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La cara más visible de la crisis desatada por estos fundamentalistas ha sido la del secuestro de niñas en aldeas, a menudo usadas como armas de guerra y vulnerables al tráfico sexual y a la mutilación genital femenina. Pero hay otra cara que el mundo pasa por alto: la muerte. El conflicto ha dejado más de 36.000 muertos y cerca de dos millones de desplazados. Nigeria es el tercer país del mundo más afectado por el terrorismo. Y Boko Haram ha sido responsable de crímenes atroces en esta nación africana, incluyendo el uso de por lo menos 203 menores como “bombas humanas” entre enero de 2017 y diciembre de 2019, según Naciones Unidas.
Buhari, quien prometió en su campaña a la presidencia, en 2015, que la seguridad iba a mejorar, ha dicho junto a otros funcionarios de su gobierno desde 2018 que el grupo encargado de sembrar el terror durante más de una década ha sido “técnicamente derrotado”, y por ello se les ha pedido a los refugiados que regresen a sus hogares en el norte del país. Pero en la práctica, el derramamiento de sangre está lejos de parar. Y el norte todavía representa un peligro enorme para la ciudadanía.
El fin de semana, una milicia antiyihadista informó que combatientes de Boko Haram asesinaron a 43 trabajadores agrícolas en Maiduguri, una ciudad ubicada al noreste del país. El domingo, la Organización de Naciones Unidas elevó la cifra a 110 civiles asesinados. El número de muertos todavía puede variar. Los terroristas ataron a los civiles, que se encontraban trabajando en un campo de arroz, y luego los degollaron. Las víctimas, según comunicó la prensa local, habían viajado hasta allí en búsqueda de trabajo. Según un parlamentario local, “fueron atacados porque el viernes habían desarmado y arrestado a un militante de Boko Haram que los había estado martirizando”.
Esta masacre, que fue catalogada por la ONU como “el peor ataque contra civiles de 2020”, se suma a la extensa lista de ataques adjudicados a Boko Haram. En octubre de este año, el grupo terrorista perpetró otras dos masacres en las que murieron 22 agricultores en campos de riego cerca de Maiduguri. Este tipo de ataques ha aumentado en los últimos meses. Pese a que el gobierno ha reforzado la seguridad en las principales ciudades, hay pueblos en la región del noreste que continúan estando expuestos a la violencia de Boko Haram y de otros grupos yihadistas, como el Estado Islámico en África Occidental (ISWA), que actúa como una fuerza gobernante ante el abandono del Estado.
De hecho, un cambio en la estrategia de seguridad implementado recientemente fue la que dejó a las poblaciones más vulnerables. Cerca de 800 fuerzas de seguridad murieron en la primera mitad de 2019. Por eso, el gobierno hizo un cambio de estrategia: retiró a los soldados de las comunidades remotas y áreas rurales y los envió a otras zonas.”La estrategia logró reducir las muertes militares, pero el efecto secundario de eso es que el Ejército nigeriano ha entregado efectivamente el control de las zonas rurales de Nigeria a los combatientes de Boko Haram”, le dijo Bulama Bukarti, analista del Instituto Tony Blair para el Cambio Global, a Al Jazeera.
Sin escape
Pero Boko Haram no es la única amenaza para la seguridad de los nigerianos en el noreste del país. También lo es el mismo Estado. El Escuadrón Especial Antirrobo (SARS), una rama de la Policía de Nigeria fundada en 1992 para detener e investigar personas relacionadas con delitos de robo y secuestro, se ha visto envuelta en un gran escándalo desde 2016, cuando Amnistía Internacional acusó a esta unidad de ser responsable de varias violaciones a los derechos humanos.
La ola de denuncias condujo a una serie de protestas en las calles en 2017, que se revitalizó en octubre de este año, cuando se revelaron más historias y material gráfico en los que se evidenciaban las tétricas acciones del SARS: torturas, arrestos ilegales, secuestros, humillaciones, violaciones, robos e incluso asesinatos.
Por todo esto, aumentan las denuncias para que Buhari renuncie a su cargo o que por lo menos enfrente un juicio político por la ola de inseguridad en el norte del país. No solo se trata de los asesinatos, sino también de los secuestros. Deji Aeyanju, un activista nigeriano que organiza el Grupo de Nigerianos Preocupados, le reprocha al mandatario la falta de seguridad en las carreteras. Hace solo dos semanas, el 17 de noviembre, nueve estudiantes de la Universidad Ahmadu Bello fueron secuestrados. Por su liberación se pidió un rescate equivalente a más de US$700.000. En todo el país crece la frustración por la incapacidad para contener la violencia que deja el conflicto con Boko Haram.
“Por un lado, si se quedan en casa las personas pueden morir de hambre e inanición; por el otro, si salen a sus tierras de cultivo corren el riesgo de ser asesinados por los insurgentes”, se queja Babaganan Umara Zulum, gobernador de Borno.El Congreso de Acción Africana y otros partidos políticos se han sumado a las peticiones de dimisión de Buhari. Permitir que Boko Haram gane terreno no solo es devastador para la seguridad nacional y conduce a la pérdida de vidas, sino que también es arrollador para la economía. Pero aunque el debate sobre la continuidad del gobierno es importante, también hay otros cuestionamientos que surgen a raíz de la masacre del fin de semana, como la financiación de Boko Haram, que ha permitido que lleve a cabo sus acciones y la falta de cooperación internacional para afrontar este problema.
Hace unas semanas, un tribunal de Emiratos Árabes Unidos (EAU) condenó a seis nigerianos por financiar a Boko Haram. Así, EAU se convirtió en el primer país en apoyar a Nigeria con instrumentos legales en su lucha contra este grupo terrorista. La guerra contra el terrorismo no solo se gana con un asalto militar, sino con una estrategia de cooperación y aplicación de la ley. Y en todo esto Nigeria y Buhari han mostrado un fracaso monumental.
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