Rodrigo Duterte, presidente de Filipinas, parece no conocer otra forma de abordar los problemas que la fuerza, la intimidación y la amenaza. Esa ha sido la conducta que ha marcado su trasegar político. Famoso por sus frases e insultos, desde que llegó a la Presidencia filipina se dedicó a advertir que no le tiembla la mano para “matar”, “torturar” o lo que “haga falta para mantener la ley y el orden”.
“Me dan igual las ejecuciones extrajudiciales”, señaló ante los reclamos de organizaciones de Derechos Humanos sobre los excesos de las fuerzas armadas; “traigan los cargos que quieran, me atengo a mis armas, mataré a todos los que quieran destruir a mi país”, han sido palabras que ha repetido una y otra vez desde 2016, cuando llegó al poder.
En su informe mundial 2020, Human Rights Watch alertaba sobre la sanguinaria guerra contra las drogas en Filipinas. “La campaña contra las drogas del presidente Duterte sigue siendo tan brutal como cuando comenzó: sospechosos de narcotráfico aparecen asesinados por todo el país”.
En diciembre de 2019, la Agencia de Control de Drogas del país informó que sus fuerzas habían matado a 5.552 personas durante redadas del 1 de julio de 2016 al 30 de noviembre de 2019; pero organizaciones no gubernamentales dicen que los muertos ascienden a 27.000. Duterte dijo entonces que no le importan las críticas y que iba a hacer “algo” para proteger a sus agentes, a los que les pidió “aplicar medidas más severas” contra la insurgencia.
Cumplió: aprobó una polémica Ley antiterrorista que despierta los peores temores en el país. La nueva normativa comenzó a ser aplicada el 18 de julio y muchos la comparan con la ley marcial de Ferdinand Marcos (1972-1981) en la que activistas y oposición fueron silenciados a la fuerza.
La ley, que lleva veinte días siendo aplicada, "tiene un efecto atenazante para toda la sociedad y para el activismo en particular", asegura a Efe Cristina Palabay, conocida activista y secretaria general de Karapatan, una red nacional de organizaciones de derechos humanos en Filipinas.
Desde el inicio del mandato de Duterte, en junio de 2016, más de 100.000 activistas, defensores de derechos humanos y líderes sociales han sufrido acoso y hostigamiento por parte de las fuerzas de la ley, 308 han sido asesinados, 214 torturados, 13 han desaparecido y 832 han sido ilegalmente detenidos, según ha documentado Karapatan.
Uno de los aspectos que más preocupa de la nueva ley antiterrorista es que amplía y define vagamente los delitos de terrorismo, como la "amenaza o incitación a cometer actos terroristas", punibles con 12 años de prisión, una provisión poco precisa por la que se podría catalogar como terrorismo cualquier protesta contra el Gobierno.
Los partidarios de la ley, entre ellos las Fuerzas Armadas, alegan que la vieja Ley de Seguridad Humana no sirvió para atajar el terrorismo en el país, que lucha desde hace medio siglo con insurgencias comunistas e islámicas, ya que el terrorismo moderno implica reclutamiento, financiación y planificación de atentados en internet.
Militares contra la COVID-19
“La situación”, apuntó Palabay, se agrava con la respuesta militarizada a la pandemia de COVID-19. Fiel a su estilo represor, Duterte no tuvo mejor idea que poner a los militares al frente del manejo de la crisis sanitaria. Con total fracaso. Ordenarles disparar a matar a todo el que violara la cuarentena no le dio resultado.
El país sobrepasa los 100.000 contagios y más de 2.000 muertos, los hospitales están saturados y el personal médico agotado; por eso en una carta le pidieron cambiar la estrategia.
“Entiendo completamente por qué nuestros trabajadores de salud piden un descanso. Han estado en la primera línea durante meses y están exhaustos”, les respondió Duterte y agregó en tono de regaño: “Esta es una guerra para la que están entrenados, así que ustedes pueden enfrentar el desafío”.
Pese a haber impuesto uno de los confinamientos más largos y estrictos del mundo -de 5 meses en la capital-, Filipinas es el único país de la región que aún no ha doblegado la curva de contagios.
Ante la tragedia Duterte recurre de nuevo a lo que sabe: pidió aumentar los castigos a quienes violen la cuarentena y pidió más tropas en las calles. Pero, presidente, eso es justo lo que no está dando resultados. ¿No llegó el momento de cambiar?
