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Se desató una tormenta en España por cuenta de un proyecto de ley, propuesto por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos que busca cambiar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), CGPJ, el órgano de gobierno de los jueces en España.
La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) busca que la renovación del CGPJ por mayoría parlamentaria sin que haga falta un pacto con la oposición.
A juicio de los tres principales partidos contrarios al Gobierno (Partido Popular, Vox y Ciudadanos) la propuesta supone un ataque a la independencia judicial.
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El primero en criticar la iniciativa fue el líder opositor, Pablo Casado. El presidente del PP dijo en su cuenta de Twitter que “Sánchez pretende liquidar la separación de poderes en pleno ataque a la independencia judicial de su vicepresidente investigado”.
No fue la única voz crítica. La vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo (PE), Maite Pagazaurtundúa, pidió al Gobierno español la “retirada inmediata” del proyecto de Ley para reformar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por atentar al “corazón” del Estado de Derecho.
“La reforma que han presentado PSOE y Unidas Podemos es el primer paso hacia el estado iliberal y populista”, que atenta contra la “separación de poderes”, advirtió la eurodiputada de Ciudadanos en la Eurocámara, para quien la estrategia de “sometimiento” del poder judicial es “inaceptable” en la Unión Europea.
“El populismo de izquierdas es tan malo como el de derechas. Tan grave es en Hungría, Polonia o España”, subrayó Pagazaurtundúa en un comunicado.
En este sentido, la europarlamentaria recordó que las reformas judiciales llevadas a cabo por los Gobiernos de Polonia y Hungría han puesto en marcha el proceso de aplicación del artículo 7.1. del Tratado de la Unión Europea que se activa cuando existen riesgos graves para el Estado de derecho en un Estado miembro.
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Ese artículo prevé, en última instancia, suspender el derecho a voto en la UE del país afectado si no corrige la situación.
En este sentido, aseguró que el sistema de elección de la judicatura en España “ya estaba politizado y deteriorado” pero ahora, además de estimular “una polarización política muy grave”, “pretenden establecer un régimen de miedo en los jueces”, aseveró.
Para la vicepresidenta de la Comisión de Libertades, estamos ante un asunto que “marca un antes y después en el comportamiento de un gobierno que no puede permitirse estar en este momento de alta fragilidad en la lupa de las instituciones europeas”, según la nota.
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“El hecho de que un gobierno no sea capaz de lograr la renovación de los órganos judiciales con el apoyo de la oposición demuestra su incapacidad de lograr acuerdos y por tanto de gobernar con eficacia”, indica Pagazaurtundua en la nota.
Pero si además, añade en el comunicado, “ese Gobierno emprende una huida hacia adelante para cambiar la ley y facilitar la designación de los jueces que se le antoje, entonces estamos ante una deriva autoritaria inaceptable en la Unión Europea”.
Polémica que crece
Tanto la oposición como buena parte de las asociaciones judiciales en España se han opuesto a esta polémica reforma que ha abierto también un debate en Europa en un momento en que se discuten las condiciones sobre el cumplimiento del Estado de Derecho, por la que están siendo cuestionados países como Hungría y Polonia.
Este miércoles, el subsecretario polaco de Asuntos Exteriores, Pawel Jablonski, avivó la polémica al lanzar una pregunta en su cuenta en Twitter: “Si la Unión Europea sanciona a Polonia por elegir al poder judicial por una mayoría de tres quintos del Parlamento, ¿qué hará Bruselas si España nombra el CGPJ por la mitad más uno?”.
La reforma busca posibilitar la renovación del CGPJ con el propósito de rebajar la mayoría de tres quintos necesaria actualmente. “No lo permitiremos: si perpetran este atropello a la legalidad, recurriremos al Tribunal Constitucional y a las Instituciones y Tribunales Europeos”, agregó Casado.
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El hecho de que sean las fuerzas parlamentarias las que presenten, mediante proposición de ley, la iniciativa permitirá eludir la obligatoriedad de contar con los preceptivos informes de órganos constitucionales: Consejo General del Poder Judicial, Consejo Fiscal y Consejo de Estado. Cosa que sí ha de cumplirse cuando la propuesta parte del Gobierno (proyecto de ley), señala el periódico El Mundo.
“Es un ataque directo al Estado y a sus instituciones”, ha recalcado el portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros.
Polonia pregunta
Por su parte, el gobierno de Polonia, también se pronunció sobre la reforma que propone Pedro Sánchez. Basado en el plan propuesto para elegir a los miembros del Consejo General del Podder Judicial, los polacos defienden su reforma ante la Unión Europea y reclaman una igualdad en el trato.
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“Si la Unión Europea sanciona a Polonia por elegir al poder judicial por una mayoría de tres quintos del Parlamento, que hará Bruselas si España nombra el GGPJ por la mitad más uno?”, escribió en Twitter el viceministro polaco de Asuntos Exteriores, Pawel Jablonski.
También a través de Twitter, el secretario de Estado de Justicia, Sebastian Kaleta, alertó contra el agravio comparativo que cometería la Comisión Europea si permite que los socialistas de Pedro Sánchez a la renovación del CGPJ por mayoría simple.
“La Comisión Europea y los alemanes están creando mecanismos para ponernos (a Polonia) en primera línea y obligarnos a obedecer, pero el modelo español no les molesta en absoluto”, dice Kaleta.