Al menos un gazatí murió y 48 más resultaron heridos luego de que el martes Israel, presuntamente, abrió fuego contra un grupo de personas cerca de un centro de distribución de ayuda en el enclave palestino. Un día después, el Ejército negó el ataque y aseguró que los soldados “dispararon al aire”, en el exterior del centro gestionado por la Fundación Humanitaria de Gaza. Sin embargo, testimonios recogidos por la prensa afirmaron que las fuerzas israelíes sí comenzaron a disparar después de que varias personas atravesaron las vallas alrededor del centro de distribución. Un helicóptero militar israelí lanzó bengalas y se escucharon ráfagas de disparos a lo lejos.
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En medio de una emergencia por las alertas de hambruna, pues ya se cuentan 57 niños fallecidos por efectos de la desnutrición en los últimos dos meses y se cree que otros 14.000 menores de 5 años pueden estar en riesgo, a Israel lo critican por el uso de la ayuda humanitaria como arma de guerra, a través de una organización de dudosa procedencia. Lo poco que se sabe es que dicha entidad fue creada en febrero, en Suiza, y que cuenta con el apoyo de Estados Unidos. Su seguridad está a cargo de contratistas militares privados, como Safe Reach Solutions, dirigida por un exoficial de la CIA, e incluye la toma de datos biométricos de los gazatíes en los puntos de distribución.
La ONU no está involucrada en esta operación. Tom Fletcher, jefe de ayuda humanitaria de Naciones Unidas, lo calificó como un plan de “distracción deliberada”, que puede ocasionar “más violencia y desplazamientos”, en un contexto en el que casi dos millones de personas han sido desplazadas y en el que los cuatro puntos de asistencia están ubicados principalmente en el sur del enclave palestino. Jan Egeland, secretario general del Consejo Noruego para los Refugiados, le aseguró a la BBC que la fundación está “militarizada, privatizada y politizada”. En sus palabras: “Hay una empresa de seguridad que va a colaborar estrechamente con una de las partes, las Fuerzas de Defensa de Israel, y no podemos dejar que decidan dónde, cómo y quién recibirá la ayuda”.
Nadia Silhi Chahin, abogada y candidata a doctora en derecho por la Universidad de Edimburgo, ve una situación inhumana alrededor de la repartición de la ayuda: filas, peleas y disparos, como pasó en febrero de 2024, además de que están obligando a los gazatíes a desplazarse nuevamente hacia el sur de Gaza, después de emitir varias órdenes de evacuación. Más aún, la cantidad de la ayuda es insuficiente: la comida que distribuye la fundación tiene 1.750 calorías, que no alcanza a cubrir el mínimo necesario en situaciones de emergencia (2.100 calorías, según la Organización Mundial de la Salud, Unicef y el Programa Mundial de Alimentos).
“Hay mucha gente sin extremidades y que está herida, pero también adultos mayores y niños huérfanos por culpa de este genocidio. Además, puede que no los dejen volver a otras partes de Gaza, como al norte y al centro, porque lo que buscan es limpiar étnicamente a la Franja, como están haciendo con toda Palestina”, agregó la abogada, quien cree que la ausencia de Naciones Unidas causa mayor desconfianza alrededor de esto.
Un memorando filtrado de la ONU expresó que participar en los planes israelíes haría que la organización estuviera “implicada en la implementación de un sistema que no cumple con las responsabilidades legales de Israel como potencia ocupante”. Es decir, se crearía un precedente que podría vincular a Naciones Unidas con crímenes graves, entre ellos, “riesgo de genocidio”, como reposa en la denuncia que presentó Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia. De ahí que se haya apartado y que el secretario general, António Guterres, asegurara que eso viola el derecho internacional y los principios humanitarios.
Esta no es la primera vez que Israel usa el control de la alimentación de los gazatíes a su favor. Informes acerca de eso se conocieron en medio del bloqueo que instauró sobre el enclave palestino a principios de este siglo, en 2007. Si bien en ese momento lo justificó diciendo que era un bloqueo necesario para debilitar a Hamás, sus críticos lo definieron como un castigo colectivo contra la población, argumentos que, de lado y lado, se han vuelto a escuchar en este último año. Rodrigo Karmy, académico en el Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile, lo expresó así: “La ayuda humanitaria está siendo ordenada a partir de la lógica colonial, porque aquí no hay dos Estados beligerantes, sino una colonización de un pueblo por más de 70 años”.
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