La misión europea en Libia

La Unión Europea empezará hoy a buscar la aprobación formal para implementar una operación destinada a combatir a quienes extorsionan a los extranjeros para llevarlos desde Libia hasta Europa. La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, presentará la iniciativa ante el Consejo de Seguridad de la ONU, que podría tomar una decisión a finales de esta semana.

 

A partir de la crisis migratoria que se ha hecho evidente este año en el mar Mediterráneo, la Unión Europea ha diseñado una misión para acabar con el negocio de las redes de tráfico de personas que operan en Libia. Pero para interceptar y destruir los barcos utilizados por los traficantes de seres humanos, los europeos necesitan el aval de la ONU, pues sin un mandato internacional no pueden actuar en aguas territoriales libias o detener una embarcación con bandera de un país. Si la iniciativa es aprobada por el Consejo de Seguridad, la operación podría empezar a implementarse en junio. Sin embargo, sin la aprobación quedaría aplazada, pues la inestabilidad política en Libia impide negociar la operación con las autoridades de ese país.

 

El Gobierno de Salvación Nacional libio pidió ayer a la Unión Europea que lo ayude a detener la inmigración ilegal. El problema es que es imposible negociar con un gobierno que no cuenta con el reconocimiento de la comunidad internacional. El enviado de la ONU para Libia, Bernardino León, trata de acercar las posturas de este gobierno basado en Trípoli y otro que tiene su sede en Tobruk, para conseguir que ambas facciones que se disputan el control del país lleguen a un pacto de unidad nacional y a la conformación de un gobierno con el que sea más factible negociar.

Rusia y China, miembros permanentes del Consejo de Seguridad, se han mostrado resistentes a aprobar una operación que tenga como objetivo la destrucción de las embarcaciones que transportan migrantes. Esta era la idea central de la Unión Europea y ahora ha tenido que proponer otras opciones, como “medidas coercitivas” contra los traficantes de personas. No obstante, el proyecto no deja de contemplar “todos los medios necesarios” para acabar con la migración ilegal.

 

A finales de abril, como reacción a los dramáticos naufragios en el Mediterráneo, los líderes europeos se reunieron y acordaron dar más dinero a varios estados africanos para que supervisen las rutas que conducen principalmente a Libia, el punto de partida de la mayoría de los barcos que intentan llegar a las costas europeas. La propuesta de multiplicar por tres los recursos recibió el apoyo de todos los estados miembros. En el caso de Tritón, la operación que vigila las costas italianas, ese incremento implica aproximarse a los nueve millones de euros mensuales.

 

Fue a partir de esa cumbre que pidieron a Mogherini que iniciara los preparativos para una misión destinada a localizar, detener y destruir las embarcaciones utilizadas por las mafias para traer a inmigrantes a Europa, con el aval de la ONU. La semana pasada el secretario general del Servicio Europeo de Acción Exterior de la Unión Europea, Alain Le Roi, aseguró que “se progresa” en las gestiones diplomáticas para lograr el respaldo del Consejo de Seguridad a la operación que autorice la “acción coercitiva” en el Mediterráneo. Recordó además que los cuatro estados europeos miembros del Consejo de Seguridad de la ONU —España, Reino Unido, Francia y Lituania— “están empujando” en este sentido y “ya hay una resolución circulando”.

La Unión Europea empezará hoy a buscar la aprobación formal para implementar una operación destinada a combatir a quienes extorsionan a los extranjeros para llevarlos desde Libia hasta Europa. La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, presentará la iniciativa ante el Consejo de Seguridad de la ONU, que podría tomar una decisión a finales de esta semana.

 

A partir de la crisis migratoria que se ha hecho evidente este año en el mar Mediterráneo, la Unión Europea ha diseñado una misión para acabar con el negocio de las redes de tráfico de personas que operan en Libia. Pero para interceptar y destruir los barcos utilizados por los traficantes de seres humanos, los europeos necesitan el aval de la ONU, pues sin un mandato internacional no pueden actuar en aguas territoriales libias o detener una embarcación con bandera de un país. Si la iniciativa es aprobada por el Consejo de Seguridad, la operación podría empezar a implementarse en junio. Sin embargo, sin la aprobación quedaría aplazada, pues la inestabilidad política en Libia impide negociar la operación con las autoridades de ese país.

 

El Gobierno de Salvación Nacional libio pidió ayer a la Unión Europea que lo ayude a detener la inmigración ilegal. El problema es que es imposible negociar con un gobierno que no cuenta con el reconocimiento de la comunidad internacional. El enviado de la ONU para Libia, Bernardino León, trata de acercar las posturas de este gobierno basado en Trípoli y otro que tiene su sede en Tobruk, para conseguir que ambas facciones que se disputan el control del país lleguen a un pacto de unidad nacional y a la conformación de un gobierno con el que sea más factible negociar.

Rusia y China, miembros permanentes del Consejo de Seguridad, se han mostrado resistentes a aprobar una operación que tenga como objetivo la destrucción de las embarcaciones que transportan migrantes. Esta era la idea central de la Unión Europea y ahora ha tenido que proponer otras opciones, como “medidas coercitivas” contra los traficantes de personas. No obstante, el proyecto no deja de contemplar “todos los medios necesarios” para acabar con la migración ilegal.

 

A finales de abril, como reacción a los dramáticos naufragios en el Mediterráneo, los líderes europeos se reunieron y acordaron dar más dinero a varios estados africanos para que supervisen las rutas que conducen principalmente a Libia, el punto de partida de la mayoría de los barcos que intentan llegar a las costas europeas. La propuesta de multiplicar por tres los recursos recibió el apoyo de todos los estados miembros. En el caso de Tritón, la operación que vigila las costas italianas, ese incremento implica aproximarse a los nueve millones de euros mensuales.

 

Fue a partir de esa cumbre que pidieron a Mogherini que iniciara los preparativos para una misión destinada a localizar, detener y destruir las embarcaciones utilizadas por las mafias para traer a inmigrantes a Europa, con el aval de la ONU. La semana pasada el secretario general del Servicio Europeo de Acción Exterior de la Unión Europea, Alain Le Roi, aseguró que “se progresa” en las gestiones diplomáticas para lograr el respaldo del Consejo de Seguridad a la operación que autorice la “acción coercitiva” en el Mediterráneo. Recordó además que los cuatro estados europeos miembros del Consejo de Seguridad de la ONU —España, Reino Unido, Francia y Lituania— “están empujando” en este sentido y “ya hay una resolución circulando”.