Todo sucedió entre 2014 y 2016. Entonces el rapero Pablo Hasél publicó una serie de tuits atacando la monarquía y las fuerzas de seguridad. En los mensajes, el rapero arremetía contra la monarquía y llamaba, por ejemplo, “mercenarios de mierda” a las fuerzas policiales y las acusaba de torturar y asesinar a manifestantes e inmigrantes.
Por este hecho fue condenado a nueve meses de cárcel. Las autoridades le habían dado plazo hasta el viernes de la semana pasada para entregarse y cumplir la sentencia por “enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona y las fuerzas de seguridad”.
En una entrevista telefónica con AFP, Hasél había dicho el viernes que no se entregaría. “Tendrán que venir ellos a secuestrarme y también servirá para que el Estado quede retratado como lo que es: una falsa democracia”, dijo, desafiante.
El lunes, ante los rumores de una detención inminente, se atrincheró en el edificio del rectorado de la universidad de Lérida, en la región nororiental de Cataluña, junto a decenas de jóvenes que querían dificultar su arresto.
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Los agentes policiales ingresaron a la universidad, pese a encontrarse algunas barricadas y contenedores para impedir su acceso, desalojaron y se llevaron al artista.
En 2014 el cantante ya había sido condenado a dos años de cárcel por enaltecimiento del terrorismo, por unas canciones donde pedía la muerte de la familia real o ensalzaba a grupos extremos responsables de acciones violentas. Y en esa ocasión, la pena no se ejecutó.
“¡No nos van a parar nunca, no nos van a doblegar!”, gritaba con el puño alto Hasél mientras la policía lo escoltaba fuera de la universidad.
“Muerte al Estado fascista”, vociferó instantes antes de entrar en el vehículo policial, entre abucheos de activistas que protestaban en esta ciudad a 150 km de Barcelona. De allí fue llevado directamente al centro penitenciario de esa localidad, donde ingresó de inmediato, informó la policía.
Manifestaciones en cadena
Horas después, miles de personas comenzaron a manifestarse en diversas ciudades españolas, en las que se registraron incidentes y detenciones.
Las principales manifestaciones de apoyo a Hasel se desarrollaron en las ciudades catalanas de Barcelona, Lleida, Girona y Vic, y en ellas se produjeron enfrentamientos con la policía, quema de contenedores, destrozos y lanzamientos de objetos.
“¡Resistencia!”, “Pablo, compañero, estamos a tu lado” y “¡Libertad Pablo Hasel!”, han sido los lemas más utilizados durante las manifestaciones.
En Lleida, en cuya universidad ha sido detenido el rapero esta mañana, unas 2.000 personas, según la organización, y 1.400, según la Guardia Urbana, iniciaron la protesta en la plaza de la Catedral, donde leyeron un manifiesto.
La comitiva se dirigió hasta la sede del Partido Socialista de Cataluña (PSC) en Lleida, donde se lanzaron huevos y otros objetos contra la fachada, y posteriormente, a la altura de la plaza Sant Joan, donde arrojaron pintura contra la fachada de la sede del Partido Popular (PP).
Varios centenares de personas caminaron entonces hasta la Subdelegación del Gobierno en Lleida, donde se vivieron los momentos de más tensión al tirar contenedores al suelo, incendiar algunos de ellos y tirar petardos contra algunas furgonetas de los Mossos, uno de cuyos agentes sufrió lesiones.
El debate
Qué límites debe tener la libertad de expresión, particularmente las obras artísticas, es un debate polémico e intenso en la política, la sociedad y la prensa españolas por casos como el del rapero Pablo Hasel, detenido hoy para cumplir una condena de 9 meses de prisión por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona.
Su condena y detención fueron criticadas duramente por partidos y asociaciones de izquierda, formaciones independentistas catalanas y organizaciones como Amnistía Internacional (AI), que mostró una “indignación absoluta”, ya que considera que el encarcelamiento “injusto” del cantante está “estrictamente vinculado al ejercicio de su libertad de expresión”.
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Unos 200 artistas, entre ellos el director de cine Pedro Almodóvar, el actor Javier Bardem y el cantautor Joan Manuel Serrat, firmaron un manifiesto en su defensa.
El escándalo incomoda al gobierno de izquierdas del socialista Pedro Sánchez, cuya portavoz María Jesús Montero reconoció la semana anterior que no había “proporcionalidad” en la condena al rapero.
Su vicepresidenta Carmen Calvo evitó pronunciarse este martes sobre la decisión judicial, pero reiteró la voluntad del gobierno de revisar este tipo de delitos para que no sean sancionados con penas de cárcel. “En el ámbito de la libertad de expresión debe haber una horquilla de comprensión y tolerancia propia de una democracia madura como la nuestra”, dijo tras la reunión del Consejo de Ministros.
El caso de Hasél recuerda al del rapero español Valtonyc, quien en 2018 se marchó a Bélgica horas antes de entrar en prisión para cumplir una condena por injurias al rey, enaltecimiento del terrorismo y amenazas en sus canciones.
La Constitución española (1978) reconoce y protege los derechos a “expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción” y “a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica”.
