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El Banco de Desarrollo de América Latina —conocido anteriormente como Corporación Andina de Fomento (CAF)— es una de las instituciones financieras multilaterales más importantes para la región. Para ponerlo en perspectiva, hace cinco años, mientras el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) prestaba US$14.000 millones para toda la región, el CAF prestaba US$12.000. Guardadas las proporciones, esta institución tiene una jerarquía similar a la del BID, aunque su equipo de funcionarios es mucho más reducido.
El año pasado, el CAF aprobó préstamos por US$14.000 millones en recursos que se destinaron para atender la pandemia. Esto, sin duda, hace que el CAF sea una institución de gran relevancia en el hemisferio y por eso lo que ocurre allí es muy importante.
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En octubre de 2019, Alejandra Claros Borda, quien trabajó por más de cinco años como analista política y coordinadora de secretaría en el banco, le remitió una denuncia al Comité de Integridad ética del CAF porque el secretario general, Víctor Rico, quien es boliviano al igual que ella, le pidió dos favores que incurrían en una conducta inmoral por uso abusivo del poder. Uno de estos era mediar ante la justicia boliviana para que favoreciera a su cuñado, acusado por corrupción en la Alcaldía de Cochabamba, pues ella conocía a Evo Morales porque fue jefa de su gabinete.
El otro favor era cambiar los detalles de un informe sobre Bolivia para indicar que hubo un fraude en las elecciones en ese país. Claros se negó a esto, pues la auditoría de este proceso no había terminado. Rico, cuenta Claros, le insinuó que estaba poniendo en riesgo la colegiatura de su hijo, pues el CAF pagaba por estos servicios.
Cuando Claros se negó a hacerles estos favores comenzó a ser víctima de acoso en la institución por parte de Rico y Ana María San Juan, directora de su área. Luego de entregar la carta informando este episodio, Claros fue atacada por Elvira Lupo, encargada de Recursos Humanos y directora de administración. Lupo le dijo a Claros, según su testimonio, que había llegado al CAF solo por su relación con Morales y manifestó su satisfacción con el ascenso de Jeanine Áñez al poder, tras la crisis política, pues los “masistas (seguidores del Movimiento al Socialismo, partido de Morales) deberían ser perseguidos como ratas”. Acto seguido, le sugirió que debía renunciar.
El acoso se incrementó cada vez más. En noviembre, Claros se presentó ante el Comité de Ética y Rico confesó que había pedido esos favores para interceder a su favor pensando que se los haría porque ambos eran bolivianos. Luego de esto, Claros recibió una llamada de Recursos Humanos en la que pensó que le darían el resultado de la reunión del comité, pero en lugar de esto se le informó que debía renunciar a la institución. Claros señaló que esta decisión la ponía en riesgo: se quedaba sin sustento económico y además no podía regresar a su país debido a la persecución que se presentaba contra los aliados de Morales en ese momento. Por esto pidió un tiempo hasta que resolviera su situación, pero no se lo dieron. La solicitud era para cumplimiento inmediato y fue una orden del presidente ejecutivo y de Lupo, le informaron.
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“A mí no me permitieron ni recoger las fotos de mi hijo que estaban puestas en mi lugar de trabajo, y eso ha pasado también con otras personas”, le contó a El Espectador.
Claros pidió un día más para despedirse de sus compañeros y que estos no pensaran que se marchaba por haber cometido un delito. Tampoco se lo dieron. Le comunicaron que sus credenciales de acceso habían sido retiradas y que debía decidir si salía con “una renuncia dignamente” o escoltada por el personal de seguridad. Fue coaccionada a firmar su renuncia, su liquidación y un acuerdo de confidencialidad en el que no podía expresar nada de lo que había pasado dentro del CAF. A Claros le dio un ataque nervioso tras este episodio. Como es abogada, esperó a que se le pasara el shock emocional para presentar acciones legales, pero luego de esto vino la pandemia, y su denuncia tuvo que esperar de nuevo.
