Como sucediera en el estado de Bahía, ahora la policía de Río de Janeiro entró en un preocupante cese de labores. Los uniformados de los dos estados se declararon en huelga y la amenaza de que sus colegas se solidaricen con la iniciativa se extiende por otros estados, como Espíritu Santo, Río Grande do Sul, Pará y Paraná.
La chispa que inició el fuego surgió en Salvador de Bahía la semana pasada. Policías hartos de sus condiciones laborales se tomaron la sede de la Asamblea Legislativa local para exigir mejores salarios, toma que dio pie a disturbios, heridas y acusaciones de crimen por parte de la justicia. Después de una semana sin policía, el gobernador de Bahía, Jacques Wagner, se vio obligado a negociar tras exhibir una postura tajante en los primeros días. En su contra juegan los 146 asesinatos y múltiples robos que deja hasta ahora el paro y la presión popular que viene con el próximo inicio de los carnavales, proyectados para el 16 de febrero en Salvador. ¿Cómo hacer las fiestas si no hay Policía?
La situación se complicó cuando los uniformados de Río de Janeiro expresaron su deseo de cesar actividades, también exigiendo una mejor paga para su trabajo. La Asamblea Legislativa, intentando evitar que se replicara la realidad de Salvador, ofreció a las autoridades un aumento paulatino de salarios hasta 2014, que significaría en total un incremento del 38% en relación con sus ingresos actuales. La oferta no satisfizo sus deseos y a su intención de huelga se unieron los bomberos y el personal penitenciario.
Por supuesto, el peligro de descontrol social en el segundo estado más importante después de São Paulo se convirtió en un asunto de preocupación nacional para el gobierno de Dilma Rousseff. No obstante, y como sucede en Bahía, la actitud de las autoridades coincide con la víspera del Carnaval de Río, cuya fecha de inicio está pactada para el próximo 18 de febrero.
Con las fechas de los carnavales a su favor, los policías han lanzado su propuesta: desean que su salario básico sea de 3.500 reales (cerca de US$2.000), que adicionalmente tengan un subsidio de transporte anual y se establezca además un límite de 40 horas regulares de trabajo a la semana. El pedido apunta a que estas condiciones se hagan obligatorias para las autoridades de todos los estados de Brasil, una propuesta que ha sido desestimada por la presidenta Dilma Rousseff, quien afirmó que estandarizar los ingresos de los policías a nivel nacional, y no de acuerdo con la economía de cada uno de los estados, significaría la bancarrota para muchos de ellos. Actualmente, el salario más bajo que recibe un policía de Río se establece alrededor de los US$500.
Las conversaciones siguen, ahora con una Rousseff mucho más participativa en la discusión, reticente a aceptar que los policías presos hasta ahora como instigadores de la huelga sean amnistiados: “Nadie puede ser detenido o condenado por hacer reivindicaciones. Ahora bien, tampoco pueden ser amnistiados los que hayan cometidos crímenes o actos ilegales”, aseguró la mandataria.
Existe el temor de que la inseguridad se dispare en Río de Janeiro, una ciudad en donde el gobierno de Rousseff ha invertido grandes esfuerzos para recuperar las favelas de las manos criminales. La prensa avisa del riesgo de que los narcotraficantes se aprovechen del vacío para reacomodarse en los barrios y el gobierno federal asignó 14.000 militares para custodiar las calles. “La seguridad durante el Carnaval está garantizada”, afirma el secretario de Seguridad de Río, José Mariano Beltrame.
Por Redacción Internacional
