El 17 de marzo de 2011, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó la resolución 1973, que aplicó por primera vez un concepto tan ambiguo como el de la Responsabilidad de Proteger (R2P, por sus siglas en inglés), pero que en su momento sirvió para evitar una una escalada del conflicto entre rebeldes libios y el oprobioso régimen de Muammar al-Qaddafi.
La R2P es un principio adoptado en 2005 por la ONU, a través del cual se busca evitar que atrocidades como la vivida en los Balcanes, los grandes lagos y otras zonas en conflicto se repitieran. La R2P se basa en tres principios esenciales: primero, el Estado es responsable de proteger a sus ciudadanos; segundo, la comunidad internacional puede ayudar al estado a encontrar mecanismos que disminuyan la tensión política y buscar salidas negociadas a una crisis y, tercero, la comunidad internacional tiene la responsabilidad de proteger a los civiles cuando el Estado no puede, no quiere o no tiene la intención de hacerlo, así sea mediante el uso de la fuerza.
Fruto de la ebullición que la región de Medio Oriente y el norte de África vivía, producto de los levantamientos populares que a finales de 2010 se manifestaban, con la depuración de regímenes en Túnez o Egipto o, con guerras civiles como Siria -aún en curso-, el Consejo de Seguridad aprobó con cinco abstenciones (Alemania, Brasil, China, India y Rusia) la resolución que facilitó primero, una zona de exclusión aérea y, posteriormente, una serie de bombardeos por parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), para que las fuerzas militares libias se abstuvieran de proteger a Qaddafi, por un lado y, al mismo tiempo, no atentaran contra la población civil.
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No obstante, el principio que buscaba ser un hito en materia de seguridad, ha sido desde entonces fuertemente criticado por su incapacidad de detener otros conflictos de igual o mayor magnitud (Myanmar, Siria, República Centroafricana) y, porque después de la intervención en Libia no se volvió a lograr el consenso político requerido para actuar de manera tan decidida y coordinada como se hizo.
Cuando se usó por primera vez, la administración Obama no quiso jugar un rol protagónico, sino que delegó el liderazgo y la capacidad de acción en Francia y Reino Unido. La OTAN fue el brazo militar escogido, pero con los graves reveses que las intervenciones en Afganistán e Irak ya reflejaban, la presión interna en cada país generó un mínimo muy complejo de mantener una intervención rápida, “relativamente económica” y sin bajas humanas.
Obama tenía altos índices de popularidad, pero después reconoció que esa intervención fue un grave error, y que decir de la suerte política de su entonces Secretaria de Estado Hillary Clinton en 2016. Nicolás Sarkozy, quemaba sus últimos cartuchos de política exterior y David Cameron, acababa de llegar al 10 de Downing Street, no supieron como manejar una situación que en el terreno generó la degradación armada, fragmentación geográfica y casi desintegración de Libia.
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Pensando en el menor costo político y económico interno, no se pueden detener graves y atroces violaciones a los derechos humanos. Ahí es donde radica el problema de la R2P: para evitar la degradación de los conflictos civiles y políticos, hay que hacer más en las etapas previas, no necesariamente confiar en la intervención armada como el último resorte para sortear con heterogéneos y difíciles conflictos que emergen en cualquier tiempo y lugar.
*Rafael Piñeros Ayala es profesor de la Universidad Externado de Colombia
Por Rafael Piñeros Ayala
