La vía diplomática en la frontera

Cuando el gobierno del entonces presidente Hugo Chávez rompió relaciones diplomáticas con Colombia, bajo la presidencia de Álvaro Uribe, Unasur fue el último organismo al que acudieron ambos mandatarios para buscar una solución efectiva a los problemas fronterizos. Por entonces, la carta jugada era la presencia de las Farc en Venezuela, que había provocado una reacción airada de parte de Uribe y produjo un proceso similar al que viven hoy Colombia y Venezuela. Sin embargo, Uribe estaba de salida y Juan Manuel Santos, cuando tomó las riendas, se reunió cara a cara con Chávez y en algunas horas dirimió una ruptura en apariencia rotunda.

El papel de organismos como la OEA y la Unasur, que se reunirán esta semana (hoy el primero y el jueves el segundo) para analizar el conflicto fronterizo, ha sido debatido por la fuerte influencia de Venezuela, por ejemplo, en la Unasur, un organismo en el que tuvo un importante rol con Brasil durante su creación. Lo mismo sucede con el papel de Estados Unidos en la OEA. La semana pasada, el analista Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela adjunto a la Universidad del Rosario, recordó a este diario que la Unasur ha tenido un papel esencial en conflictos en Bolivia, Paraguay y Ecuador y que su tarea es, sobre todo, llegar a acuerdos entre los países aliados para que no exista necesidad de acudir a instancias internacionales. Sin embargo, aseveró Rodríguez, la Unasur es un organismo todavía débil (fue constituido en 2008) y no tiene un espacio sólido para tomar acciones prácticas.

En los últimos años, el gobierno Santos ha acudido a la vía diplomática para zanjar las cuentas pendientes con los vecinos y prescindir de los organismos internacionales. Sucedió con Venezuela hace unos meses, cuando el presidente Nicolás Maduro ordenó por decreto la creación de una zona de seguridad en un golfo disputado por Colombia y Venezuela. La discusión, tras una petición de la Cancillería, se solucionó sin inconvenientes. A pesar de ello, en esta ocasión la crisis está tomando tintes internacionales. Ayer, la Unión Europea aseguró a través de sus órganos diplomáticos que la crisis fronteriza entre Colombia y Venezuela “desestabiliza la región” y dijo que es “necesario encontrar soluciones que respeten plenamente los derechos humanos”. Una declaración similar fue hecha ayer por el vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos, John Kirby. En un breve comunicado, Kirby dijo: “Creemos que las deportaciones deben realizarse de conformidad con la ley internacional, respetando los derechos humanos de todos los involucrados”. La decisión de llegar a Unasur y a la OEA es, sobre todo, una muestra de que la Cancillería colombiana agotó los canales comunes. En ese contexto, el procurador Alejandro Ordóñez dijo que en los próximos días presentará un informe ante la CIDH (una institución adscrita a la OEA y dedicada a la protección los derechos humanos), en el que argumenta que las deportaciones cometidas por Venezuela cuentan como delito de lesa humanidad. La CIDH ha pedido a Venezuela que detenga las expulsiones y las deportaciones.

La exposición del conflicto fronterizo ante la OEA y la Unasur parece, en algunos sentidos, la carta colombiana para evitar un escalamiento mayor. Sin embargo, la estrategia podría jugar contra los intereses diplomáticos de Venezuela en la OEA, si se tiene en cuenta que en los últimos tiempos sus relaciones con ese organismo multilateral no han sido las mejores. En marzo, la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, aseguró que esa entidad necesitaba “una revolución en su estructura”, pidió que el organismo se alejara de la “diplomacia de pasillo” y reclamó por una serie de “deudas” que la entidad tiene con los “pueblos latinoamericanos”. Estados Unidos, que ha tenido relaciones frágiles con Venezuela en el último año, es un actor esencial en la entidad al que la diplomacia venezolana crítica, según sus argumentos, por las numerosas intervenciones en la política de América Latina. Por eso, la respuesta de la canciller Rodríguez al portavoz Kirby: ayer le pidió “no inmiscuirse en asuntos bilaterales”.

La cita con Unasur, que para el gobierno colombiano resulta esencial, podría tener obstáculos originados en una fuerte tendencia ideológica de izquierda ¬ retratada en los gobiernos de Brasil, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Argentina¬ que ha hecho que expresidentes y políticos pidan al Gobierno que se aleje del organismo. Las declaraciones del expresidente Ernesto Samper, hoy secretario general de Unasur, quien fue criticado por haber “defendido” las deportaciones masivas del gobierno de Maduro, reforzaron esta petición. La canciller colombiana, María Ángela Holguín, sin embargo, ha dicho que Colombia no saldrá de la Unasur. El analista Ronal Rodríguez apunta una tesis: Colombia no saldría porque, de ser así, volvería al aislamiento regional de la presidencia de Álvaro Uribe, poco conveniente para las intenciones de Santos en medio de un proceso de paz donde Venezuela, además, es garante.

Y mientras sigue el drama de los más de 8 mil colombianos que, a la fuerza, han debido retornar al país, se hace urgente que Colombia demuestre ante la comunidad internacional las incongruencias de las deportaciones para ganar un apoyo que ha sido esquivo.

