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En la sentencia más importante del año judicial, los jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazaron la postura de la administración Obama y uno de los apartados más controvertidos de la reforma sanitaria: los dueños de compañías privadas pueden alegar motivos religiosos para incumplir el mandato de la reforma sanitaria que ordena a las empresas incluir el costo de los anticonceptivos en los seguros médicos de sus empleadas. La decisión 5-4 de los nueve jueces del mayor tribunal estadounidense determinó que las creencias religiosas de los empresarios los eximen del requisito que contempla la reforma.
El dictamen, el último del año, tiene implicaciones importantes para la reforma del sistema de salud impulsada por el presidente Barack Obama hace cuatro años, así como para las elecciones legislativas del próximo mes de noviembre. Se espera que entonces el Partido Republicano haga de este caso uno de sus argumentos políticos centrales para recuperar la mayoría en el Senado.
Según la sentencia, la administración Obama no ha demostrado que esa sea la única vía para que las mujeres accedan a este tratamiento —incluida la píldora del día después—, ya que también puede financiarlo el Gobierno federal y, por lo tanto, no puede imponer esa responsabilidad a los empresarios.
La juez Ruth Ginsburg, veterana defensora de los derechos de las mujeres y de las minorías en la corte, advirtió, en representación de los cuatro jueces que se oponen al dictamen, que la sentencia es de “una amplitud sorprendente” por sus consecuencias futuras (se estima que el 99% de las mujeres estadounidenses ha empleado algún tipo de anticonceptivos). “Este tribunal, me temo, acaba de adentrarse en un campo de minas”, dijo Ginsburg.
Kennedy, sin embargo, rechaza esta postura en un escrito adjunto a la sentencia, asegurando que el Gobierno cuenta con mecanismos suficientes para que ninguna mujer encuentre obstáculos para acceder a los tratamientos que le son garantizados por ley.
El Supremo estudió esta primavera las demandas de dos empresas cuyos dueños argumentaron que la obligación de proporcionar tales pólizas médicas, que cubren el costo de anticonceptivos, violaban sus derechos religiosos. La cuestión clave fue formulada durante la audiencia esta primavera por la juez Sonia Sotomayor: “¿Cómo practica su religión una empresa?”, preguntó a los abogados de las dos compañías demandantes.
La Primera Enmienda de la Constitución estadounidense establece que el Gobierno no podrá aprobar ninguna ley que limite el libre ejercicio de la religión, sin embargo, estos dos casos plantearon si ese derecho, correspondiente a los ciudadanos, se puede extender también a las empresas. Los demandantes se amparaban en la Ley de Libertad Religiosa de 1993, según la cual si una normativa limita el libre ejercicio de la religión de un ciudadano deberá cumplir con un interés general del Gobierno.
La administración Obama determinó en 2012 que todas las empresas, a partir de un cierto número de empleados, debían proporcionar seguros médicos que cubran el coste de los anticonceptivos, sin gasto adicional para la consumidora, como ocurría antes de la reforma sanitaria. A pesar de que los anticonceptivos pueden ser recetados por cuestiones médicas, los demandantes se oponen a su consumo al equipararlos con el aborto.
Aquella decisión provocó un intenso enfrentamiento entre la Casa Blanca y diferentes organismos religiosos del país, que reclamaron una excepción para las instituciones, así como para otras organizaciones de filiación religiosa. Obama cedió y aprobó que los grupos religiosos no tuvieran que costear el gasto de tratamientos anticonceptivos, sino que sólo los obligaría a garantizar que sus empleadas tengan acceso a pólizas que los cubran.
El remedio para aquella crisis no fue suficiente y en los últimos dos años numerosas empresas presentaron demandas similares a las consideradas por el Supremo. Sus dueños no representan a organizaciones religiosas y no pueden atenerse a la misma excepción legal, pero defendieron que la ley los obliga a actuar en contra de sus creencias bajo amenaza de una penalización económica. El Supremo les acaba de dar la razón.