La vida de Dilma Rousseff fuera del poder

La primera presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, en el poder desde 2011, no derramó una sola lágrima en público en medio del tsunami político que está barriendo con 13 años de gobierno de izquierda del Partido de los Trabajadores (PT) y que la dejó al borde del abismo político. Tras la votación del Senado, Rousseff queda fuera del poder durante 180 días y es reemplazada por su vicepresidente, Michel Temer, a quien acusa de ser un traidor y un conspirador. De hecho, su permanencia en el poder abre varias incógnitas, ya que es incluso más impopular que la mandataria: solo 2 % de los brasileños votaría por él en elecciones presidenciales, dicen las encuestas.

“No estoy cansada de luchar. Estoy cansada de los desleales y de los traidores”, dijo la presidenta brasileña, quien hasta último momento repitió que el impeachment es un golpe y por eso no renunciará. La mandataria deberá dedicarse a demostrar su inocencia en el delito que se le imputa: manipulación de las cuentas públicas de 2014, año de su reelección. La presidenta, quien, a diferencia de la mayoría de sus aliados, nunca fue acusada de corrupción, defendió las medidas fiscales de su gobierno como una práctica común en Brasil.

Un estudio de la ONG Transparencia Brasil reveló que 61 % de los miembros del Senado han sido condenados o acusados de delitos en algún momento. Su presidente, Renan Calheiros, de 60 años, enfrenta 11 investigaciones en la Corte Suprema por corrupción, lavado, desvío de dinero público y fraude, según el sitio especializado Congresso em Foco.

Calificada como “la dama de hierro brasileña”, Rousseff ha enfrentado varios retos en su vida: estuvo presa durante la dictadura, fue torturada, superó un cáncer y dos separaciones. Hoy dice que terminará su gobierno, que va hasta el 1º de enero de 2019. “Voy a luchar contra la destitución con todas mis fuerzas, usando todos los medios disponibles, medios legales, medios de lucha”, aseguró.

La batalla comienza hoy. La mandataria tiene 20 días para presentar su primera defensa. Para que Rousseff resulte impedida definitivamente de ejercer la Presidencia, al menos dos tercios (54) de los 81 senadores deberían aprobar su destitución en una votación que será programada en los próximos meses. En tal caso, Temer sería investido como presidente, aunque esto también generaría dudas: el actual vicepresidente, de 75 años, enfrenta otro pedido de juicio político, acusado de cometer los mismos crímenes fiscales que atribuyen a Rousseff.

Pero si la mandataria fuera absuelta o el Senado no tomara ninguna decisión, volvería inmediatamente a la Presidencia.

Lugar que abandonó desde hace varios días, cuando su destino ya se antojaba inevitable. Según la prensa brasileña, Rousseff empezó de forma silenciosa el traslado de cajas al Palacio da Alvorada (residencia presidencial), desde donde liderará la resistencia de la mano del abogado general del Estado brasileño, José Eduardo Cardozo, quien la representa en este proceso. Fue Rousseff la que bajó las fotos de su hija, Paula, de 30 años, de las paredes de su oficina en el Palacio de Planalto. Pero ¿qué implica que sea suspendida?

Ese es otro debate que comienza y que divide al país. De acuerdo con la ley de 1950 sobre juicio político, una vez que el presidente es oficialmente notificado de la apertura del proceso (Rousseff será notificada oficialmente el viernes), inmediatamente suspende el ejercicio de sus funciones y su sueldo se reduce a la mitad. Actualmente recibe US$8.828 mensuales. Sus críticos exigen que no siga usufructuando los bienes públicos (viviendo en la residencia presidencial, usando aviones de la Fuerza Aérea, teniendo equipo de asesores, usando los carros presidenciales, etc.), los analistas dicen que es legal que siga manteniendo esas prebendas mientras no se haya dicho la última palabra en su juicio.

El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva también tendría otro panorama en su futuro, pues analistas dicen que con el cambio de gobierno se iniciaría una cacería política. Se rumora que Lula ya estaría gestionando su asilo en Italia, pues su esposa, Marisa Letícia Rocco, es hija de inmigrantes italianos. ¿Qué pasará con la investigación Lava Jato y otras miles por corrupción? Analistas brasileños coinciden en que pasarían al archivo.

El actual carnaval político es un tema nuevo para los brasileños, cuyo único antecedente de juicio político se remonta a 1992, cuando Fernando Collor de Mello fue separado del cargo y renunció justo antes de que el Senado votara su destitución.

La crisis política alcanza su auge a menos de tres meses de los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, y en medio de una epidemia de zika, un virus transmitido por mosquitos que provoca microcefalia en bebés, y cientos de miles de casos de dengue, chikunguña y el virus H1N1.

“Lo que vamos a hacer es resistir, resistir y resistir. Y, más aún, luchar para asegurar que salimos victoriosos y volver a asumir el poder”, dijo Rousseff.