Cuando el gobierno del entonces presidente Hugo Chávez rompió relaciones diplomáticas con Colombia, bajo la presidencia de Álvaro Uribe, Unasur fue el último organismo al que acudieron ambos mandatarios para buscar una solución efectiva a los problemas fronterizos. Por entonces, la carta jugada era la presencia de las Farc en Venezuela, que había provocado una reacción airada de parte de Uribe y produjo un proceso similar al que viven hoy Colombia y Venezuela. Sin embargo, Uribe estaba de salida y Juan Manuel Santos, cuando tomó las riendas, se reunió cara a cara con Chávez y en algunas horas dirimió una ruptura en apariencia rotunda.

El papel de organismos como la OEA y la Unasur, que se reunirán esta semana (hoy el primero y el jueves el segundo) para analizar el conflicto fronterizo, ha sido debatido por la fuerte influencia de Venezuela, por ejemplo, en la Unasur, un organismo en el que tuvo un importante rol con Brasil durante su creación. Lo mismo sucede con el papel de Estados Unidos en la OEA. La semana pasada, el analista Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela adjunto a la Universidad del Rosario, recordó a este diario que la Unasur ha tenido un papel esencial en conflictos en Bolivia, Paraguay y Ecuador y que su tarea es, sobre todo, llegar a acuerdos entre los países aliados para que no exista necesidad de acudir a instancias internacionales. Sin embargo, aseveró Rodríguez, la Unasur es un organismo todavía débil (fue constituido en 2008) y no tiene un espacio sólido para tomar acciones prácticas.

En los últimos años, el gobierno Santos ha acudido a la vía diplomática para zanjar las cuentas pendientes con los vecinos y prescindir de los organismos internacionales. Sucedió con Venezuela hace unos meses, cuando el presidente Nicolás Maduro ordenó por decreto la creación de una zona de seguridad en un golfo disputado por Colombia y Venezuela. La discusión, tras una petición de la Cancillería, se solucionó sin inconvenientes. A pesar de ello, en esta ocasión la crisis está tomando tintes internacionales. Ayer, la Unión Europea aseguró a través de sus órganos diplomáticos que la crisis fronteriza entre Colombia y Venezuela “desestabiliza la región” y dijo que es “necesario encontrar soluciones que respeten plenamente los derechos humanos”. Una declaración similar fue hecha ayer por el vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos, John Kirby. En un breve comunicado, Kirby dijo: “Creemos que las deportaciones deben realizarse de conformidad con la ley internacional, respetando los derechos humanos de todos los involucrados”. La decisión de llegar a Unasur y a la OEA es, sobre todo, una muestra de que la Cancillería colombiana agotó los canales comunes. En ese contexto, el procurador Alejandro Ordóñez dijo que en los próximos días presentará un informe ante la CIDH (una institución adscrita a la OEA y dedicada a la protección los derechos humanos), en el que argumenta que las deportaciones cometidas por Venezuela cuentan como delito de lesa humanidad. La CIDH ha pedido a Venezuela que detenga las expulsiones y las deportaciones.

La exposición del conflicto fronterizo ante la OEA y la Unasur parece, en algunos sentidos, la carta colombiana para evitar un escalamiento mayor. Sin embargo, la estrategia podría jugar contra los intereses diplomáticos de Venezuela en la OEA, si se tiene en cuenta que en los últimos tiempos sus relaciones con ese organismo multilateral no han sido las mejores. En marzo, la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, aseguró que esa entidad necesitaba “una revolución en su estructura”, pidió que el organismo se alejara de la “diplomacia de pasillo” y reclamó por una serie de “deudas” que la entidad tiene con los “pueblos latinoamericanos”. Estados Unidos, que ha tenido relaciones frágiles con Venezuela en el último año, es un actor esencial en la entidad al que la diplomacia venezolana crítica, según sus argumentos, por las numerosas intervenciones en la política de América Latina. Por eso, la respuesta de la canciller Rodríguez al portavoz Kirby: ayer le pidió “no inmiscuirse en asuntos bilaterales”.

La cita con Unasur, que para el gobierno colombiano resulta esencial, podría tener obstáculos originados en una fuerte tendencia ideológica de izquierda ¬ retratada en los gobiernos de Brasil, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Argentina¬ que ha hecho que expresidentes y políticos pidan al Gobierno que se aleje del organismo. Las declaraciones del expresidente Ernesto Samper, hoy secretario general de Unasur, quien fue criticado por haber “defendido” las deportaciones masivas del gobierno de Maduro, reforzaron esta petición. La canciller colombiana, María Ángela Holguín, sin embargo, ha dicho que Colombia no saldrá de la Unasur. El analista Ronal Rodríguez apunta una tesis: Colombia no saldría porque, de ser así, volvería al aislamiento regional de la presidencia de Álvaro Uribe, poco conveniente para las intenciones de Santos en medio de un proceso de paz donde Venezuela, además, es garante.

Y mientras sigue el drama de los más de 8 mil colombianos que, a la fuerza, han debido retornar al país, se hace urgente que Colombia demuestre ante la comunidad internacional las incongruencias de las deportaciones para ganar un apoyo que ha sido esquivo.