A partir de las 00:00 de este lunes, el gobierno ecuatoriano empezó a exigir la visa a los migrantes venezolanos que quieran ingresar a su territorio. La medida no solo incrementó durante el fin de semana el flujo de personas en el principal paso fronterizo colombo-ecuatoriano, el puente internacional de Rumichaca, sino que puso en evidencia las nuevas restricciones en política migratoria que empieza a implementar el gobierno de Lenín Moreno.
Tan solo el sábado, más de 4.500 venezolanos habían abandonado el territorio colombiano por Rumichaca y, según el gobernador de la provincia ecuatoriana de Carchi, donde se ubica el cruce internacional, entre sábado y domingo estaba previsto el paso de unos 10.000 ciudadanos.
El anuncio de la nueva medida lo hizo el mandatario, Lenín Moreno, el pasado 25 de julio, durante un acto público. Con esta restricción, Ecuador se sumó a los gobiernos de Perú y Chile, que desde junio empezaron a exigir la visa a los migrantes venezolanos. Moreno la denominó “visa humanitaria” y será exigida únicamente a los venezolanos que ingresen al país.
“Como jefe de Estado, es mi deber tomar decisiones que garanticen orden y seguridad para los ecuatorianos y también a los migrantes”, anunció entonces el mandatario, para quien la decisión busca “facilitar la regularización” y poder conocer “dónde están, a qué se dedican y en qué condiciones viven los migrantes”.
Hasta hoy, los venezolanos podían ingresar solo con su cédula de ciudadanía y permanecer en el país como turistas por 180 días. Ahora, además del pasaporte y la visa, cuyo formulario de gestión y la tramitación tienen un costo de US$50, tendrán que presentar “un certificado de antecedentes penales apostillado, legalizado o validado por las autoridades venezolanas”, informó la Cancillería ecuatoriana. Un documento que para muchos es imposible de obtener debido a la crisis política de su país y a la negativa de las autoridades venezolanas a facilitarlo.
“Para los venezolanos, hoy es muy difícil sacar estos documentos. Las autoridades venezolanas hacen el trámite muy engorroso y hemos tenido información de que en el mercado negro un pasaporte puede costar cerca de US$5.000, lo que es un costo muy, muy alto, más aún para una población como la venezolana”, asegura María Clara Robayo, investigadora del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.
¿Más restricción, menos migración?
Aunque el Gobierno colombiano ha intentado impulsar una solución regional que ayude a hacer frente a la crisis migratoria venezolana, decisiones unilaterales como las de Ecuador, Perú y Chile están lejos de apoyar esta iniciativa y pueden afectar en mayor medida a Colombia, que recibe el mayor número de migrantes y en donde, según el canciller Carlos Holmes Trujillo, la situación “ya desbordó desde hace varios meses la capacidad del Estado colombiano”. Según Trujillo, el plan de respuesta para la atención a venezolanos se encuentra desfinanciado en un 70 %.
“Yo creo que detrás de los visados está la idea desincentivar un poco la llegada masiva al Ecuador. Tengo la impresión de que cada vez que un país impone un visado es para mandar la señal de ‘no queremos que venga tanta gente’ o ‘queremos ponérsela un poco más difícil a aquellas personas que están intentando llegar’”, asegura Mauricio Jaramillo, profesor de la Universidad del Rosario.
Robayo coincide: “Medidas como esta no ponen un freno a la migración, pero sí hacen que el proceso migratorio se dé en condiciones más precarias, en donde el migrante está mucho más vulnerable ante el abuso de cualquier actor que quiera lucrarse, justamente por el desespero de las personas que no tienen los papeles y los requisitos para llegar a los países en los que desean establecerse”.
Pero ¿por qué es tan difícil establecer una respuesta conjunta? “La migración muchas veces está emparejada con el tema de seguridad nacional y hace parte del principio de soberanía de los gobiernos, por lo que es muy difícil lograr que un país se comprometa internacionalmente y comprometa sus políticas migratorias. Además, si lo miramos históricamente, la región ha tenido muy buenas iniciativas, pero no ha logrado concretar grandes acuerdos de integración”, asegura Robayo.
“La idea sería que los países se pusieran de acuerdo para sincronizar su postura en materia migratoria. Porque si un país actúa de manera unilateral, puede generar un efecto directo sobre el resto. Con la medida de Ecuador, ese flujo migratorio va a tender a redistribuirse entre los otros países y esto puede tener un eco regional en cuanto a las medidas de solicitud de visa, por ejemplo, por lo que es necesario que los países se sienten a hablar y a buscar acuerdos regionales”, reitera Jaramillo.
La dificultad está también en que para poder dar solución a la crisis es necesario el concurso y el diálogo con las autoridades venezolanas y con las autoridades migratorias, sobre todo para Colombia, que está recibiendo el mayor flujo de migrantes que, ante la dificultad de entrar a otros países, seguramente optarán por quedarse. Al respecto, Jaramillo asegura que “Colombia hizo una apuesta muy arriesgada porque, por un lado, se dedicó a aislar a Maduro y a apoyar los intentos de cambio abrupto, sin calcular que de pronto se podía quedar más de lo esperado. Entonces hoy el país tiene un gran impedimento y es que no puede participar como facilitador ni como mediador de una transición en Venezuela, pero sufre todos los efectos de la crisis venezolana. En ese sentido, Colombia perdió margen de acción y decisión en el tema migratorio”.
Cambio de gobierno, cambio de discurso
Lo cierto es que Ecuador, que durante el gobierno de Rafael Correa había impulsado una política migratoria que promulgaba el principio de “ciudadanía universal” y reconocía el derecho al libre tránsito y a la libre movilidad de todas las personas, ahora da un viraje con Lenín Moreno y se une a los otros países de la región, que empiezan a cerrar las puertas a la migración.
“La solución para detener la migración no son los muros ni las fronteras, es solidaridad, humanidad y crear condiciones de paz para todos los habitantes del planeta”, aseguraba Correa en su última intervención ante la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) como mandatario de Ecuador. Durante su gestión transformó la Constitución e incluyó la movilidad humana, eliminó las visas para ingresar al país y dejó sin efecto la exigencia del pasado judicial para la población colombiana, que era la que más migraba hacia Ecuador en ese período.
Pero Moreno, que llegó al poder con el programa ideológico del socialismo del siglo XXI, no ha hecho más que distanciarse de las posturas de su antecesor y ha retomado las políticas restrictivas para “regularizar la migración y aumentar el control sobre el rastreo de los migrantes”. Pese a las medidas implementadas por varios países de la región, todavía se espera que el flujo migratorio de venezolanos aumente.
“Hay un estudio de Consultores, que realizó una encuesta, que asegura que para el 2019 cuatro de cada 10 venezolanos planean salir del país. Esto significa que cerca de un 13,5 % de la población venezolana piensa dejar Venezuela este año. La cifra es superior a la migración que ya salió en estos últimos cuatro años del país”, asegura Robayo. Y mientras las organizaciones de derechos humanos le piden a Ecuador que facilite un corredor humanitario para que los migrantes puedan llegar a otros países de la región, Moreno prefiere implementar lo que llamó un “visado humanitario”.