Yuqui y Cayubaba, que son demográficamente muy pequeños, la posibilidad de que esto se expanda y tengamos un número alto de fallecidos es realmente latente y es muy preocupante”, remarcó.
Sin atención de salud
El caso de los ayoreos también es difícil porque, según Vargas, este pueblo, que no pasa de los 3.000 integrantes, propio de la región chaqueña del país cercana a Paraguay, ha chocado con el colapso del sistema de salud en el departamento de Santa Cruz, que se ha volcado a la atención de la COVID-19.
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Muchos de los ayoreos rurales no han tenido acceso a los bonos que entregó el Gobierno de transición, por no contar con documentos de identificación y no estar los menores registrados en el sistema educativo, mientras que los miembros de la etnia que residen en la ciudad ven con dificultad el acceso a centros de salud que están al límite.
Los ayoreos "son una población altamente vulnerable por la situación de enfermedades de base que presentan como la diabetes", que ha provocado decesos, mencionó el director.
Críticas a la gestión de la pandemia
"El Gobierno ha limitado la atención de la pandemia al área urbana y se ha olvidado del área rural", sentenció Vargas, después de hacer un balance de los más de tres meses desde que se identificaron los primeros casos en Bolivia.
Uno de los aspectos más complejos es el llamado “subregistro”, por contagios y muertes no reportadas formalmente por coronavirus ante la falta de pruebas y resultados de exámenes clínicos. La única forma para calcular el impacto de la enfermedad en las comunidades indígenas amazónicas de Bolivia es “con información de las autoridades locales”, manifestó Vargas.
Demandas como la inclusión de la autopertenencia étnica en la ficha epidemiológica y la difusión de protocolos para tratar la enfermedad, o cómo hacer los funerales para los que murieron, son aspectos que muchas comunidades indígenas desconocen, aseguró.
Bolivia reportó más de 600 muertes por la COVID-19 y se acerca a los 20.000 casos confirmados, ante pronósticos de sanidad de que el mayor índice de contagios se producirá entre finales de julio y agosto.
Una de las poblaciones más afectadas durante la pandemia ha sido la indígena, que ha tenido que sufrir, aún más, el olvido de los gobiernos de la región. El caso de Bolivia es crítico, y en los últimos días comunidades de diferentes partes del país han denunciado no solo contagios masivos, sino un sistema de salud colapsado que es incapaz de atenderlos.
"Con relación a los pueblos indígenas, el Gobierno no ha dado ninguna respuesta a la problemáticas, en todo caso ha hecho que la situación se empeore", es el reclamo del director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), Miguel Vargas, entidad que lleva el registro de la pandemia en las poblaciones indígenas vulnerables.
Vargas explicó a Efe que la situación de la etnia Yuqui, en Cochabamba, el territorio indígena Lomerío en Santa Cruz, y Cayubaba en Beni, justamente en las tres regiones más golpeadas por la enfermedad en Bolivia, es “crítica”, pues “la gestión participativa de la pandemia es algo que no existe”.
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Escalada de contagios
En el caso de Lomerío, hasta el pasado 14 de junio se reportaron 14 muertes, de las cuales únicamente tres tienen "información confirmada" de que fueron por COVID-19 mientras que el resto ha presentado "síntomas muy altos" de la enfermedad, según Vargas.
Esta población del departamento de Santa Cruz, el más poblado del país y el que más casos de COVID-19 registra, más de 12.000 de los cerca de 20.000 en el país, ha decidido "autoaislarse" para acatar la cuarentena que rige en su región, pero al mismo tiempo ha visto la necesidad de "salir" del confinamiento para poder subsistir exponiéndose al contagio, precisó.
Vargas apuntó los casos difíciles identificados por el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, como el del Yuqui, en la región tropical de Cochabamba, y el Cayubaba en la amazónica de Beni, al ser grupos de población minoritaria con solo algunos centenares de integrantes, con 19 y cinco casos, respectivamente. ”La situación es crítica en los pueblos Yuqui y Cayubaba, que son demográficamente muy pequeños, la posibilidad de que esto se expanda y tengamos un número alto de fallecidos es realmente latente y es muy preocupante”, remarcó.
Sin atención de salud
El caso de los ayoreos también es difícil porque, según Vargas, este pueblo, que no pasa de los 3.000 integrantes, propio de la región chaqueña del país cercana a Paraguay, ha chocado con el colapso del sistema de salud en el departamento de Santa Cruz, que se ha volcado a la atención de la COVID-19.
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Muchos de los ayoreos rurales no han tenido acceso a los bonos que entregó el Gobierno de transición, por no contar con documentos de identificación y no estar los menores registrados en el sistema educativo, mientras que los miembros de la etnia que residen en la ciudad ven con dificultad el acceso a centros de salud que están al límite.
Los ayoreos "son una población altamente vulnerable por la situación de enfermedades de base que presentan como la diabetes", que ha provocado decesos, mencionó el director.
Críticas a la gestión de la pandemia
"El Gobierno ha limitado la atención de la pandemia al área urbana y se ha olvidado del área rural", sentenció Vargas, después de hacer un balance de los más de tres meses desde que se identificaron los primeros casos en Bolivia.
Uno de los aspectos más complejos es el llamado “subregistro”, por contagios y muertes no reportadas formalmente por coronavirus ante la falta de pruebas y resultados de exámenes clínicos. La única forma para calcular el impacto de la enfermedad en las comunidades indígenas amazónicas de Bolivia es “con información de las autoridades locales”, manifestó Vargas.
Demandas como la inclusión de la autopertenencia étnica en la ficha epidemiológica y la difusión de protocolos para tratar la enfermedad, o cómo hacer los funerales para los que murieron, son aspectos que muchas comunidades indígenas desconocen, aseguró.
Bolivia reportó más de 600 muertes por la COVID-19 y se acerca a los 20.000 casos confirmados, ante pronósticos de sanidad de que el mayor índice de contagios se producirá entre finales de julio y agosto.