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Sudáfrica se encuentra en una encrucijada. Se está librando una guerra dentro del partido gobernante, el Congreso Nacional Africano (ANC) que incluye también a las cortes del país. Mientras tanto, la institución principal destinada a combatir la corrupción se ha convertido en una pieza clave a favor de aquellos que quieren impedir los esfuerzos de reformar un estado corrupto.
Principalmente, la batalla está liderada por parte de aquellos relacionados con el ex presidente Jacob Zuma, también implicados en la “captura del estado” – el nombre que se le dio a la gran corrupción de los años de la presidencia de Zuma – incluyendo a personas en el liderazgo del ANC como el actual Secretario General, Ace Magashule y del partido de la oposición, los Luchadores por la Libertad Económica (EFF).
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La lucha es contra el actual presidente Cyril Ramaphosa y sus aliados, como el ministro de empresas públicas, Pravin Gordhan, y otros a quienes la gran mayoría percibe como personajes reformadores que han intentado limpiar el gobierno después de la década de la “captura del estado”. Las consecuencias sociales de la ultima década son graves – según los últimos datos del gobierno, el desempleo en el país por ejemplo se encuentra en el punto más alto desde 2008, con una tasa devastadora del 29%.
El ANC ha sido el partido gobernante a nivel nacional desde el principio de la democracia en Sudáfrica en 1994. Fundado en 1912, fue uno de los actores principales en la lucha contra el sistema del Apartheid en el país durante el siglo XX. Siempre han existido facciones dentro del partido pero el poder en el ANC generalmente ha sido bastante centralizado. Sin embargo las fracturas internas que vemos hoy día son de un tipo diferente en términos de la forma en que se están desarrollando, su profundidad, y sobre todo la manera en que están usando diferentes posiciones de poder dentro del partido y cómo enfrentan las entidades estatales una contra la otra.
Una institución en particular se ha vuelto central en esta batalla – la del “Protector Público”, cuyo objetivo es investigar y combatir la corrupción, sobre todo en el sector público y el gobierno, básicamente un tipo de defensor del pueblo a nivel nacional. Durante los años de Zuma, este puesto fue ocupado por Thuli Madonsela. Ella era vista como una funcionaria valiente e independiente que llevó a cabo investigaciones que sacaron a luz la corrupción en los más altos niveles del gobierno. También cuestionó al presidente Zuma directamente y no era raro ver en redes sociales imágenes de ella vestida de superhéroe por lo que dichas acciones representaban en el imaginario del público.
Al final del mandato de Zuma como presidente, se nombró una nueva Protectora Pública: Busisiwe Mkhwebane. Desde el principio, ya parecía que Mkhwebane tenía algo que ver con los planes de Zuma, incluyendo sus vínculos turbios con la agencia de seguridad del estado, por haber trabajado en la agencia misma.
Desde entonces Mkhwebane ha empezado varias investigaciones que beneficiarían directamente a la facción de Zuma y Magashule, incluyendo investigaciones dirigidas contra Ramaphosa y Gordhan. Sin embargo, una por una, las cortes sudafricanas están exponiendo los que podrían ser sus motivos.
Lo más grave para Mkhwebane hasta la fecha vino en julio cuando la corte constitucional (la más alta del país) confirmó la decisión de un juicio anterior contra Mkhwebane relacionado a una investigación de 2017 involucrando el Banco de Reserva de Sudáfrica, una de las instituciones “enemigas” de los aliados de Zuma en ese entonces.
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La corte constitucional dio un juicio condenatorio propio, determinando que en su rol como Protectora Pública ella había sido parcial, deshonesta y no había realizado su trabajo de manera ética. Además, aunque las personas en su posición generalmente están protegidas de órdenes que obliguen a incurrir en costos personales, la corte falló en su contra y demandó que ella se hiciera responsable de una parte de los costos del litigio por haber actuado de mala fe.
Aparte del hecho de que Mkhwebane engañó a la corte durante el curso del litigio, salieron a la luz otros hechos preocupantes. Por ejemplo, resulta que durante su investigación se reunió con Jacob Zuma y el ex ministro nacional de seguridad. No documentó las reuniones como se requiere normalmente; y se encontró un apunte del Mkhwebane de una de estas reuniones que decía "¿en dónde son vulnerables?", refiriéndose al Banco de Reserva de Sudáfrica. Hechos como estos simplemente refuerzan la idea de que la investigación fue un golpe político contra el banco.
No mucho antes de ese juicio, Mkhwebane publicó dos informes adicionales con hallazgos contra el presidente Ramaphosa y el ministro Gordhan. Ambos han cuestionado estos informes en las cortes. Gordhan ya ganó un interdicto provisional contra el primer informe. Entre otras cosas la juez dijo que las ordenes de Mkhwebane eran "vagas, contradictorias y sin sentido". El caso de Ramaphosa se verá pronto.
Aunque la protectora pública se ha debilitado, es poco probable que renuncie. Al parecer uno de sus objetivos es usar litigios interminables como herramienta de distracción. Destituirla requeriría un proceso político extremadamente complejo en el parlamento y no está claro si este proceso conseguirá los resultados que Ramaphosa necesita. Pero es una posibilidad, sobre todo con la gran probabilidad de más juicios en su contra. Queda claro que la facción de Zuma intentará todo para ganar esta batalla y los resultados determinarán mucho sobre el futuro de Sudáfrica, y conllevarán a que la nación entera sufra mientras la guerra continúe.
*Politólogo sudafricano con maestría de la Universidad de Oxford. Becario de Social Change Initiative, una fundación con sede en Irlanda del Norte
Por Dustin Kramer*