La denuncia de Claros de maltrato y abuso en el CAF no es la única. Desde 2017 se han retirado aproximadamente cien funcionarios, la mayoría con renuncias supuestamente voluntarias. Pero en estas podría ocultarse también una estrategia de hostigamiento similar a la que se cometió contra Claros para obligar a los empleados a renunciar. Así como Claros, varios exempleados han emitido cartas denunciando el mismo tratamiento.
En una de los documentos a los que tuvo acceso El Espectador se lee la denuncia de un hombre que, al igual que Claros, se enfrentó a un limbo económico y familiar, pues se le indicó, tras ser coaccionado a renunciar, que debía salir del país donde estaba en un breve plazo de tiempo. La serie de denuncias, cabe destacar, son puestas en su mayoría por mujeres. En otra carta se lee la denuncia de una mujer a la que se le pidió interferir en las funciones de auditoría para utilizarlas como arma contra determinados funcionarios.
Pero quizá el caso de más renombre es el de Ricardo Sigwald, exconsultor jurídico de la CAF, que fue despedido tras recomendar que no se le aprobara un crédito a Venezuela debido a la situación institucional desfavorable que se presentaba en ese país. Según fuentes relacionadas con el caso, no había garantías de que el organismo recuperara los fondos otorgados, por lo que Sigwald solo estaba protegiendo los intereses del banco. El despido le causó a Sigwald un profundo dolor que afectó su estado de salud y murió en octubre de 2020 por complicaciones relacionadas con el COVID-19.
“Lo hacen con todos. Cuando hablé con la gente empecé a ver que todos salían de la misma manera: obligados a renunciar. Hubo una decisión de un grupo de funcionarios que no estamos buscando un tema económico sino que es un tema de derechos y respeto a las personas y por el amor que le tenemos a esa institución, que pertenece a todos los latinoamericanos y con el que se ayudaba al desarrollo de los países. Lo que han hecho ellos es dañar la vida de las personas, sus carreras y mantenerlas en un sufrimiento. La gente no puede ni despedirse de sus compañeros”, dijo Claros.
El problema parece haber nacido con la llegada del actual presidente del CAF, el peruano Luis Carranza, quien reemplazó a Luis Enrique García. Con él llegaron cambios importantes que han llevado a una mala conducta interna en este organismo multilateral. Aunque es lógico que una nueva administración cambie a sus empleados, siempre se había hecho bajo los criterios de la decencia y el buen manejo, pero las amenazas comunicadas para forzar las renuncias por negarse a realizar acciones poco éticas son preocupantes.
Las denuncias de Claros adquirieron mayor relevancia a finales de febrero, cuando el expresidente Morales difundió su carta en Twitter, recibiendo la respuesta de aliados como Rafael Correa. Por primera vez en la historia, el directorio del CAF tuvo que solicitar una comisión independiente para examinar las irregularidades internas del organismo. Y todo este escándalo es especialmente preocupante para el presidente Carranza, quien buscaba la reelección en las elecciones del CAF de este año, pues Rico y Lupo, involucrados en las denuncias, son su mano derecha e izquierda.
Con la polémica de por medio, la carrera por este cargo tan apetecido, pues maneja mucho dinero y múltiples proyectos de desarrollo, queda abierta de nuevo. Llama la atención que Colombia, según una fuente que permanece en el anonimato, no ha sido incisiva en el examen de estas denuncias como sí lo han sido los gobiernos de Bolivia y Argentina.
“El ministro [Alberto] Carrasquilla fue colega de Carranza y hay un vínculo entre los dos, además de una cercanía de Colombia con la gestión del presidente. También puede haber un interés de que un colombiano ocupe su cargo”, señala la fuente.
También hay que tener en cuenta que dentro de poco Ecuador celebrará elecciones presidenciales, al igual que Perú, y estos cambios podrían pesar en la elección del presidente del Banco.
“Las organizaciones multilaterales deben ser faros de la moral y ética pública a escala regional y global”, dicen los denunciantes. Este tipo de conductas no tienen lugar en ninguna empresa, mucho menos en una organización como el CAF, donde, a pesar de que las labores principales continúan viento en popa, la institucionalidad interna está fallando.
“Las personas tienen derecho a salir de su trabajo sin hostigamiento”, concluye Claros. El Espectador intentó contactarse con los representantes del CAF, pero no recibió respuesta.