La primera presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, en el poder desde 2011, no derramó una sola lágrima en público en medio del tsunami político que está barriendo con 13 años de gobierno de izquierda del Partido de los Trabajadores (PT) y que la dejó al borde del abismo político. Tras la votación del Senado, Rousseff queda fuera del poder durante 180 días y es reemplazada por su vicepresidente, Michel Temer, a quien acusa de ser un traidor y un conspirador. De hecho, su permanencia en el poder abre varias incógnitas, ya que es incluso más impopular que la mandataria: solo 2 % de los brasileños votaría por él en elecciones presidenciales, dicen las encuestas.

“No estoy cansada de luchar. Estoy cansada de los desleales y de los traidores”, dijo la presidenta brasileña, quien hasta último momento repitió que el impeachment es un golpe y por eso no renunciará. La mandataria deberá dedicarse a demostrar su inocencia en el delito que se le imputa: manipulación de las cuentas públicas de 2014, año de su reelección. La presidenta, quien, a diferencia de la mayoría de sus aliados, nunca fue acusada de corrupción, defendió las medidas fiscales de su gobierno como una práctica común en Brasil.

Un estudio de la ONG Transparencia Brasil reveló que 61 % de los miembros del Senado han sido condenados o acusados de delitos en algún momento. Su presidente, Renan Calheiros, de 60 años, enfrenta 11 investigaciones en la Corte Suprema por corrupción, lavado, desvío de dinero público y fraude, según el sitio especializado Congresso em Foco.

Calificada como “la dama de hierro brasileña”, Rousseff ha enfrentado varios retos en su vida: estuvo presa durante la dictadura, fue torturada, superó un cáncer y dos separaciones. Hoy dice que terminará su gobierno, que va hasta el 1º de enero de 2019. “Voy a luchar contra la destitución con todas mis fuerzas, usando todos los medios disponibles, medios legales, medios de lucha”, aseguró.

La batalla comienza hoy. La mandataria tiene 20 días para presentar su primera defensa. Para que Rousseff resulte impedida definitivamente de ejercer la Presidencia, al menos dos tercios (54) de los 81 senadores deberían aprobar su destitución en una votación que será programada en los próximos meses. En tal caso, Temer sería investido como presidente, aunque esto también generaría dudas: el actual vicepresidente, de 75 años, enfrenta otro pedido de juicio político, acusado de cometer los mismos crímenes fiscales que atribuyen a Rousseff.

Pero si la mandataria fuera absuelta o el Senado no tomara ninguna decisión, volvería inmediatamente a la Presidencia.

Lugar que abandonó desde hace varios días, cuando su destino ya se antojaba inevitable. Según la prensa brasileña, Rousseff empezó de forma silenciosa el traslado de cajas al Palacio da Alvorada (residencia presidencial), desde donde liderará la resistencia de la mano del abogado general del Estado brasileño, José Eduardo Cardozo, quien la representa en este proceso. Fue Rousseff la que bajó las fotos de su hija, Paula, de 30 años, de las paredes de su oficina en el Palacio de Planalto. Pero ¿qué implica que sea suspendida?

Ese es otro debate que comienza y que divide al país. De acuerdo con la ley de 1950 sobre juicio político, una vez que el presidente es oficialmente notificado de la apertura del proceso (Rousseff será notificada oficialmente el viernes), inmediatamente suspende el ejercicio de sus funciones y su sueldo se reduce a la mitad. Actualmente recibe US$8.828 mensuales. Sus críticos exigen que no siga usufructuando los bienes públicos (viviendo en la residencia presidencial, usando aviones de la Fuerza Aérea, teniendo equipo de asesores, usando los carros presidenciales, etc.), los analistas dicen que es legal que siga manteniendo esas prebendas mientras no se haya dicho la última palabra en su juicio.

El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva también tendría otro panorama en su futuro, pues analistas dicen que con el cambio de gobierno se iniciaría una cacería política. Se rumora que Lula ya estaría gestionando su asilo en Italia, pues su esposa, Marisa Letícia Rocco, es hija de inmigrantes italianos. ¿Qué pasará con la investigación Lava Jato y otras miles por corrupción? Analistas brasileños coinciden en que pasarían al archivo.

El actual carnaval político es un tema nuevo para los brasileños, cuyo único antecedente de juicio político se remonta a 1992, cuando Fernando Collor de Mello fue separado del cargo y renunció justo antes de que el Senado votara su destitución.

La crisis política alcanza su auge a menos de tres meses de los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, y en medio de una epidemia de zika, un virus transmitido por mosquitos que provoca microcefalia en bebés, y cientos de miles de casos de dengue, chikunguña y el virus H1N1.

“Lo que vamos a hacer es resistir, resistir y resistir. Y, más aún, luchar para asegurar que salimos victoriosos y volver a asumir el poder”, dijo Rousseff.